Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El arzobispo José Luis Chávez Botello se quejó que desde hace seis años la Arquidiócesis ha sido calumniada y difamada por el presunto caso de pederastia del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, quien perteneció al presbiterio y ahora enfrenta un proceso penal que aún no concluye.
Resaltó que han sido categórico al afirmar que nadie tiene derecho a dañar la integridad y la vida de las niñas, niños y adolescentes, razón por la cual “condenamos enérgicamente la pederastia”.
En clara alusión al cura Apolonio Merino Hernández que denunció que fue suspendido de sus funciones sacerdotales por denunciar el caso de pederastia, el purpurado consideró que nadie tiene el derecho a dañar la honorabilidad y la buena fama de las personas y de las instituciones, desinformando y falseando la verdad, porque con la misma energía condeno la “mentira”.
Y es que el presbítero Apolonio Merino Hernández y el diácono Ángel Noguera Nieto, denunciaron que fueron suspendidos por no ocultar el caso de pederastia cometido por el Padre Gerardo Silvestre Hernández, quien fue detenido el 29 de noviembre de 2013 por el presunto abuso sexual de 45 niños indígenas.
Merino Hernández declaró que el pasado 7 de agosto fue notificado que quedó suspendido de sus funciones sacerdotales al tiempo que fue amenazado que si hacia algún escándalo público ventilarían que violó el celibato al formar su propia familia y de prefabricarle un delito por el supuesto abuso sexual a una mujer.
Antes de que le notificaron su “destierro” de la Arquidiócesis le ofrecieron darle una mesada de ocho mil pesos para que tenga un apoyo y tenga una “vida digna”; sin embargo, el sacerdote decidió no callar este nuevo atropello de la Iglesia Católica porque por encima de su seguridad está la justicia para los niños indígenas que fueron abusados sexualmente.
En respuesta a esta denuncia, el Arzobispo manifestó, a través de un comunicado, que “toda persona que tenga conocimiento o que haya sido víctima de hechos constitutivos de delitos tiene el deber y la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes. Es bien sabido que corresponde al Ministerio Público investigar, perseguir y castigar de los delitos; y a la autoridad judicial juzgar y sentenciar de acuerdo a la verdad histórica y a la razón jurídica”.
Para sacudirse cualquier sospecha de “protección”, dijo que son “respetuosos de las investigaciones, procedimientos, tiempos y formas que integran los procesos, y en cuanto ha sido necesario, hemos colaborado y coadyuvado en el desarrollo de todo lo que nos compete, como le consta a las autoridades implicadas”.
Aunque hizo un reconocimiento a los medios de comunicación, también los cuestionó porque “continuamente se repiten y actualizan supuestos hechos que todavía no han sido valorados a través de una sentencia, la cual nos preocupa, pues ha provocado que no pocos hayan utilizado el tema para alimentar el morbo y atacar a la Iglesia”.
Respecto a sus decisiones, agregó, que “cuando se comprueban faltas graves, en fidelidad a nuestra legislación canónica, he tenido que tomar decisiones para un mejor cumplimiento de nuestra misión y que no estoy obligado a difundir públicamente por el bien de las personas y de la Iglesia”.
Y todavía fue mas allá al manifestar que “si las autoridades eclesiásticas o civiles, me lo solicitan, con gusto y a través de las instancias competentes haré llegar toda la información necesaria y suficiente para despejar cualquier duda”.
La realidad es que a casi dos años de la detención del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de pederasta en San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y en Villa Alta, no se le ha dictado sentencia.
El ex párroco de Santa María Ozolotepec fue aprehendido el 29 de noviembre de 2013 en Tlaxiaco, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juzgado VII de lo Penal, según consta en el expediente penal 140/2013 por el delito de corrupción de personas menores de 18 años.
Posteriormente, el Juzgado Séptimo de lo Penal dictó el auto de formal prisión a Silvestre Hernández, también ex párroco en San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta; sin embargo, es la fecha en que el Poder Judicial no le ha dictado sentencia.
Ni tampoco el Arzobispo ha dado una disculpa pública ni existe la reparación del daño cometido a unas 45 personas que en el 2009 tenían entre 11 y 13 años.
