Jaime GUERRERO
OAXACA, (página3.mx).- La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de la LXIII Legislatura, Eva Diego Cruz, presentó iniciativa de reforma constitucional para darle mayor autonomía al órgano fiscalizador en Oaxaca y poner en marcha el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, para que los servidores públicos que no ejerzan con honradez los recursos públicos tengan sanciones pecuniarias, administrativas y hasta penales.
En tribuna dijo que la finalidad es crear instituciones en materia de combate a la corrupción, entre ellas, fiscalías especializadas y otras, como los Tribunales Administrativos y de Rendición de Cuentas y las Auditorias Superiores de los Estados, se les confieren mayores atribuciones, para investigar, sancionar y promover acciones penales por las conductas ilícitas que causan daño a las haciendas públicas estatal y las municipales.
Detalló que con la reforma, se pretende dotar a la Auditoría Superior del Estado, de los instrumentos jurídicos necesarios y eliminar los candados que no permitían que las cuentas públicas fueran examinadas a plenitud, generando un estado opaco, con poca rendición de cuentas y con pocas sanciones a servidores públicos incumplidos e ineficaces en la función pública.
La iniciativa busca modificar los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 65 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Así como para reformar el quinto párrafo del mismo artículo; el primero, segundo y tercer párrafo de la fracción I y la fracción IV, detalló la legisladora local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Diego Cruz, destacó que a la Auditoría Superior del Estado se le confieren mayores atribuciones, para investigar, sancionar y promover acciones penales por las conductas ilícitas que causan daño a las haciendas públicas estatal y las municipales.
“El Congreso del Estado, tiene que alinear la Constitución local a la Constitución General de la República y otorgarle mayores atribuciones a la Auditoria Superior del Estado, reguladas en el artículo 65 BIS de nuestra Constitución”, dijo.
La diputada perredista puntualizó que el Congreso local tiene que ser promotor de la transparencia y de la rendición de cuentas de todos los entes públicos.
Diego Cruz, explicó que con la reforma, se pretende dotar a la Auditoría, de los instrumentos jurídicos necesarios y eliminar los candados que no permitían que las cuentas públicas fueran examinadas a plenitud, generando un estado opaco, con poca rendición de cuentas y con pocas sanciones a servidores públicos incumplidos e ineficaces en la función pública.
“En lo sucesivo, para los servidores públicos que no ejerzan con honradez los recursos públicos tendrán sanciones pecuniarias, administrativas y hasta penales, porque ese es el espíritu de la reforma que propongo”, subrayó.
Destacó que con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2015, se creó un sistema nacional anticorrupción.
“Y hoy con la reforma Constitucional se busca fortalecer el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en las funciones de fiscalización y alinear las disposiciones de nuestra Constitución local con la Federal”, reiteró.
Detalló que con la reforma al artículo 65 BIS de la Constitución local se pretende eliminar los principios de la fiscalización relativos a la anualidad y posteridad, ya que estos son candados que solo permitían un año de fiscalización, y que limitan las facultades del órgano de fiscalización superior del Estado, en el año que transcurría.
Asimismo, -explicó- que se precisan los instrumentos jurídicos que facultan a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para requerir documentos e información a los entes públicos fiscalizables sin límite de tiempo, pues de esta forma, se puede dar respuesta a las denuncias ciudadanas por malos manejos en las contrataciones, adquisiciones de bienes y servicios públicos, de obra pública y otros que tengan impacto en la hacienda pública estatal o municipal y sus respectivos patrimonios.
La perredista manifestó que con la propuesta, se da total vigencia a la autonomía constitucional de la Auditoría Superior del Estado, ya que con las modificaciones que se proponen al actual texto del artículo 65 BIS, se fortalece y robustece la autonomía técnica y de gestión que le dio origen a este órgano de fiscalización superior local, pues, así administrado de manera autónoma y sin depender de otro poder público, se guarda el equilibrio de los poderes clásicos.
