Diana Manzo
Unión Hidalgo, Oax.- El juez undécimo de distrito en materia administrativa de la ciudad de México ordenó de inmediato la reconstrucción total de la Escuela Secundaria Técnica numero 33 ubicada en el municipio de Unión Hidalgo, que se afectó severamente durante el terremoto del 7 de septiembre del año pasado.
Este dictamen se dio en el marco de que padres de familia promovieron un amparo en el mes de abril donde manifestaban que autoridades tanto federales, estatales y locales violentaron los derechos constitucionales a una educación de calidad de más de 400 estudiantes, al no reconstruir en tiempo y forma las aulas.
“Procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, adopten las medidas necesarias para que se garantice el derecho a la educación de
calidad previsto en el artículo 3° de la Constitución», precisó el juez.
El terremoto del 7 de septiembre dejó 12 aulas colapsadas, sin embargo ha existido una lenta intervención de autoridades encabezadas por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física y Educativa (Iosifed) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (Inifed).
En consecuencia, el juez ordenó que mientras duren los trabajos de reconstrucción, las autoridades deben garantizar que las aulas provisionales para los menores, se encuentren en óptimas condiciones para impartir las clases conforme a los planes y programas correspondientes y en los horarios en que los jóvenes acudían cotidianamente antes del terremoto.
“En el mes de febrero, las autoridades de Iosifed les hicieron la entrega de 12 aulas provisionales las cuales fueron construidas en el espacio donde derribaron las cinco aulas dañadas, pero fue imposible dar clases debido a que eran muy pequeñas y el calor es intenso en esta zona, y por otro lado no eran seguros, pues 2 de los refugios sufrieron daños por los fuertes vientos registrados en el mes de marzo, por eso emprendimos esta lucha legal, en ese entonces como integrantes del comité de padres de familia”, informó Edgar Martín Regalado.
Explicó que además de la falta de escuela, los estudiantes también perdieron sus viviendas, entonces eran doblemente vulnerados sus derechos.
“Junto con Flor de María Fuentes Ordaz y Elva Carrasco Cruz, padres de familia y además representantes del comité de padres de familia de la institución en ese entonces solicitamos ese amparo y que hoy se ganó como un triunfo colectivo por el bienestar de la educación de nuestros hijos, lo único que deseamos es que la reconstrucción se de prontamente, porque los estudiantes siguen tomando clases en espacios provisionales por la lenta reconstrucción”, indicó.
El juez señaló en su sentencia que aunque las autoridades ordenaron instalar 12 aulas provisionales para que los alumnos tomen clases, éstas no están en condiciones óptimas de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.
