CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El magistrado Francisco José Huber Olea Contró, quien sentenció al periodista Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, afirmó que solo se constriñó a aplicar la ley conforme a su saber y capacidad.
Y confió en que “en caso de existir algún error en la labor ejercida, se rectifique en beneficio de quien la justicia estime necesario amparar”.
En una carta enviada al periodista Federico Arreola, Huber Olea se describió como un “demócrata por convicción” y un respetuoso de los derechos humanos. Por ello, señaló, está convencido de que la libertad de expresión “debe ser absoluta”.
“Desde mi perspectiva, de ninguna forma se debería condenar una opinión periodística, por estimar que tal circunstancia podría vulnerar un derecho tan esencial como la libertad de expresión.
“Sin embargo, en la actualidad, tal proceder es el que se ha establecido conforme a los criterios emitidos por nuestros Más Altos Tribunales, y con base en dichas pautas, fue que se dictó la sentencia motivo de controversia”, subrayó el magistrado.
Aseguró que, si se equivocó, se lo hagan saber otras instancias judiciales. “Lo aceptaré como es mi obligación y usaré los criterios que se establezcan en futuras ocasiones”, abundó.
Huber Olea expresó su confianza en que “en un futuro cercano” la Suprema Corte de la Nación y los órganos legislativos provean a los magistrados de “criterios y leyes firmes, claras y contundentes” y que los faculten como juzgadores para aplicarlos “asegurando así la máxima protección a la libertad de expresión y a los periodistas, sin que sus opiniones y labores estén condicionadas a una debida defensa que pueda hacerse valer en juicio”.
El caso, un parteaguas
Confió en que el caso de Sergio Aguayo constituya un parteaguas que permita emitir criterios que favorezcan a la protección de los periodistas y dote a los juzgadores de todas las armas necesarias para proteger sus derechos, sin que los periodistas deban acudir con abogados “que muchas veces, dijo, no cuentan con los conocimientos suficientes para la defensa de sus intereses, al no poder cubrir los honorarios de litigantes especializados.
“De ninguna forma los periodistas deben estar sujetos a defensas legales sofisticadas, o los juzgadores locales a la aplicación de criterios limitados”, sostuvo el magistrado.
Huber Olea reiteró que los juzgadores están obligados a basar sus decisiones únicamente en lo asentado en el expediente conformado por los “actos derivados de la pericia o impericia de los abogados a cuyo cargo de encuentra el asunto”.
Sobre el caso en concreto, el magistrado refirió que, contrario a lo manifestado en días recientes, Sergio Aguayo no ha cubierto la garantía que la ley exige para suspender la ejecución de la sentencia que lo obliga a pagar 10 millones de pesos al exgobernador coahuilense, “no obstante que se ha dicho que ya se hizo”.
