Jaime GUERRERO
La Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca continúa con las indagatorias y está por determinar si ejecuta acción penal contra Alberto Vargas Varela, ex titular de la Secretaría de Administración del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo.
Por ejercicio indebido de funciones y el peculado de más de 509 millones de pesos, en la ejecución del proyecto “Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca”, mejor conocido como SITyBUS.
La denuncia fue presentada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el 26 de diciembre de 2018.
En 2014 se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para ese proyecto y con fecha 3 de noviembre de 2014 se celebró el convenio para el otorgamiento del subsidio por parte del Gobierno Federal.
Por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por otra parte el Gobierno del Oaxaca, con cargo a los proyectos previstos en el Ramo general 23 Provisiones Salariales y Económicas para la realización de los proyectos de Desarrollo Regional.
Se otorgaron 466 millones 970 mil 395 pesos.
Posteriormente la Secretaría de Finanzas, en ese entonces a cargo de Gerardo Cajiga Estrada, autorizó el recurso correspondiente al ramo general 23 Provisiones Salariares y Económicas.
Así, el Gobierno de Cué Monteagudo, a través de la Secretaría de Administración, conjuntamente con la Secretaría de Vialidad y Transporte, implementó el Sistema de Transporte Integrado (S.I.T.).
Se ejecutó a través del proyecto “apoyo a la movilidad urbana y renovación del parque vehicular en oaxaca”, ( CITYBUS).
Derivándose en el Contrato de Obra Pública COP-SA-DA-LP-009/2014, por monto de 509 millones 181 mil 740.98 pesos, de fecha 29 de diciembre de 2014.
En el contrato se plasmó un plazo de ejecución de 426 días para la realización de la obra, iniciando el día 5 de enero del 2015.
La obra se otorgó mediante licitación pública, y se la adjudicó a la empresa “GAMI, INGENIERÍA E INSTALACIONES S.A. DE C.V”.
Asimismo, para la supervisión de la obra se contrató a otra empresa, adjudicándosela a la empresa “SUPERVISION DE OBRA, CAMINOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.” y para comprar las Unidades Móviles se contrató a la Empresa “DINA CAMIONES S.A. DE C.V.”.
Irregularidades
De las observaciones que se realizaron se determinó que respecto del fallo que se emitió a favor de licitante al que se le adjudicó la obra “GAMI, Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V”., fue arbitrario.
Debido a que la empresa GAMI, Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V”, incumplió con toda la documentación solicitada en la convocatoria, en las bases de licitación y términos de referencia, lo cual constituye una causal de descalificación.
Entre la documentación faltante se encuentran los planos y croquis, tampoco cuenta con información adicional que la Secretaría de Administración no acredita haberla proporcionado.
Al revisar el expediente de ejecución de los trabajos referentes a la Obra Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca”, no se establecieron los mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realización de los trabajos a efecto de que el contratista cumplieras con lo estipulado en el contrato.
Principalmente en el Proyecto ejecutivo, alcance, especificaciones particulares de la construcción; como las estaciones de las cabeceras, patios y terminales, por lo que no se tiene establecida la calidad de los materiales requeridos y los procedimientos constructivos.
Como parte del trabajo de realización de obra, fueron compradas 43 unidades de transporte las cuales son 38 autobuses DINA 2016 linier y 5 minibuses con capacidad para 34 o 40 personas.
Unidades que se reguardaron en el Almacén General de Gobierno del Estado de Oaxaca, los cuales están deteriorándose debido a que todavía no se encuentra en función la obra.
No se siguieron con los requisitos para vigilar, controlar y supervisar la realización de los trabajos correspondientes a la obra Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca.
Incluso debido a esa situación, se presentaron 4 convenios de diferimiento, de suspensión de la obra, de los cuales dos devienen por falta de la entrega de anticipo de pago para la relación de la obra, por lo que la obra fue suspendida durante esos periodos.
De la misma forma se detectó que se estableció un convenio modificatorio de Ampliación de Monto al contrato de Obra Pública a Precio Alzado y tiempo determinado No. COP-SA- DA-LP-009/2014/CMO1, en el cual se estableció un INCREMENTO DEL CONTRATO original, por la cantidad de 49 millones 47 mil 360.13 pesos.
Contraviendo lo establecido en el artículo 230 del Reglamento de la Ley de Obras Publica y Servicios Relacionados con las Mismas, debido a que no existe un ningún “DICTAMEN TÉCNICO”, en el que se funde y motive las causas que originan el incremento en el momento, lo cual es indispensable.
También existió omisión de la responsabilidad que tenía la empresa “SUPERVISIÓN DE OBRA, CAMINOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V”., la cual tenía la función de Supervisión Externa de la Obra Pública.
Actualmente están imputados Vargas Varela y Pablo Negrete, Director Administrativo de Administraciónm, quien realizó un dictamen a la licitación 10/2014, así como el contrato de adquisición 10/2014, sin contar con las facultades para celebrar dichos actos.
Ambos autorizaron el pago en favor de la empresa GAMI por concepto de ejecución de obra, misma que hasta el momento no ha sido concluida e incluso en algunos tramos, ni siquiera iniciada.
Pablo Negrete realizó diversos actos sin contar con facultades para hacerlo y colaboró en la distracción del objeto del dinero, perteneciente al Estado, recibido por la Secretaría para la que laboró.
Pues luego de apoyarse con la realización de los actos indebidos, autorizó las facturas para el pago de la obra, misma que hasta el momento no ha sido concluida e incluso en algunos tramos, ni siquiera iniciada.
Rafael Paz Sánchez, Gami Superintendente de Obra colaboró en el desvío de recursos públicos, realizó diversa documentación respecto a resultados inexistentes, como lo es la terminación al 100% de la ejecución de la obra, la elaboración de las estimaciones para pago.
Entre la responsabilidad detectada a Gami, son diversos actos por distintos empleados que dejan ver la participación de múltiples personas para lograr el cobro de una obra no ejecutada.
