Exigen al dirigente Eloy López cambio urgente en el comité seccional. Se quejaron que a 15 años de la represión no hay castigo a Ulises Ruiz y a sus cómplices. El caso se encuentra en la Corte Penal Internacional porque dejó 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentada y dos eperristas desaparecidos.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- A 15 años del desalojo fallido contra el magisterio, las diferencias internas en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educción (SNTE) salen a las calles al colocar una lona donde piden aplicar el principio rector 20 a los “traidores” que han pactado con el gobierno y vendieron el movimiento al mejor postor.
Mientras que la dirigencia de la Sección 22 encabezada por Eloy López Hernández realizó una marcha representativa con motivo del 15 aniversario del desalojo fallido en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz que a partir del 14 de junio de 2006 al 2007 provocó un conflicto socio político que derivó en delitos de lesa humanidad, razón por la que el caso se encuentra en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.El informe que se encuentra en la CPI refiere sobre delitos de lesa humanidad que incluye 30 ejecuciones extrajudiciales (entre ellas la del periodista estadunidense Bradley Roland Will), 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentada y comprobada, así como la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La marcha salió de la Fuente de las Ocho Regiones al zócalo capitalino; sin embargo, en el trayecto fue colocada una lona monumental donde tachan al dirigente Eloy López Hernández y su comitiva de ser el grupo de los “pozoleros que venden la Sección 22 al mejor postor” y le exigen relevo seccional urgente al tiempo que advierten que “la base castigará a los traidores” que aceptaron prebendas del gobierno.
En vísperas de la jornada electoral, los grupos antagónicos del magisterio exhibieron sus diferencias al denunciar que Eloy López y su comité no han convocado al cambio de dirigencia por preferir colocar candidatos a presidencias municipales y diputaciones.
Al referirse a la fecha del 14 de junio, emitieron un pronunciamiento para señalar la evidente impunidad que persiste para castigar a Ulises Ruiz Ortiz y sus secuaces responsables de los hechos de tortura, desapariciones extrajudiciales, muertos, heridos, una constante persecución y violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca durante el 2006, por lo que la Sección XXII demandó cárcel para los asesinos.
Mencionaron que “desde un claro paramilitarismo, acciones con detenciones ilegales, torturas y de persecución, Ulises Ruiz utilizó a sus serviles para poner en marcha a las llamadas caravanas de la muerte las cuales desde la clandestinidad asesinaron a nuestros compañeros organizados desde cada trinchera de lucha”.
Recordaron que “el acto hostil para acabar con el movimiento social tras la intromisión de la Policía Estatal al zócalo de la resistencia, y posteriormente de la Policía Federal con el aval de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, dieron muestra de la complicidad de los gobiernos para callar la protesta social justa y organizada”.
Señalaron “que hasta el momento el cadáver político de Ulises Ruiz Ortiz sigue libre, buscando su reivindicación desde un partido que está sepultado”.
Luego de recordar a los caídos durante la revuelta:
- Arcadio Fabián Hernández,
- Eleuterio José Jiménez Colmenares,
- Lorenzo Sampablo Cervantes,
- Alejandro García Hernández,
- Emilio Alonso Fabián,
- Esteban López Zurita,
- Bradley Roland Will,
- Raúl Marcial Pérez, y
- Alberto Jorge López Bernal,
corearon “¡Justicia!”.
Finalmente exigieron al Gobierno de la República castigo para el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y sus cómplices:
- Evencio Nicolás Martínez Ramírez,
- Lizbeth Caña Cadeza,
- Eviel Pérez Magaña,
- Miguel Ángel Ortega Habib,
- Sergio Segreste Ríos,
- Daniel Camarena Flores,
- Héctor Pablo Ramírez,
- Heliodoro Díaz,
- Jorge Franco Vargas,
- Manuel Moreno Rivas,
- Bulmaro Rito,
- Mercedes Rojas y
- José Vera Salinas.
Cabe recordar que 2019 se entregó en la Corte Internacional el documento sobre la represión gubernamental contra el magisterio y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) donde se mencionan los agravios y estragos perpetrados por el exgobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, que siguen vigentes y se enmarcan en un modelo de intervención violenta y sistemática del Estado para reprimir la protesta social.
Las pruebas y testimoniales que integran el expediente forman parte de un reporte que en su momento no fue hecho público por la Comisión de la Verdad de Oaxaca.
Hay que recordar que el 14 de junio de 2006, la Policía Estatal -por órdenes del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz- ordenó desalojar al magisterio que se mantenía en el zócalo capitalino y calles aledañas.
Esto motivó a la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Tras 15 años de los hechos, las violaciones a los derechos humanos siguen impunes.
