Cinco radios comunitarias de la Amarc, entre ellas Radio Xalli de Palmar de Bravo, Puebla, podrían perder su concesión pues por huecos y confusiones en la ley federal de telecomunicaciones su permiso para transmitir terminaría en febrero del 2022
Por: Aranzazú Ayala Martínez | Foto de portada: Martina Žoldoš | Lado B
Radio Xalli de Palmar de Bravo lleva más de diez años informando en la comunidad de San Miguel Xaltepec, en el centro del estado, pero su existencia pende de un hilo pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría retirarles la concesión para transmitir en FM.
La falta de asesoría jurídica, así como la opacidad y confusión en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a partir de la reforma de 2017, son las principales causas de que Radio Xalli y otras radios comunitarias —Radio Evolución de Otumba, Radio Aro, Radio Tepoztlán y Radio Tierra y Libertad, todas integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc)— estén en este punto crítico.
Al solicitar la ampliación de sus concesiones para poder transmitir de manera formal dentro del espectro radiofónico, en los tiempos establecidos legalmente, que contemplan hacerlo cerca de un año antes del vencimiento del permiso, el IFT respondió que la petición era extemporánea: esto significaría que después de febrero de 2022 las radios quedarían silenciadas.
En entrevista para LADO B, Héctor Camero, representante de la Amarc México y director de la Radio Tierra y Libertad en Monterrey, dijo que de acuerdo con el título de permiso original que obtuvieron las emisoras en 2010, tendrían que presentar la ampliación de la concesión con un año de anticipación a su vencimiento.
Sin embargo, la Ley Federal de Telecomunicaciones, que fue modificada hace cuatro años, establece en el artículo 114 que ahora la prórroga se habrá de solicitar durante la última quinta parte del año previo del periodo de vigencia, explica Camero. Esto implicaría que las radios debían haber solicitado la renovación dos años y medio antes del vencimiento y no uno antes, como tenían entendido.
El problema aquí ha sido que, ya que para las radios es complicado tener acompañamiento legal —pues la Amarc, dijo Camero, tiene un sólo abogado que apoya a 60 colectivos de comunicadores y comunicadoras populares—, la reforma en la ley no fue de su conocimiento.
Una ley confusa y ambigua
Además de la opacidad en la reforma de la ley, la respuesta del IFT, que argumentó que esta solicitud estaba hecha fuera de tiempo, responde a una ambigüedad y términos confusos del artículo 114 dentro de la misma ley, dijo Camero.
“Está redactado [el artículo] en términos muy ambiguos, y además bastante arbitrarios porque ya no se refiere a que la solicitud de renovación se haga un año previo al término de la concesión, como fue durante muchos años”.
El artículo citado está, efectivamente, redactado de manera vaga, y dice así:
“Para el otorgamiento de las prórrogas de concesiones de bandas de frecuencias o de recursos orbitales, será necesario que el concesionario la solicite al Instituto dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión, se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y demás disposiciones aplicables, así como en su título de concesión”.
Se puede apreciar que dicho artículo establece un plazo para presentar la solicitud de prórroga, mismo que no está claramente determinado, es decir, para conocer el plazo, es necesario realizar una operación aritmética, así como determinar el año previo para su oportuna presentación, dijo Camero. ”.
Las desigualdades y el abuso de autoridad: Ellos siempre ganan
Para el representante de la Amarc todo esto evidencia también desigualdades dentro de las leyes, pues las radios comunitarias (al igual que radios públicas sin fines de lucro) siguen quedando en una situación muy precaria, ya que las concesiones que se les otorgaron fueron de diez y no de 15 años, además de que fueron aprobadas con una potencia mínima para transmitir.
En 2018 se hizo un decreto modificatorio de la ley, debido a estos términos confusos, que amparó a las radios en ese momento, pudiendo obtener mayor potencia para la transmisión y concesiones más amplias, pero esto estuvo sujeto a este trabajo legislativo y al decreto específico.
“Lo que nos podría beneficiar, que era ampliar plazo de la vigencia [de la concesión] y aumentar la potencia, no nos lo conceden, y a cambio nos dejan esta exigencia de haber presentado con dos años y medio de anticipación la renovación. ¿Por qué si están viendo desde hace años que las radios están cayendo en este vacío legal lo dejan como una trampa jurídica?”, se cuestionó el director de la radio comunitaria regiomontana.
Asimismo, agregó que, en términos legales, aunque existe el principio pro persona que permite que cuando hay términos confusos en la ley se aplique el artículo que sea más benéfico para la persona demandante, el IFT no hizo eso con las radios comunitarias.
Las emisoras ya intentaron conocer si la resolución federal puede ser revocada, pero les informaron que la decisión ya está tomada de manera irreversible por el pleno, así que su solicitud para que se reconsidere está resuelta en su contra.
Una opción más sería interponer un amparo pero, de acuerdo con Camero, el mismo titular de la unidad de concesiones del IFT les dijo que lo van a perder, porque ellos (las autoridades) siempre los ganan. Las organizaciones de las radios están evaluando si utilizarán dicho recurso.
Un escenario complejo
Desde la semana pasada integrantes de la Amarc se han movilizado para tratar de no perder los permisos de transmisión, e incluso llegaron a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Si bien el IFT es un órgano autónomo, el respaldo del Ejecutivo Federal podría incidir para que los legisladores y legisladoras sensibles al tema ayuden a corregir el vacío legal en el que están cayendo las radios más vulnerables, es decir, las no lucrativas, como las comunitarias, indígenas y públicas.
Las cinco emisoras afectadas de la Amarc están buscando reuniones con legisladores y legisladoras federales para ver si pueden pedir un decreto como el del 2018 y no perder los permisos.
Para Camero y las demás radios, la decisión del IFT no sólo afecta en los derechos de libre expresión como personas comunicadoras, sino que también afecta directamente a las comunidades y a los derechos de las audiencias.
Esto además va contra los estándares internacionales que piden al poder legislativo publicar leyes claras, precisas y objetivas, y que no tengan este tipo de sanciones injustas o desiguales.
“No nos sorprendieron haciendo negocio ni abandonando nuestro servicio de comunicación, sino por una interpretación de la ley nos quieren dar el máximo castigo que es la imposibilidad de seguir trabajando”.
Camero finalizó diciendo que en caso de perder la concesión y tener que solicitarla nuevamente esperaría que se tome en cuenta el trabajo que llevan más de una década haciendo, informando de manera interna y directa a comunidades vulnerables, haciéndolo casi siempre en desventaja, con pocos recursos y todas las leyes en su contra.
Para ver más: https://www.ladobe.com.mx/2021/10/ift-podria-retirar-concesion-a-radios-comunitarias-por-opacidad-y-ley-confusa/
