En este contexto, un cambio en la educación que implique nuevas medidas administrativas, financieras, metodológicas, pedagógicas, de infraestructura, de equipamiento y de medición de avances en sus diferentes factores constituye un reclamo social justificado.
La actual Consulta Nacional sobre la Reforma Educativa, promovida e instrumentada por La Jornada con el propósito de abrir un espacio de opinión a la ciudadanía, así como de hacer público el pensamiento de los diferentes sectores que conforman el pueblo de México, por medio de quienes en forma voluntaria decidan participar en ella, contiene ya un mensaje bastante claro de la sociedad mexicana que los altos funcionarios de la SEP debieran aquilatar y tomar en cuenta, pues quizás todavía sea tiempo de recuperar en lo que resta del sexenio, los errores cometidos por quienes afortunadamente han dejado el lugar a otros que esperamos y deseamos sean más atentos a la realidad y a los problemas que enfrentamos los mexicanos.
Como parte de la actual problemática nacional, que incluye los temas de derechos humanos, racismo, inseguridad pública, enajenamiento del patrimonio nacional, falta de medicinas en los hospitales, construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México, corrupción e impunidad en los altos niveles gubernamentales y empresariales y muchos otros más, el de la educación adquiere especial relevancia, porque hablar de esta última es hablar del futuro de la nación, no en forma abstracta, sino concreta, porque ella atañe a nuestros hijos y a nuestros nietos, al futuro del México urbano y del México rural, a las condiciones de vida, de equidad y de justicia social, del posible progreso y bienestar de todos o de sólo unos pocos, como sucede hoy.
Desafortunadamente, el actual gobierno, siguiendo los patrones autoritarios del viejo priísmo representado por Emilio Chuayffet, decidió diseñar e imponer una reforma autoritaria, bastante alejada de la visión y de las expectativas de la sociedad mexicana y, de manera particular, de los maestros, en cuanto que no resuelve los problemas centrales de la educación y en la práctica representa más un retroceso que un avance, en cuanto deja de lado lo que a la sociedad parecen ser los temas centrales y más apremiantes de las diferentes problemáticas de la educación, siendo también entendible el enojo de los maestros, cuya capacidad para instruir y orientar a sus estudiantes ha sido puesto en duda por la Secretaría de Educación Pública (SEP), curiosamente a partir de la iniciativa de un organismo con antecedentes ligados a la corporación Televisa, cuyos intereses en la educación son cuestionables, por decir lo menos.
Si bien la Constitución de la República señala de manera clara el derecho universal a la educación básica, y ahora también a la media superior, como servicio gratuito cuya responsabilidad recae en el gobierno, con leyes y reglamentos constitutivos de los diferentes subsistemas orientados a dar forma a la educación nacional, constituyen avances de los que debiéramos estar orgullosos, en la realidad ellos plantean sólo un sueño que está muy lejos de haber sido cumplido y un mero marco de referencia de lo que debiera ser, incluyendo sistemas de telesecundaria y telebachillerato, capaces de dar instrucción a millones de estudiantes en las regiones rurales y suburbios urbanos de alta marginación, mediante el uso de las tecnologías de televisión e Internet, como apoyo a maestros con conocimientos multidisciplinarios, impartiendo educación en instalaciones funcionales, debidamente equipadas, que en la realidad se reducen a aulas sin equipamiento, sin biblioteca, sin luz, sin sanitarios y a veces incluso sin construcción alguna, donde los maestros en condiciones heroicas hacen lo que pueden.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/17/opinion/015a1pol
