Pese a todos estos elementos, Duarte de Ochoa permaneció indemne durante prácticamente toda su gestión y, por lo que puede verse, tuvo tiempo incluso de planear su separación del cargo y su huida.
Cabe inferir, por tanto, que las conductas presuntamente ilícitas atribuidas a la administración de Duarte en el manejo de las finanzas públicas eran conocidas con anterioridad por las autoridades.
Sólo a partir de entonces ha sido posible que salgan a la luz los alcances de una corrupción gubernamental que era un secreto a voces desde hace tiempo.
Los indicios de irregularidades financieras habrían debido bastar para poner a la administración de Duarte bajo el escrutinio de las instancias fiscalizadoras e incluso de las de procuración de justicia, con plena transparencia y publicidad.
En efecto, la propia ASF reconoció ayer que identificó irregularidades cometidas por la administración de Duarte desde los primeros años de su gobierno, pero que éstas no eran tan exageradas y que se dispararon en 2014.
Fuente original: Javier Duarte: impunidad estructural – La Jornada
