Lo que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y la Suprema Corte llaman «debido proceso», es en la práctica un mecanismo de tortura institucional prolongada. El caso de María Elena Ríos evidencia cómo el poder adquisitivo y político puede fracturar el sistema penal.
«ME QUISO MATAR CON ÁCIDO»: MAGISTRADOS OAXAQUEÑOS DECIDEN LA ABSOLUCIÓN DE VERA CARRIZAL
A siete años de sobrevivir a un brutal ataque con ácido planeado para acabar con su vida, la saxofonista María Elena Ríos enfrenta lo que podría ser el colapso final del acceso a la justicia. Este 20 de mayo, el tribunal colegiado —integrado por los magistrados Brisa Albores Medina, Jaime Allier Campuzano y Rocío Chong Velásquez— emitirá la resolución que podría absolver y liberar a Juan Antonio Vera Carrizal, el empresario y expolítico señalado como el autor intelectual de la agresión.
A través de un mensaje urgente difundido en sus redes sociales, la impulsora de la «Ley Malena» (que tipifica los ataques con sustancias químicas como tentativa de feminicidio a nivel nacional) advirtió sobre el inminente riesgo a su vida si el tribunal cede a las presiones políticas y económicas del agresor.
«No hay justicia, no hay nada y yo sigo en peligro. Acá supuestamente Vera Carrizal está en un hospital, pero no lo hemos visto, está libre fingiendo enfermedad desde hace casi un año y medio.»
La inacción judicial se agravó recientemente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a atraer el caso, regresando el expediente a los tribunales locales de Oaxaca, un sistema judicial que a lo largo de siete años ha demostrado permeabilidad frente a la influencia de Vera Carrizal.
EXPEDIENTE DE DESGASTE: 7 AÑOS SIN JUSTICIA
María Elena Ríos sobrevive a un ataque con ácido en Huajuapan de León. Inicia un calvario de cirugías reconstructivas y violencia digital sistemática.
Ponciano «N» y su hijo Rubicel son detenidos. Confiesan ser los autores materiales y haber recibido un pago de $30,000 MXN de Vera Carrizal.
Juan Antonio Vera Carrizal (autor intelectual) es detenido e ingresado al penal de Tanivet.
Fallece en su celda Ponciano «N», complicando el engranaje del testimonio material.
La FGEO emite ficha roja contra Juan Vera Hernández (hijo de Vera Carrizal y quinto implicado). A la fecha, permanece prófugo.
El juez Teódulo Pacheco dicta prisión domiciliaria a favor de Vera Carrizal argumentando motivos de salud, decisión que desató indignación nacional.
María Elena ha llevado su exigencia de justicia hasta el Presidente de la República, pero la burocracia judicial ha operado como un escudo para el agresor. Mientras ella resiste apoyada por el acompañamiento social, el fallo de este 20 de mayo no solo definirá el destino de Vera Carrizal, sino que establecerá un precedente monumental sobre la viabilidad de la justicia para las mujeres en México.
LA IMPUNIDAD COMO TORTURA DE ESTADO
Lo que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y la Suprema Corte llaman «debido proceso», es en la práctica un mecanismo de tortura institucional prolongada. El caso de María Elena Ríos evidencia cómo el poder adquisitivo y político puede fracturar el sistema penal. Que un juez haya otorgado prisión domiciliaria (y posteriormente estancias hospitalarias no verificadas) al autor intelectual de un ataque con ácido demuestra que las leyes de Oaxaca están subordinadas al pacto patriarcal y al influyentismo. Obligar a una sobreviviente a mendigar justicia durante 7 años, mientras el quinto implicado (hijo del agresor) sigue prófugo y el autor intelectual simula enfermedades para evitar una celda, es terrorismo judicial. Si el tribunal colegiado absuelve a Vera Carrizal, el Estado estará enviando un mensaje letal: en Oaxaca, intentar disolver a una mujer con ácido cuesta 30 mil pesos y los jueces garantizan el encubrimiento.
AMI: Tipificación y Precedente Legal
En la cobertura mediática de agresiones químicas, es vital utilizar el término **Tentativa de Feminicidio** y no «Lesiones». El ácido no busca «lastimar», busca borrar la identidad de la víctima, someterla al dolor permanente y finalmente matarla. La lucha de María Elena impulsó la «Ley Malena» precisamente para que el aparato judicial deje de minimizar estos ataques. Como ciudadanos, exigir que la SCJN no eluda su responsabilidad en casos de alta corrupción local es fundamental: la delegación de casos a tribunales estatales históricamente cooptados es la principal vía de escape de los agresores con poder político.
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