Como resultado de esa intensa presión, el 4 de octubre la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que atraería la investigación del caso.
La responsabilidad intelectual de todo ello recaía, según Murillo Karam, en Abarca y Pineda, quienes ya habían sido capturados en Iztapalapa, en una acción que –como todas en este caso– generó suspicacias de la sociedad.
Al día siguiente el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre los incidentes de Iguala, señalando que la responsabilidad de esclarecer los crímenes correspondía al gobierno estatal, encabezado entonces por Ángel Aguirre Rivero.
Pero la reacción social a tales hechos ha sido también un punto de inflexión en la historia de las movilizaciones populares recientes y en el curso de estos 12 meses se ha derrumbado la imagen interna y externa del régimen.
La agresión marcó un hito en las violencias de distintos signos que padece la población del país –la de la delincuencia organizada y la de las acciones represivas en contra de movimientos sociales– y en la creciente incapacidad de las instituciones públicas para preservar la integridad y la vida de los ciudadanos, procurar justicia y hacer frente a la impunidad.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/26/opinion/002a1edi
