Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- De acuerdo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, al concluir el 2015, únicamente en dos entidades habían comenzado a sesionar los Sistemas Locales que mandata la Ley General citada: Hidalgo y Quintana Roo.
Oaxaca, entre las 29 entidades federativas y el Distrito Federal, incumplen con el mandato legal. De no hacerlo en todas las entidades de la República, “se estaría incurriendo en una falta legal”.
Desde la LXIII Legislatura Federal, se exhortó a los gobiernos estatales a instalar el Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes, ya que para finales del 2015, sólo dos entidades han tomado cartas en el asunto.
En diciembre pasado, el Presidente de la República puso en marcha el Sistema Nacional de Protección Integral en esta materia; sin embargo, al concluir el 2015, únicamente en dos entidades habían comenzado a sesionar los Sistemas Locales que mandata la Ley General citada: Hidalgo y Quintana Roo.
Al no instalarlos en todas las entidades del país “se estaría incurriendo en una falta legal, hecho que representa un obstáculo para la adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel estatal”, advierte legisladores federales.
Y es que el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
De acuerdo al artículo segundo transitorio del decreto, se concede al Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, un plazo de ciento ochenta días naturales para realizar las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el nuevo ordenamiento.
En el artículo tercero, se establece que los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán integrarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se refiere el transitorio segundo.
Cabe señalar que la nueva Ley sienta las bases para que en ninguna entidad federativa exista retroceso en el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, grupo poblacional que supera los 41.5 millones personas en nuestro país y representan el 37 por ciento de los habitantes.
Asimismo, establece mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a asignar recursos públicos suficientes para asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el goce pleno de sus derechos.
Entre las 20 atribuciones de los Sistemas de Protección Locales, se encuentra generar mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de la niñez en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la protección integral de sus derechos, y establecer en los presupuestos estatales rubros destinados a su defensa, con una realización progresiva.
Al no hacerlo, “se estaría incurriendo en una falta legal. Además, este hecho representa un obstáculo para la adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel estatal”, advirtieron diputados y diputadas federales de todas las fuerzas políticas, entre ellas, PRD y PRI.
