Sandra Rodríguez Nieto/Sin Embargo
Ciudad de México.- La empresa gasera implicada en la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa ha aparecido en incidentes anteriores –uno de ellos con dos víctimas mortales en 2014-, pero, de cualquier forma, sus pipas cargadas con gas licuado de petróleo son frecuentes proveedoras de combustible de varias entidades de Gobierno.
Tan sólo con la administración pública federal, indica el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), la empresa Gas Express Nieto ha celebrado al menos 362 contrataciones desde 2004, la mayoría por adjudicación directa, para suministro del combustible en diversos centros de trabajo de oficinas gubernamentales.
En total, de acuerdo con los datos oficiales, el Ejecutivo Federal ha pagado unos 240 millones de pesos en 10 años a esta empresa propietaria de una pipa que, el jueves pasado, tenía una manguera rota y provocó la explosión en un hospital de maternidad ubicado al oeste de la Ciudad de México, la muerte de dos menores y una mujer, lesiones a otras decenas de personas y la destrucción del inmueble.
Los convenios que esta empresa fundada en Querétaro en 1939 sostiene con el gobierno federal son adicionales a otros celebrados con otras administraciones, como el gobierno de San Luis Potosí y el del Gobierno del Distrito Federal, con el cual tiene contratos para distribución del combustible en 37 hospitales públicos.
En los convenios con el Ejecutivo destacan más de 50 realizados con el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); entre ellos uno, el CS-DRN-SA-DOGS-012-2014, por 96.7 millones para el abastecimiento de gas licuado de petróleo en “diversos centros de trabajo” de la Delegación Regional Norte, vigente entre marzo y diciembre de 2014.
Otro más, también con la misma delegación del ISSSTE, es de 22.4 millones para el suministro del combustible en “unidades médicas y estancias de bienestar y desarrollo infantil en diferentes centros de trabajo”, vigente entre enero y febrero del año pasado.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Petróleos Mexicanos (Pemex) son otros clientes frecuentes de esta empresa implicada en el accidente del pasado jueves, con las cuales ha contraído, según el Portal de Obligaciones de Transparencia, 47 y 116 contratos, respectivamente.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Economía (SE) e incluso la Presidencia de la República aparecen también en la lista de entidades públicas que la han contratado.
EL NEGRO HISTORIAL
La empresa, a la fecha dirigida por Sergio Nieto del Río, hijo del fundador, se convirtió en noticia la mañana del pasado jueves, cuando, alrededor de las siete de la mañana, se registró el accidente en el Hospital ubicado en la calle 16 de Septiembre, de la Colonia Contadero y, a las pocas horas, se pudo establecer que una fuga en la manguera de la pipa que abastecía el combustible en la cocina había sido la causa.
Entre las decenas de heridos, ha informado el Gobierno del DF, hay recién nacidos debido a que la zona de neonatos fue una de las más afectadas.
No es la primera vez que el nombre de la empresa aparece en los registros de accidentes. El anterior había sido el 29 de julio de 2014 en la colonia El Cerrito, en Querétaro, donde explotó otra pipa, presuntamente por la imprudencia del conductor, causando la muerte de dos personas.
Información del periódico La Jornada indicó ayer que la empresa no se hizo cargo de indemnización alguna para los afectados.
El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo en entrevista radiofónica que aun cuando la pipa que ocasionó la explosión el jueves cuenta con una verificación realizada en mayo de 2014 y vigente por un año, la empresa gasera sí ha recibido sanciones en el pasado.
“La empresa sí ha sido sancionada en otras ocasiones por distintas faltas de corte administrativo pero no podríamos considerar específicamente este número de fugas […]. Desde irregularidades de los permisos hasta fallas encontradas en estaciones de carburación, por ejemplo, o algunos vehículos no registrados, en fin. Distintas anomalías en ese sentido”, dijo el funcionario en Grupo Radio Fórmula.
“LA EMPRESA RESPONSABLE”: EL CONTRATO
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició desde el jueves en la mañana una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo, lesiones y los daños causados a más del 75 por ciento del hospital, por lo que detuvo a los tres operadores de la empresa que despachaban el combustible.
Consultado por SinEmbargo, el abogado Víctor Carrillo, titular del despacho Soluciones Jurídicas, informó que la detención de los operadores es procedente debido a que se cometió un delito con víctimas fatales; pero, como lo más evidente es que no hay dolo, dijo, los hoy detenidos deben enfrentar su proceso en libertad.
Los términos de los contratos que la empresa sostiene con el Gobierno del Distrito Federal, por su parte, establecen que es el proveedor quien debe responder e indemnizar a los afectados en caso de accidente.
“El proveedor se obliga a garantizar que el personal empleado para entregar los bienes objeto del presente contrato cuente con el equipo y las medidas de seguridad vigentes emitidas por las autoridades competentes (…) por lo que en caso de algún evento fortuito o accidente, quedará bajo la responsabilidad del proveedor, el cual tendrá que resarcir los daños ocasionados de índole personal y/o a los bienes muebles e inmuebles, deslindando de toda responsabilidad al Gobierno del Distrito Federal”, indica la cláusula de “medidas disciplinarias y de seguridad” de uno de los contratos con el GDF.
La empresa, por lo demás, también está sujeta a investigación. De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), se inició un procedimiento para establecer las causas del accidente y las responsabilidades administrativas en las que pudiera haber incurrido la empresa.
“Verificadores de la SENER se trasladaron al lugar de los hechos e inspeccionaron el sitio de la explosión y el auto-tanque. Recabaron evidencia fotográfica y procedieron a la identificación del vehículo para verificar su autenticidad y la de los permisos correspondientes. La investigación administrativa se complementará una vez que cuente con los resultados de los dictámenes periciales que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal”, dice el boletín emitido el jueves.
Las sanciones, agrega, podrían ser: “Multas hasta de 225 mil veces el importe del salario mínimo, es decir 15 millones 772 mil 500 pesos” y revocación del permiso a la planta de gas a la que esté adscrito el vehículo “siempre y cuando la empresa haya incurrido en la violación de la regulación aplicable, en este caso la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010 Vehículos para el Transporte y Distribución de Gas L.P. Condiciones de Seguridad, Operación y Mantenimiento publicada en el DOF el 11 de julio del 2011”.
El viernes, un funcionario de la empresa mencionó que sólo los dictámenes periciales establecerán las responsabilidades debido a que no necesariamente podrían ser sólo de la empresa. “La fuga del hidrocarburo no nada más se notó en las inmediaciones del patio, donde estaba nuestro transporte. Una línea de investigación es que pudo haber gas acumulado en alguna otra área del hospital”, dijo Julio Larrondo, subdirector de Gas Express Nieto, también en Radio Fórmula.
El entrevistado agregó que los empleados cuentan con defensa legal por parte de la empresa y, también, que la empresa cuenta con un seguro de responsabilidad civil de cobertura amplia y que indemnizará a los afectados.
