REFORMA
No es una huelga legal. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no está emplazando a la Secretaría de Educación Pública a huelga por una negociación contractual o por alguna violación del contrato colectivo. La sección 22 ni siquiera es titular del contrato colectivo por lo que no puede negociarlo, responsabilidad que corresponde a la dirección nacional del sindicato. Por eso la sección no se molesta con emplazar a huelga: sabe que se declararía ilegal.
Sin embargo, eso no ha afectado nunca los paros de la sección 22, que han tenido lugar anualmente desde 1980. Son ya 35 años en que los niños de Oaxaca no han podido terminar un solo año lectivo. En seis de esos años no se ha cubierto ni siquiera el 50 por ciento del programa de estudios. No sorprende que Oaxaca se encuentre siempre en los últimos lugares de desempeño educativo.
Con la complicidad de las autoridades educativas de Oaxaca y de la Federación, los líderes de la sección 22 se han dado cuenta de que las suspensiones de actividades, plantones y movilizaciones políticas son un arma eficaz para obtener dinero y privilegios. Durante décadas las autoridades oaxaqueñas fueron responsables de la nómina educativa y no solamente pagaban puntualmente las quincenas no trabajadas, lo cual es una forma de subsidiar los paros, sino que además daban premios y privilegios a la sección. Esto generaba incentivos para la realización de nuevos paros.
Ahora la responsabilidad de la nómina educativa le toca a la SEP. Habrá que ver si las autoridades federales tienen el valor de aplicar la ley que obliga a descontar los días en que no se presenten los maestros a trabajar y a despedirlos después de tres faltas injustificadas. Ya hemos visto algunas suspensiones de actividades en Oaxaca en que la SEP no se ha atrevido a hacer los descuentos de ley.
Los objetivos del paro son políticos. La sección 22 exige la derogación de la reforma educativa, la promulgación de una ley estatal educativa a modo, la renuncia del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa, la entrega a la sección 22 de las escuelas de la sección 59, la cancelación de las elecciones en Oaxaca, el cumplimiento de las demandas de los jornaleros de San Quintín, Baja California, y la indemnización de los maestros que sufrieron un accidente en un autobús el 1o. de mayo, entre decenas de otras demandas.
La sección 22 aprobó mover su plantón itinerante de Oaxaca a la sede del Instituto Nacional Electoral. El propósito es entorpecer los procesos electorales. Si bien el paro formal está programado para el 1o. de junio, el lunes previo a las elecciones, los líderes han ordenado a los maestros que se dediquen del 20 al 26 de mayo a realizar trabajo político para conseguir apoyo para su causa con los padres de familia. El mismo 26 se movilizará a una tercera parte de los maestros a la Ciudad de México para participar en una manifestación por Ayotzinapa. Esto significa que desde el 20 de mayo no habrá ya realmente actividades docentes en las escuelas de Oaxaca.
El daño mayor, como siempre, recaerá en los 1.3 millones de estudiantes de Oaxaca en escuelas controladas por la sección 22. Pero la culpa no es sólo de los líderes sino también de los gobernantes que han seguido pagando las quincenas de los faltistas y han dado beneficios especiales a los maestros de la sección para recompensar sus movilizaciones. Los gobernadores de Oaxaca han sido los cómplices hasta ahora. Pero si se mantiene esta política, la responsabilidad será ahora del gobierno de la República, empezando por el presidente Enrique Peña Nieto. De nada servirá haber promulgado la reforma educativa si no hay valor para aplicarla.
· LA BRECHA
La CNDH ha demandado a la Suprema Corte que invalide una ley de Jalisco que limita el matrimonio a un hombre y una mujer. Excluir a las parejas homosexuales viola su derecho a la igualdad, dice… y tiene razón.
@SergioSarmiento
