Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Autoridades municipales y agrarias de comunidades indígenas
exigieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que realice una consulta en materia de radiodifusión y telecomunicaciones de acuerdo a los estándares internacionales y no de manera simulada o parcial.
Consideran que la consulta que se inició es un proceso parcial y limitado porque la convocatoria no se ha hecho pública ni abierta cuando en el estado de Oaxaca hay 100 iniciativas de radiodifusión y telecomunicación indígena y muchos de los involucrados están enterados.
Pidieron que la Consulta para deliberar sobre temas con mayor alcance que los lineamientos para las concesiones debe realizarse en temas intrínsecamente relacionados a sus derechos a la comunicación y a la libre expresión.
Insistieron en que este proceso de consulta debe cumplir con los estándares establecidos en el Convenio número 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas; asimismo, se adopte plenamente el protocolo y manual para la consulta libre, previa e informada de los Pueblos Indígenas elaborada por la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas.
Y que se lleven a cabo sesiones del proceso de consulta indígena en el estado de Oaxaca, a fin de dar participación a la mayoría de comunidades, pueblos y sus iniciativas de ejercer este derecho, considerando la gran cantidad de propuestas de radiodifusión y telecomunicaciones indígenas que aquí se encuentran.
También solicitaron que en la fase consultiva se adopten acuerdos sobre la pertinencia cultural, establecer criterios de análisis para la asignación de concesiones comunitarias e indígenas, así como la asignación no restringida de frecuencias radiofónicas porque no hay razón por limitar el rango de frecuencias en las que las radiodifusoras indígenas pueden transmitir.
Aunque reconocen que en términos prácticos, el IFT ya está otorgando frecuencias más allá del 10% superior al espectro, en Oaxaca se vienen asignando frecuencias en 92.1 MHz.
[pull_quote_center]Sin embargo, esta misma frecuencia se otorga a radiodifusoras con mucha cercanía geográfica, en un caso particular, están a tres cuadras de distancia y esto los obliga a reducir su cobertura drásticamente para evitar interferencia cuando “sabemos que hay frecuencias disponibles en el espectro radioeléctrico, y tenemos derecho a acceder a ellas”.[/pull_quote_center]
Mencionaron que en las situaciones donde el espectro radiofónico ya está ocupado, se debe reducir el espacio entre frecuencias a 400Mhz, en lugar de los 800Mhz actuales como ya se está haciendo en algunas partes de la república, como en la ciudad de México.
Respecto a la certificación de los proveedores de los transmisores, proponen que dada la carencia de recursos económicos, solicitaron que no sea requisito indispensable adquirir los transmisores de proveedores autorizados o marcas comerciales, sino que se prevea la posibilidad de que los interesados podamos construirlos.
Y que la fecha límite para la renovación de medios permisionarios se amplíe porque los lineamientos actuales establecen que los medios que son permisionarios, de acuerdo a las leyes anteriores, tienen la fecha límite del 13 de agosto para solicitar su nueva concesión.
Y solicitamos que se prevea la posibilidad de que una concesión abarque a varias comunidades porque no debe limitarse el derecho de las comunidades indígenas a asociarse, por lo que limitar el alcance de nuestros medios es discriminatorio.
Ante la falta de resolución, que opere la afirmativa ficta, solicitaron que se adopte la figura de la “afirmativa ficta” para el caso de que el IFT no resuelva la solicitud planteada.
También piden “no cobrar por el trámite de concesiones indígenas y poner un alto a los decomisos de radiodifusoras indígenas y comunitarias mientras no se definen los lineamientos para la solicitud de concesiones; compromiso que debe ir más allá del IFT, extendiéndose a la PGR, la SCT y el INE.
Finalmente, mencionaron que se han percatado de radiodifusoras que pretenden formar parte de comunidades indígenas, pero sus fines promueven religiones, partidos políticos, u ostentan fines de lucro, sin ningún objetivo que armoniza con el principio de una concesión indígena, de ahí que se establezca un sistema o un comité de evaluación que verifique que los concesionarios indígenas estén cumpliendo con los fines que caracteriza este tipo de concesión.
Aclararon que “hacemos estas peticiones sin estar pidiendo favores, este es un claro llamado a que se cumpla con la garantía de nuestros derechos como pueblos indígenas de poder adquirir, operar y administrar nuestros propios medios de comunicación”.
