Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Los procesos de criminalización de la protesta social cometidos durante el 2006 en Atenco y Oaxaca, sentaron las bases para la actual crisis de derechos humanos diagnosticada por los principales organismos internacionales.
Así lo dio a conoce la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), al sostener que esta crisis ha debilitado el tejido social, lo que ha posibilitado la implantación de reformas estructurales que buscan desmovilizar y despojar a la sociedad de sus derechos.
En el noveno aniversario de la represión de 2006, la Red TDT exigió a todos los niveles de gobierno justicia para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos ocurridas el 25 de noviembre de ese año cuando las fuerzas federales emprendieron una represión brutal en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Consideran que las represiones ocurridas en el año 2006 contra la protesta de Atenco y contra la APPO, fueron el preámbulo de la agudización de una crisis que se ha caracterizado por un constante incremento de la violencia e inseguridad que se ha manifestado de manera muy clara en temas como el incremento en los índices de homicidio, desaparición de personas, feminicidios y otras formas de violencia.
Insistieron en que la criminalización de la protesta social vivida contra la APPO en el año de 2006 fue el paso previo a una descomposición nacional que derivó en una ola de violencia que ha dejado más de 26 mil personas desaparecidas.
Insistieron en que la criminalización de la protesta social vivida contra la APPO en el año de 2006 fue el paso previo a una descomposición nacional que derivó en una ola de violencia que ha dejado más de 26 mil personas desaparecidas.
A su vez, esta violencia fue el factor fundamental para debilitar el tejido social y poder conseguir las reformas estructurales que habían sido detenidas en muchas ocasiones.
Estas reformas han buscado la desmovilización de sectores emblemáticos de la lucha social como los profesores (a través de la reforma educativa) al tiempo que se despoja a las comunidades de su derecho a la tierra y el territorio (a través de la reforma energética). Paralelamente, y a pesar de haber adquirido compromisos en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional, el Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones al obstaculizar, incluso, la implementación de mecanismos emergentes como la Alerta de género que sólo ha sido decretada tras una exigencia de la red TDT.
Organizaciones de la región Sur de la Red TDT consideran que la única vía legítima para el mejoramiento de las condiciones de vida de esta zona pasa por cumplir la obligación de garantizar todos los derechos humanos de manera integral, incluyendo el derecho a la protesta, a la organización gremial y a defender los derechos humanos.
Además, externaron su preocupación por el grave incremento en fenómenos como el feminicidio y la violencia contra las mujeres.
También condenaron la impunidad porque ha sido la única respuesta del Estado ante la justa exigencia de los familiares de personas desaparecidas.
De igual forma, calificaron de lamentables los intentos oficiales por dividir a los familiares otorgando un trato diferenciado a casos que les representan un mayor interés político por su nivel de gravedad.
Mención aparte merece el caso Ayotzinapa por la gravedad de los hechos, pero sobre todo por la deliberada intención de ocultar y distorsionar la información por parte de las autoridades responsables.
Luego de su solidaridad al trabajo del GIEI y a todas las familias y víctimas de desaparición forzada en el país, exigieron al Estado que asuma sus responsabilidades de manera equitativa con el fin de garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos en todo México, pero en particular en la Región Sur.
