Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).-El desarrollo inmobiliario de la empresa Éxito Resorts en playas del estado de Oaxaca será clausurado de manera definitiva si persiste en continuar su desacato a las medidas de seguridad impuestas por la autoridad, advirtió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
E insiste que de acuerdo al Artículo 171 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé la clausura total definitiva y la demolición de obras por desobediencia reiterada a las medidas de seguridad impuestas
A través de un comunicado, recalcó que el administrador único y ferentes son investigados penalmente por desacato a las autoridades administrativas, penales y judiciales, así como por delitos contra el ambiente.
Hizo hincapié que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la empresa podría enfrentar procedimiento penal de persona jurídica y multa penal equivalente a 8.2 años de sus ingresos.
Explicó que ese proyecto realizado en el Hotel Viva Resort, ubicado en el municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, fue clausurado por carecer de autorizaciones que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las cuales garantizan no afectar la zona costera ni la vegetación y ecosistemas.
La empresa Éxito Resorts ha incumplido de manera reiterada con la normativa ambiental, así como con las órdenes para detener las obras que afectan el ecosistema costero, a pesar de que la PGR aseguró el inmueble y un Juez federal ordenó la suspensión de las actividades, por lo que Profepa aplicó el Protocolo de Responsabilidad Penal Corporativa.
Dicho instrumento legal está previsto para actuar contra aquellas empresas y empresarios que lejos de buscar cumplir con la ley, lucran a costa de los recursos naturales en desacato de las normas ambientales.
La Profepa reiteró que la empresa ha tenido en todo momento la posibilidad de acercarse a las autoridades ambientales para solicitar un mecanismo alternativo para resolver el presente conflicto, sin embargo, ha optado por reiterar su incumplimiento.
Por ello, ejerció una acción judicial de responsabilidad conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental solicitando la multa máxima de 48 millones de pesos, así como la restitución de los terrenos afectados a su estado original lo que implicará la demolición de la infraestructura si la empresa continúa con el desacato.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, propietarios y poseedores que hayan adquirido inmuebles de la empresa infractora, serán llamados a juicio para ser informados de la demanda de demolición y tendrán derecho de repetir respecto en contra de la responsable del daño ambiental por los daños y perjuicios que se les ocasionen.
