Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- A siete años del asesinato de los activistas de derechos humanos, la mexicana Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, en San Juan Copala, el gobierno de Enrique Peña Nieto prepara un “guión a presentar en el escenario internacional con una simulación de justicia” y la libertad de los presuntos criminales.
Por tal razón, organizaciones de la sociedad civil, abogados y familiares elaboraron el Informe Acuerdos Políticos de Impunidad que será presentado en el acuerdo global de cooperación económica México-Unión Europea, donde también están incluidos el caso de los 43 normalistas desaparecidos, la impunidad, los feminicidios y el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola como casos relevantes en materia de derechos humanos.
El abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, David Peña Rodríguez adelantó que ante la inminente libertad de los presuntos asesinos de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, llevaran el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde entregaran el informe que Acuerdos Políticos de Impunidad que resume los obstáculos que han enfrentado para acceder a la justicia.
El 27 de abril de 2010, la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) emboscó a una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala donde indígenas triquis se encontraban “sitiados” y durante el tiroteo fueron asesinados el finlandés Jyri Jaakkola y la mexicana Bety Cariño.
A siete años, concluyeron que el gobierno de Peña Nieto y de Alejandro Murat Hinojosa tienen un acuerdo político para garantizar la impunidad, pues “los asesinos van a quedar libres los próximos meses. Es probable que antes de que termine el año, dos o tres de ellos salgan libres”, sostuvo el abogado.
Y es que “los obstáculos que han puesto el Estado mexicano a nivel federal y el poder judicial de Oaxaca van a impedir que se dé una sentencia y por lo tanto van a quedar libres”.
Su afirmación la soporta en que “hasta ahora se van a iniciar los juicios, después de tres o cuatro años que han retrasado y los jueces están llamado a los testigos y sobrevivientes a declarar, sin embargo, ninguna autoridad les da protección ni garantiza su seguridad”.
“Ante ese escenario de riesgo dicen (los testigos y sobrevivientes) no voy a ir a declarar porque no tengo ninguna medida de seguridad porque ocho de los asesinos siguen libres y nos pueden matar. Entonces, si no llegan a declarar al juicio el juez tiene que dejarlos en libertad”.
Por consiguiente, lo que se vislumbra es “una simulación de justicia porque al final la Fiscalía General de Justicia dirá yo acusé, el Juez dirá yo lleve el juicio pero si no llego nadie y nadie declaró, pues hay que dejarlos libres”.
Sin embargo, alrededor de estas posturas hay que resaltar los obstáculos que pusieron durante seis años, ya que pidieron que los juicios se realizaran en la capital del estado y no Huajuapan de León, en la región mixteca, y como burla, decidieron cambiar la sede pero a Tlaxiaco, todavía mas cerca del grupo armado.
Esto inhibió a testigos o sobrevivientes porque Huajuapan esta a 124 kilómetros de donde se cometió la emboscada y ahora los juicios se siguen en Tlaxiaco a solo 70 kilómetros de San Juan Copala donde persiste la inseguridad por la presencia de grupos armados.
“Otra de las decisiones políticas graves del poder judicial es que decidió nombrar un traductor oficial para todo el caso y el nombramiento recayó en Epifanio Díaz, quien es integrante del MULT que protege algunos de los líderes paramilitares de la Ubisort, entonces, menos van a ir a declarar”, puntualizó Peña Rodríguez.
Recordó que hace un par de semanas hicieron una vista en Finlandia y en Bruselas, Bélgica, para entregar al Parlamento Europeo el informe que se va a incluir en el acuerdo global de cooperación económica México-Unión Europea.
En ese viaje, también se le pidió al gobierno de Finlandia su acompañamiento para acudir ante la CIDH y sería el primer caso que un estado europeo se sume a una petición en el sistema interamericano.
