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Colaboradores de Cué desvían 2 mil 776 mdp, mientras en Oaxaca se respira la pobreza: Ramírez Colmenares

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OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Mientras que en Oaxaca se “respira la pobreza”, colaboradores de Gabino Cué fueron denunciados ante la Auditoría Superior de la Federación por presuntos actos de corrupción que ascienden a dos mil 776 millones 18 mil 292 pesos y de desviar recursos del fondo federal antipobreza Fonregión para obras como un estadio de futbol.

Así lo dio a conocer el presidente del Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueño (CADCO), Luis Alberto Ramírez Colmenares, quien agregó que también recurrieron al Presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la evidente “protección” del Gobierno de Gabino Cué, la Auditoria Superior del Estado y el Congreso local, que se niegan a investigar estos casos.
denuncias vs Netza 1Se quejó que a dos meses y siete días que solicitaron al congreso local se iniciara un “juicio político” en contra del ex secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), Netzahualcóyotl Salvatierra López, es la fecha que no le han dado una respuesta.
En esa misma sintonía se encuentra la Auditoría Superior de Oaxaca donde el perredista Carlos Altamirano Toledo desoyó la petición que le hicieron para que practique una auditoria al ex secretario, mientras que la secretaria de la Contraloría, la panista Perla Woolrich, sólo se limitó a dar entrada a la denuncia como un mero trámite.
El documento fue entregado el pasado seis de febrero en la oficina de la Presidencia de la República, en la Segob y al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, donde se anexaron tres legajos de copias certificadas de la denuncia por incurrir en ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad.
Los colaboradores de Gabino Cué que fueron denunciados además del ex secretario de Sinfra, Netzahualcóyotl Salvatierra López, son el director general de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Guillermo Martínez Gómez y el jefe de departamento de licitaciones y contratos de esa misma dependencia, Humberto Juárez Vargas.
En la denuncia revena que hubo irregularidades en la contratación de obra pública, ya que se adjudicaron de manera directa y por invitación restringida, principalmente a empresas foráneas, pese a que en el “Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016” establece como un objetivo del actual Gobierno, que la obra pública sea  ejecutada preferentemente por empresas oaxaqueñas.
Sin embargo, diversos contratos se adjudicaron ilegalmente en los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014 por un monto total de dos mil 776 millones 18 mil 292 pesos.
Su afirman la soportan en el hecho de que en el periodo de cuatro años solo se licitaron 10 obras públicas de un total de 818 contratos y 506 se formalizaron indebida e ilegalmente bajo la modalidad de adjudicación directa o invitación restringida.
Esto sin contar que algunos programas del gobierno federal fueron utilizados de una manera diferente al fin que estos persiguen como por ejemplo el programa Fonregión, que se crea con la finalidad de incrementar el índice de desarrollo humano realizando proyectos de infraestructura carretera, de salud o educación.
Sin embargo, han sido desviados para un estadio de futbol, la terminación de la cubierta de la velaría del auditorio Guelaguetza, para la elaboración del proyecto ejecutivo para la imagen urbana del bulevard Eduardo Vasconcelos al Monumento a Juárez y la elaboración del proyecto del Centro de Cultura y de Convenciones.
Entonces, abundó, “todo parece indicar que los órganos de control del gasto público y encargados de vigilar el buen despacho de los funcionarios del estado de Oaxaca, no les importa lo que ocurra en detrimento del patrimonio estatal y federal, como si estuvieran involucrados con los responsables”.
Los integrantes de esta asociación civil exigieron a las autoridades estatales realizar sus funciones en los términos y plazos establecidos por la Ley, ahora que está a punto de entrar en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción donde se investigaran hechos que transcurrieron en años pasados cometidos por funcionarios y ex funcionarios públicos.

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