Jaime GUERRERO
Oaxaca (pagina3.mx).- El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez, reconoció que el dinero surgido de delitos de cuello blanco y el dinero del narco será lo más difícil que vaya a enfrentar el proceso electoral y los tribunales porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tiene facultades para fiscalizar todo el dinero que circule por vía bancarizada, no así el efectivo de dudosa procedencia.
Baños Martínez, participó en el foro Reforma Político Electoral en Oaxaca, retos y soluciones, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Organismo Público Electoral Local (IEEPCO-OPLE) y la LXII Legislatura.
El consejero que ha sido señalado por el PAN y PRD, de ser quien en realidad conduce el INE y no Lorenzo Córdova, para regresar el apoyo al PRI por haberlos impulsado a ese cargo, aseguró no habrá un solo peso que ingrese o salga de las cuentas bancarias de los partidos políticos, que no resulte fiscalizado por el INE.
“Ahí no hay manera de hacer ningún tipo de trampas o de recibir un dinero que no tenga un origen claro, porque el órgano electoral puede pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información precisa de todos los movimientos que realizan los candidatos, dirigentes partidarios y de los familiares de los dirigentes político o candidatos”, advirtió.
En contra parte, reconoció que el INE y los tribunales, deberán de tener mucho cuidado con el dinero en efectivo que circule a los partidos. “Ese parte está pendiente que sea regulada en su totalidad por parte del legislador y que evite que el último tramo de dinero que circule en efectivo a los partidos no tenga un control especifico y que pueda tener una consecuencia”, apuntó.
Para el consejero del INE sería lamentable casos como en Iguala, Guerrero, con el edil preso, José Luis Abarca, sobre quien, dijo, existe la sospecha fundada de que hay un presidente municipal que tuvo vínculos con el crimen organizado.
Blindar las urnas de criminales
Baños Martínez, consideró que sería muy grave que las urnas se conviertan en un vehículo para que criminales accedan al poder porque los servidores públicos que provienen de las elecciones están obligados a cuidar a los ciudadanos, no a generar acciones que pongan en peligro a los propios ciudadanos o alteren el orden social.
“Si no se cuida que en las urnas lleguen solamente personas que tienen un origen absolutamente legítimo y legal, y solo usan el dinero que este permitido, está en peligro la democracia”, reconoció.
Frente a ese escenario, se pronunció por actuar con celeridad cuando se presenten indicios de que puede haber vínculos con la delincuencia.
“Si existen elementos y pruebas que indiquen al INE, al Tribunal Electoral o la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, se tendría que actuar con celeridad y tomar todas las decisiones”, apeló.
No obstante, aclaró que los partidos políticos tienen el enorme reto para el actual proceso electoral, porque son los primeros que colocan en la posibilidad de que sean elegidos a los candidatos, y debe tener cuidado sobre el origen y las vinculaciones de las personas que postulan a cargo de elección popular.
“Los partidos tiene que asumir su responsabilidad y no pueden decir que son las autoridades electorales las que responden por los candidatos, son los partidos en primera instancia a las personas a las que van a postular”, asentó.
Así, en medio del proceso de selección de los candidatos de diputados federales y los candidatos de los 17 procesos electorales locales concurrentes, Baños Martínez, refirió que el caso Iguala representa un caso sin precedente para la democracia mexicana.
Sin embargo, señaló que el Poder Legislativo, tiene que dar mejores dientes a la Fepade y al TEPJF respecto a la postulación de candidatos y candidatas, para que en caso de que conocerse algunos vínculos, de inmediato anular la elección.
Acataran caso Monex
En tanto, informó que el INE acatará la reciente sentencia del TEPJF, que consideró legal el uso de las tarjetas Monex por parte del PRI, pero ordenó al INE investigar el destino de 6.8 millones de pesos.
Refirió que el PRI había reportado los dineros que había gastado por cerca de 72 millones del caso Monex (60 millones de la elección presidencial y 12 millones de elecciones locales) como gasto ordinario y gasto de campaña, eso le significó 140 millones de pesos en multas por rebasar topes de gastos de campaña de diputados federales y senadores.
Tras la elección presidencial, ahora la nueva ley electoral establece que cuando hay rebases al tope de gastos de campaña habrá anulación de la elección, no habrá dilaciones en las resoluciones.
Y pese a que los Organismos Públicos Electorales (OPLE) no tienen la facultad de fiscalizar a los partidos políticos y candidatos, se tiene que resolver con mucha celeridad.
Admitió, sin embargo, que la fiscalización de los gastos de campaña estará a prueba en este 2015 en las elecciones de diputado federales y las coincidentes de 17 estados de la república.
