Ángeles Mariscal/Chiapas Paralelo

CHIAPAS.- Óscar Armando Orellana Molina (Kendra), Daniel Ángel Alvarado Duran (Daniela) y Santos Ernesto Márquez Alemán (Nahomy) salieron de la capital de El Salvador la mañana del pasado 26 de diciembre. Doce horas después estaban cruzando en balsa el río Suchiate, que divide la frontera de México con Guatemala. Seis horas más tarde estaban rindiendo su declaración ante la Fiscalía en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes (FDCCI) del gobierno de Chiapas. Habían sido asaltados y abusados sexualmente, por personas que identifican –por el uniforme que portaban- como agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
La denuncia de Kendra, Daniela y Nahomy, se perdió en los archivos de la Fiscalía y en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ante cuya representante, Magda Alejandra Domínguez Sánchez, pidieron una visa humanitaria para evitar ser deportados porque, aseguran, “si regresamos nos matan en nuestro país.
De acuerdo a la organización Centroamérica Diferente, “el Triángulo Norte de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, es la zona más peligrosa de la región para los homosexuales, 282 de los cuales han sido asesinados desde 2009”.
Para ellos y ellas, los asesinatos, amenazas de muerte, detenciones ilegales y violencia sexual, se ha convertido en una cotidianidad.
Los tres jóvenes homosexuales efectuaron la denuncia penal por los delitos de violación, robo y lesiones. La Fiscalía del gobierno de Chiapas inició la investigación 109FEDCCI-MTAR4/2014, remitió a Kendra, Daniela y Nahomy a un albergue, y luego se olvidó de ellos.
“Nos quedamos unos días en el Albergue Jesús el Buen Pastor, ahí llegó una persona que nos dijo era la licenciada Magda Alejandra Domínguez Sánchez de Gobernación de México. Nos dejó una tarjeta, nos dijo que nos iba a llamar para ver que se nos diera una visa humanitaria, pero ya no nos contesta el teléfono. Ya no supimos más de nuestro caso”, explica Daniela.
Durante los siguientes 50 días los jóvenes vieron nuevamente vulnerados sus derechos. Las leyes mexicanas establecen que las y los migrantes que han sido víctimas de algún delito –máxime si quienes presuntamente lo cometieron fueron autoridades de este país, como en el caso de agentes del INM- deben ser protegidos y se les debe entregar una visa humanitaria para que tengan condiciones de seguridad en tanto se llevan a cabo las investigaciones y el juicio, establece la SEGOB.
Migrante violentado por presuntos agentes del INM, muestra los golpes que recibió.

Le apuestan al desgaste, a la impunidad
“En México todos los días llegan a los albergues migrantes que han sido víctimas de abuso sexual, asaltos y amenazas por parte de personas que ubican como policías y agentes del INM. Son pocos los migrantes que deciden denunciar penalmente, y cuando lo hacen las autoridades le apuestan al desgaste, les abandonan y retardan las investigaciones, para garantizar impunidad”, explica Darwin Pereyra, activista defensor de los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual o Transexual (LGBT)
Sin embargo en este caso, Kendra, de 25 años, la mayor de los jóvenes homosexuales, ha participado en su país de origen en la defensa de los derechos de su comunidad, es educadora de la Asociación ASPIOTL-ARCOIRIS. Decidió que ya que habían huido de El Salvador, no se podía pasar por alto una nueva violación, un nuevo abuso, “de nuevo la impunidad, de nuevo regresar y correr el riesgo de ser asesinadas”.
El pasado 09 de febrero, cuando nuevamente debían de buscar otro lugar en Tapachula dónde habitar, “vimos que debíamos hacer público nuestro caso. Ya nos han echado (expulsado) del albergue en Tapachula, ya no nos contestan las llamadas en la Fiscalía ni en la SEGOB, no nos dejan trabajar, y no podemos regresar a nuestro país”, explicó Kendra.

“Fueron los de Migración”
En la averiguación previa 109FEDCCI-MTAR4/2014, la agente del Ministerio Público Evangelina Mendoza Ríos, recogió los testimonios de Kendra, Daniela y Nahomy. Entre la noche del 26 de diciembre y la madrugada del 27, cada uno de los tres hizo una narrativa de lo que vivieron horas antes.
“Salimos a las 6 de la mañana de El Salvador, el coyote al que le pagamos 4 mil dólares (cada una) nos llevó en autobús y ya cuando estaba obscureciendo cruzamos en balsa un rio (el Suchiate, que divide México y Guatemala)”.
“Ahí al otro lado estaba esperándonos otro señor quien estaba en una camioneta blanca con vidrios polarizados. Nos dijo que nos subiéramos que nos iba a llevar a Estados Unidos y nosotros nos subimos en la parte de atrás, se fue en marcha como unos 30 minutos, de ahí sentí que paro y el coyote se bajó y se oyó que estaban hablando con otros hombres.
“Después se abrió la compuerta y nos bajaron a punta de pistola y el coyote les dijo: YA SABEN LO QUE TIENEN QUE HACER· Nos bajaron cuatro hombres que estaban a la orilla de la carretera y nos llevaron hacia adentro de un matorral. Los cuatro sujetos que nos llevaron hasta el monte tenia uniforme caqui completo y tenían en la camisa de frente las letras  INM, los cuatro tenían armas grandes (…).
“Yo traía en mi pantalón mil dólares que me había mandado mi tía, saqué el dinero y se lo di pero me dio una pechada (bofetada), uno de ellos me pidió que le hiciera sexo oral, luego me levantó y me pegó una trompada”, explicó Daniela en su declaración.
Los tres sufrieron diferentes tipos de abuso sexual, golpes y humillaciones. Luego, “mientras estaban contando el dinero salimos corriendo a la carretera, en eso venía un carro chico, lo paramos y le contamos y nos dijo que viniéramos a denunciar y él nos pasó dejando (a las oficinas de la Procuraduría de Chiapas) porque dijo que era mexicano y que no era justo que los mexicanos nos hicieran eso a nosotros”.
Kendra, en su declaración, reafirma: “Yo estoy seguro que eran agentes de migración porque venían vestidos de uniformes color beige y sus camisas tenían iniciales del INM (…) El hecho de que seamos gay no significa que somos menos que nadie”.

“No podemos regresar”
Kendra, Daniela y Nahomy contactaron al activista Darwin Pereyra, en busca de apoyo. Luego que el activista publicara en su muro de Facebook que se trasladaba a la ciudad de Tapachula para ayudar a los tres homosexuales, “nos llamaron de la Fiscalía. Ya era bien noche pero nos dijeron que estaban bien preocupados por nosotros, y hasta nos pagaron un taxi para que llegáramos a sus oficinas”, explica Kendra.
Ahí, les pidieron que ratificaran su denuncia, “nos ofrecieron ayuda sicológica y dicen que ahora sí van a ver nuestro caso, que van a ir a Migración que van a ver lo de la visa humanitaria. Quedaron de avisarnos pero no sabemos si será cierto. La licenciada de SEGOB no nos contesta el teléfono y nosotras no podemos regresar (a El Salvador) porque haya estamos amenazadas de muerte”, explicó en entrevista.