Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reafirmó que a casi ocho años de la desaparición forzada de sus integrantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, está demostrado que el responsable de este crimen de lesa humanidad es el Estado.
El grupo guerrillero fundamentó su afirmación en que cada negativa de parte del Estado para informar, investigar y dar con el paradero de sus militantes, quienes fueron detenidos-desaparecidos el 24 de mayo de 2007, en esta capital, reconfirma su autoría.
A través de un comunicado, el grupo insurrecto mencionó que desde el momento que hicieron la denuncia pública y que posteriormente la Comisión de Mediación comprobó, así como pruebas documentales fehacientes revelan que lo el autor de estos crímenes de lesa humanidad es el Estado.
[pull_quote_center]Consideran que en “la infinidad de fosas clandestinas es donde ha pretendido sepultar las pruebas de los crímenes cometidos por el mismo Estado”.[/pull_quote_center]
En respuesta a la solicitud que hizo la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya al EPR para que aporte la información que pudiera ser útil para el esclarecimiento del caso, respondieron que tomaron nota cabal y puntual de lo que en su misiva comunican e informan y seguirán al pendiente.
La comisión esta integrada por Gilberto López y Rivas, Augusto César Sandino Rivero Espinosa, Leonel Rivero Rodríguez, Nadin Reyes y Margarita Cruz, familiares de los detenidos-desaparecidos; Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Concha Malo, Luis Daniel Vázquez Valencia, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Saravia y Pablo Romo Cedano, quienes exigen la presentación con vida de los eperristas.
La comandancia del grupo subversivo resaltó que coinciden plenamente con la comisión de que el avance de este caso impacta positivamente en la lucha nacional por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos de manera forzada por motivos políticos y sociales del país, y desnuda al Estado.
Entonces, la lucha por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy, se revela como necesidad histórica, puntualizó.
A pesar de la dictadura de opinión, a través de algunos medios como www.pagina3.mx, dan a conocer al pueblo sobre uno de los problemas más graves que vive el país, la detención-desaparición forzada que por su magnitud y consecuencias se confirma que es política de Estado contra el pueblo.
Insistieron en que la detención-desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya no es un hecho aislado, por el contrario, en su condición están cientos de miles de acuerdo a las últimas investigaciones.
También cuestionaron que esta comisión haya enfrentado una actitud política demagógica y burocrática, de los personeros e instituciones de la actual junta administrativa, como en su tiempo también lo fueron los gobiernos panistas, habitual práctica del Estado para atender, entre comillas, las legítimas demandas del pueblo.
La comisión denunció que a más de nueve meses de que el Poder Judicial de la Federación emitió una resolución para investigar la desaparición forzada de los integrantes del EPR, las autoridades federales han incurrido en un abierto desacato.
Y es que Procuraduría General de la República (PGR) se niega de manera expresa a ejecutar el mandato judicial al rehusarse a trasladarse a las instalaciones militares y citar a declarar a mandos castrenses sobre este caso.
[pull_quote_center]La Resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación, ordena que diversas autoridades, entre ellas, el Ministerio Público de la Federación -encargado de integrar la averiguación previa en que se investigan los hechos-, el Secretario de la Defensa Nacional, el Procurador General de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad, el Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Procurador de Justicia de Oaxaca, entre otras autoridades, se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento de Edmundo y Gabriel Alberto, incluyendo las instalaciones militares.[/pull_quote_center]
También ordenan que tomen comparecencia a los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), a funcionarios estatales o mandos militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, a fin de que declaren en relación a los hechos.
De igual forma, piden que se informen sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para, en su caso, realizar diligencias de identificación forense.
Mientras que la indagatoria sigue, cuatro teorías sobre la desaparición forzada de ambos luchadores sociales:
[pull_quote_center]Los desaparecidos fueron detenidos el 24 de mayo de 2007, en un hotel denominado “El Árbol”, en la ciudad de Oaxaca, y entregados al Ejército mexicano; fueron detenidos por el Jefe Regional de la AFI, en Oaxaca; fueron detenidos en un vehículo Volkswagen en la carretera México-Puebla por la Policía Federal de Caminos que fueron detenidos por la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, pertenecientes a la FEPAR, sin ser presentados ante una autoridad ministerial.[/pull_quote_center]
