Tres agentes de policía fueron acusados de tortura en el estado de Baja California tras el incansable trabajo de campaña de un sobreviviente de tortura, su familia y su abogado, con el apoyo de Amnistía Internacional. Esta es la primera consignación por tortura en un estado donde las denuncias de tortura son cuantiosas. A nivel federal, sólo existen siete condenas de tortura desde 1991, cuando la tortura se tipificó como delito en México.
Adrián Vázquez Lagunes fue detenido, amenazado, golpeado y semi-asfixiado durante 12 horas bajo custodia de la policía estatal en 2012. La Procuraduría General de la República lo acusó de portación ilegal de armas de fuego y de ser uno de los principales operadores del Cartel de Sinaloa haciendo caso omiso de sus denuncias de detención de arbitraria, tortura y fabricación de pruebas. Actualmente permanece en prisión, mientras que su juicio está en curso a pesar de que la única prueba relevante en su contra le fue plantada durante la tortura que sufrió.
«Este es un momento histórico para la justicia en Baja California, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Las autoridades mexicanas deben desistir de los cargos en contra de Adrián Vázquez y liberarlo de la cárcel inmediatamente. Al mismo tiempo, las autoridades deben continuar sus investigaciones sobre este terrible caso, llevar a todos los responsables ante la justicia y garantizar que esto no vuelva a suceder «, dijo Carolina Jiménez, Directora Adjunta de Investigación de Américas de Amnistía Internacional.
«Lamentablemente este es un ejemplo más de cómo las autoridades mexicanas pisotean la justicia en su carrera por la llamada “guerra contra las drogas”. La policía y las fuerzas armadas siguen utilizando la tortura y otros malos tratos contra personas en un intento de hacer arrestos apresurados, y al hacerlo, violan el derecho internacional. Esto no puede continuar».
Al ser puesto a disposición de la Procuraduría General de la República, Adrián Vázquez fue examinado por un médico legista. El médico llegó a la conclusión de que las lesiones sufridas por Adrián bajo custodia policial no ponían en peligro su vida y se curarían en 15 días. Tras esta evaluación, Adrián sufrió un colapso y fue trasladado de urgencia al hospital, donde le intervinieron quirúrgicamente para salvar su vida. El informe médico del hospital identificó múltiples lesiones causadas por golpes, incluyendo lesiones de pulmón y vejiga, además de trauma abdominal.
Duraron dos años para que las autoridades llevaran a cabo los exámenes médicos forenses de Adrián. Dicho informe no cumplió con las normas internacionales básicas establecidas en el Protocolo de Estambul. Este es un problema frecuente en México, las autoridades deben tomar medidas eficaces para garantizar que todas las víctimas de tortura tengan acceso a exámenes medico forenses oficiales adecuados.
«México debe asegurar que los expertos forenses oficiales sean independientes de las autoridades de procuración de justicia para garantizar que todas las víctimas de tortura tengan acceso oportuno a exámenes médicos forenses adecuados. Por otra parte, los exámenes forenses realizados por expertos independientes deben ser plenamente aceptados en el proceso penal, siempre y cuando cumplan con el Protocolo de Estambul», dijo Carolina Jiménez.
