Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Gabino Cué ignoraron la medida cautelar que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar la búsqueda y localización de 10 habitantes de Pochutla que se encuentran desaparecidos desde hace cinco años.
El Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (Barca) precisó que ante la omisión de los gobiernos estatal y federal, la familia de los desaparecidos presentaron un amparo para exigir a las autoridades la búsqueda y localización de quienes formaban parte de la cooperativa ecoturística de Zapotengo.
La defensora de derechos humanos Minerva Nora Martínez Lázaro hizo un llamado al gobernador Gabino Cué y a la Procuraduría General de la República (PGR) a tomar en serio el caso de la desaparición de 10 oaxaqueños en el estado de Tamaulipas, entre los que se encuentran un ex diputado del PRD y el agente municipal de Zapotengo, Pochutla.
Entre los 10 oaxaqueños desaparecidos el 13 de julio de 2010 se encuentran Andrés, Luis y Juan Carlos Vizarretea Salinas, Isauro Rojas Rojas, Nemorio Vizarretea Vinalay, Benito Salinas Robles, Antonio Feria Hernández, Adelaido Espino Carmona, Fidel Espino Ruiz y Gregorio Hernández Rodríguez.
Recordó que el 13 de abril de 2011 entregaron muestras de ADN a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para cotejarlas con los cuerpos encontrados en las narcofosas.
Según consta en la averiguación previa 289/(PE II)/2010, el ex diputado del PRD, Andrés Vizarretea Salinas y el agente municipal de Zapotengo, Gregorio Hernández, acompañados de otras ocho personas viajaron a Tamaulipas para comprar tres camionetas y a cinco años de su desaparición aún se desconoce su paradero.
Concepción Vizarretea Salinas relató que su hermana Dolores recibió el último mensaje donde les hicieron saber que ya se encontraban en Tamaulipas y después no se reportaron más, razón por la que procedieron a llamarles por teléfono y fue contestado por una persona que dijo ser de la Policía Federal.
Los familiares piden que les digan si están presos y si lo están en dónde y saber por qué y si están dentro de los cuerpos que aparecieron en las narcofosas, también saberlo porque quieren tener una tranquilidad y la certeza de decir aquí los tengo, los voy a enterrar, les voy a dar cristiana sepultura y, por lo menos, saber dónde llorar y dónde hacer mi oración, pero no los pueden tener así en la incertidumbre total”.
Consideró que “es inhumano que no les den la atención que merecen estás personas porque han querido escuchar su voz y nadie les pone la atención que merecen cuando es un compromiso del estado el atender y resolver este caso”.
Mencionó que ante la falta de atención y respuesta de las instituciones responsables y dentro del contexto nacional que se vive, donde ya un Relator de Naciones Unidas ha señalado que en México la Desaparición Forzada es generalizada, el Centro de Derechos Humanos accede a los mecanismos jurídicos existentes para hacer presente la demanda de los familiares que sigue vigente y es la búsqueda y localización de sus familiares.
Los familiares, dijo, a pesar de las dificultades económicas y físicas siguen buscando y articulándose con otros familiares de desaparecidos para participar activamente en la elaboración de la Ley General de Desaparición Forzada y en el estado de Oaxaca se trabaja también en una propuesta de iniciativa de ley en este tema.
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