Víctor Leonel Juan Martínez
Entre la #misióncumplida de la policía española al detener a Humberto Moreira acusado de lavado de dinero, a la “misión cumplida” del presidente Enrique Peña Nieto al recapturar al “Chapo” Guzmán, los separa no sólo un océano, sino un conjunto de valores y principios éticos sobre los labores del gobernante, que tiene que ver con un eje inmanente en ambos casos: la rendición de cuentas.
En el caso de la recaptura del Chapo, lejos estaría de festinarse con esa satisfacción del deber cumplido y esa celebración aldeana que incluyó la entonación del himno nacional y casi lágrimas tras lo que se presenta como una proeza histórica. Porque, para recapturarlo, primero tuvo que huir. Y en su periplo para salir de prisión hay muchos puntos oscuros y lejos están de deslindarse las responsabilidades institucionales, salvo las detenciones de funcionarios menores. La afrenta al Estado mexicano de Guzmán Loera en 2015 era y sigue siendo “imperdonable” para la estructura gubernamental, como lo había expresado antes el propio mandatario mexicano. Su fuga no sólo puso en entredicho el sistema de seguridad nacional, develó la opacidad gubernamental que, como en tantos otros temas, expresan la profunda falta de legitimidad que tienen las autoridades y que, de paso, arrastran a las instituciones.
Por eso el sarcasmo de la policía española es lapidario: detener al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, es enfrentar precisamente los temas que en México se eluden: la corrupción, la opacidad y la rendición de cuentas y que son los que caracterizan a los gobiernos mexicanos (federal, estatales y municipales).
El New York Times, en su editorial del lunes 4 de enero, señala con claridad “la terca resistencia de México a rendir cuentas” y enumera los principales pasivos en que el gobierno de la república no ha dado explicaciones: la “Casa Blanca” adquirida por su esposa con un crédito blando de HIGA, consorcio beneficiado con contratos de la administración tanto en el Estado de México como en el Gobierno federal; la fuga del Chapo y la “verdad histórica” sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa refutada por los Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De ahí el contraste de la acción de la justicia española. Es mensaje es claro: a los funcionarios mexicanos corruptos, en otros lugares si se les detiene y procesa. Y larga data tiene en el país esta situación. Uno tras otro, distintos gobernantes son señalados de enriquecimiento ilícito, violación grave de derechos humanos y nada pasa. Ahora mismo, hace rato que están en la mira el gobernador de Veracruz, el de Sonora. Los exgobernadores de Oaxaca José Murat y Ulises Ruiz; de Tamaulipas, de Aguascalientes, entre otros han sido señalados de lo mismo y nada pasa. Sólo al de Tabasco, Enrique Granier se encuentra recluido y en proceso.
Y son de todos los partidos quienes, en su momento, han tenido la complicidad de sus “opositores”, como la muestra la conversación telefónica filtrada en esta semana entre el exgobernador Ulises Ruiz y un dirigente perredista. Secreto a voces ha sido este juego de complicidades. En 2004 quienes se oponían a construir una candidatura de coalición entre partidos para enfrentar al PRI, eran las dirigencias locales del PAN y PRD, al servicio del muratismo. En 2010, quienes se opusieron a construir una candidatura de coalición entre partidos para enfrentar al PRI, eran las dirigencias locales del PAN y PRD, al servicio del ulisismo. En 2016 quienes se oponen a construir una alternativa contraria a los intereses del priismo y el peñanietismo … La historia podría continuar ad infinitum.
Es importante recordarlo porque hay un profundo déficit en materia de rendición de cuentas y transparencia y en este año habrán de ocurrir dos situaciones importantes para el tema: ¡) la creación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y la elección de 13 gobernadores, el de Oaxaca entre ellos.
El proceso electoral nos ilustra cómo los legisladores hacen leyes para que sus partidos los eludan, dejan lagunas por las cuales escapar, ponen candados para evitar castigar a quienes las conculquen: el ejemplo del partido Verde en el proceso 2015 es un buen ejemplo, pero no el único. La abierta propaganda electoral fuera de los plazos legales que muchos aspirantes hacen, no es sancionable gracias a esos resquicios que a propósito se dejan. Y hay que tener cuidado, las leyes del sistema anticorrupción pueden ser diseñadas con esa impronta.
Y las elecciones nos permitirán apreciar si algunos de los candidatos construyen una real alternativa en que la rendición de cuentas y la transparencia sea un eje central. Más allá de las bravuconadas, de la denuncia, en que todos los aspirantes caen ineludiblemente. Cómo construir garantías efectivas es el tema. Un primer paso, podría ser sacudirse a esos políticos deshonestos que rodean a los candidatos; sería un mensaje claro de que no se tolerarán estas acciones. Sólo que en algunos partidos y equipos la sangría sería inmensa. Pero constituiría un tránsito real entre la demagogia electoral, el discurso estéril, a la generación de opciones viables que enfrenten a lo que se ha constituido en el problema central del actual régimen: la corrupción y la falta de rendición de cuentas.
El proceso electoral en Oaxaca está en plena ebullición; veremos quién se atreve a dar ese paso.
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