SAN JOSÉ, 13 jul 2016 (IPS) – El mundo es hoy más rico que nunca pero también más desigual. América Latina y el Caribe no se eximen de esta realidad, pues la discriminación de género se suma con otras desventajas y discriminaciones basadas en la condición socioeconómica, ubicación geográfica, raza, origen étnico, sexualidad o discapacidad, y limita seriamente las oportunidades y proyectos de vida de millones de mujeres y niñas.
El tiempo y el compromiso para revertir esto es ahora. Estamos ante un parteaguas a nivel global, regional y nacional, en el marco de la aprobación unánime de los Estados Miembros de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus respectivos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta es una agenda sin precedentes, basada en la universalidad del derecho al desarrollo, de los derechos humanos y de la igualdad de género, y en el principio de no dejar a nadie atrás en el camino hacia sociedades más prósperas, resilientes, justas, incluyentes y sostenibles.
ONU Mujeres propone utilizar la plataforma que ofrece la Agenda 2030 y los ODS para alcanzar un Planeta 50-50 en el 2030: Un mundo con plena igualdad entre mujeres y hombres, y el pleno ejercicio de los derechos humanos en todos los sectores y ámbitos.
El empoderamiento económico de las mujeres es una pieza angular y un vehículo transformador para que esto pase con mayor celeridad y hoy está cobrando más importancia que nunca para que en América Latina y el Caribe las economías sean más prósperas, resilientes y con mayor igualdad de género.
Mundialmente, las mujeres suelen estar desproporcionadamente representadas en los trabajos con baja remuneración. Más de 75 por ciento de los empleos de las mujeres son informales, carentes de protección social y están totalmente al margen de la legislación laboral.
Entre 1990 y 2013, el mayor aumento de todas las regiones en la participación de las mujeres en la fuerza laboral se dio en América Latina y el Caribe, que pasó de 40 por ciento a 54 por ciento.
Si bien ha mejorado, la participación femenina en el mercado laboral, la participación de los hombres es de 80 por ciento. Sin embargo, el trabajo informal todavía es la norma en esta región, en donde 59 por ciento de los empleos de las mujeres son informales y el trabajo doméstico, que generalmente es informal, no está protegido por la legislación laboral, pero representa 15 por ciento de la mano de obra femenina.
A pesar de ciertos avances, la segregación y discriminación económica de las mujeres persiste, particularmente basados en el orden de género en el ámbito doméstico, brechas de informalidad y en el acceso a la seguridad social.
La aprobación e implementación del convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos se hace especialmente relevante a la luz de esto. Ya hay un avance regional con Uruguay como primer país en ratificarlo a nivel mundial en 2012 y, desde entonces, 12 países de la región se han sumado, constituyendo más de la mitad del total de los 22 países ratificantes en el mundo.
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