Jaime GUERRERO
OAXACA, (#página3.mx).- Oaxaca es un polvorín de conflictos. A la fecha acumula 31 conflictos sociales, entre ellos, el magisterial, lo cual convierte a la entidad en la segunda más conflictiva del país, sólo superada por Chiapas, según un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En ese informe destacan 15 conflictos relacionados con proyectos mineros o energéticos.
La instancia federal apunta que en la mayoría de los casos el origen de los conflictos se ubica en la falta de reconocimiento a los derechos indígenas y explicaba que la ausencia de garantías había “configurado un escenario de confrontación, gestando conflictos en las comunidades donde no se resolvían los ya existentes”, con lo que se afectaba “gravemente a los pueblos y la gobernabilidad democrática”.
Entre las inconformidades, ahora destacan la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa y los hechos en Nochixtlán el pasado domingo 19 de junio.
Los conflictos agrarios tienen otro tratamiento de la Segob, además de los político-electorales.
El diagnóstico de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Segob reconoce que a la pobreza, marginación, desempleo y bajos salarios se suman desplazamientos continuos y el despojo de las tierras.
Entre las causales más visibles está la proliferación de concesiones a la industria extractiva, y el impacto directo de megaproyectos en sus hábitats y regiones.
Es frecuente el saqueo de sus recursos naturales, así como el allanamiento de sus centros ceremoniales. Tampoco tienen certeza jurídica en la impartición de justicia y recurrentemente son violados sus derechos humanos.
- La mayoría de los conflictos atendidos tiene su origen en la ausencia de consulta a los pueblos originarios para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los proyectos que se pretende llevar a cabo en sus territorios, por lo que es necesario respetar todos sus derechos.
Para contribuir a la reducción del nivel de desigualdad y favorecer la difusión de derechos y oportunidades, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México busca el dialogo permanente con representantes de pueblos y comunidades.
En él se han tratado los conflictos que enfrentan en sus regiones, principalmente por falta de reconocimiento a su derecho de ser consultados e informados antes del otorgamiento de permisos a proyectos hidroeléctricos, concesiones mineras, parques eólicos, ciudades rurales, entre otros.
Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, del comité directivo de la organización civil Educa, señaló que otro ingrediente son las elecciones que terminaron con el regreso del PRI y cancelando la incipiente alternancia en la entidad.
A juicio del activista, hay una percepción de fraude en sectores de la población que no encontraron una fuerza que catalizara su inconformidad.
Otro aspecto tiene que ver con las otras reformas estructurales y su impacto en Oaxaca, como lo son las energéticas.
Vázquez de la Rosa refirió que junto con Oxfam, Educa estudió el impacto de los proyectos energéticos en Oaxaca y sus conclusiones son devastadoras. Las inversiones en la refinería de Salina Cruz, los parques eólicos y las minas, lejos de generar desarrollo provocaron una profunda desigualdad.
Un tercer aspecto, considera Miguel Vázquez, es que “hay una línea de transición de 2006 que polarizó a la sociedad oaxaqueña, estigmatizó no sólo a la CNTE sino a todas las organizaciones sociales, provocando encono, odio, señalamientos y estigmas”.
Dos estudios de Educa, basados en información oficial, muestran que en la entidad hay 35 proyectos mineros en activo pero 407 concesiones mineras que aún no se explotan.
Vázquez de la Rosa refirió que documentaron casi medio centenar de proyectos hidroeléctricos en etapa de estudio.
Además, sumó los parques eólicos que ahora saturan la fisonomía del paisaje del Istmo de Tehuantepec.
La revisión de datos permite observar que es el Istmo donde se ubica la mayor parte de los proyectos energéticos; y en la Mixteca y los Valles Centrales, el mayor número de concesiones mineras.
Todos los conflictos existían antes de Nochixtlán, pero lo ocurrido ahí los articuló, considera Vázquez de la Rosa.
El activista, señala que una referencia obligada es el conflicto de 2006, no obstante, esta vez se encuentran en todas las regiones del estado.
Entre ellos, los pueblos mixes o ayuuk; zapotecos del Istmo, Sierra Juárez y Sierra Sur; los mixtecos; los tacuates y los huaves o ikoots salieron a expresar su indignación por el desprecio “que los gobernantes tienen por los derechos humanos”. Denunciaron la flagrante violación al derecho a la vida de los paisanos mixtecos movilizados en apoyo al movimiento magisterial.
De igual forma en el sector Zoogocho, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez y los mixes en Tamazulapan del Espíritu Santo exigieron el retiro de la Policía Federal y la Gendarmería, al tiempo que pidieron al pueblo de México no tolerar la represión y la criminalización de la protesta social.
