Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- La Fracción Parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una Iniciativa de reforma constitucional -a los Artículo 59, 118 y 119- para eliminar la declaración de procedencia y, por consiguiente, el fuero de que gozan los Diputados locales, el Auditor Superior del Estado y los Sub Auditores.
También busca eliminar de ese beneficio a los Secretarios de Estado, el Fiscal General y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; así como los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, incluyendo a los Consejeros de la Judicatura y a los titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos.
La propuesta fue turnada a comisiones.
Al subir a tribuna, el coordinador de la bancada de Morena, Irineo Molina Espinoza, argumentó que la igualdad de las personas ante la ley es el principio esencial para el establecimiento de un Estado democrático y un régimen garante de los derechos humanos.
Destacó que la Ley es igual para todos y nadie será juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, garantizado así que ninguna persona tenga privilegios o canonjías que le distingan del resto de la población, máxime cuando es una premisa fundamental del Estado erradicar toda desigualdad objetiva entre los gobernantes y los gobernados.
Sin embargo, indicó que de manera contradictoria, la Constitución local vigente, establece y regula el “fuero constitucional”, como una garantía de inmunidad procesal que consiste en que determinados servidores públicos no puedan ser procesados penalmente por delitos cometidos durante su encargo, sin que previamente se inicie un procedimiento sancionador especial para retirarles la inmunidad conferida por la ley.
Toca a la Comisión Instructora del Congreso, sustanciar el procedimiento que pueda dar lugar a la aprobación del pleno del Congreso local, en su caso, de la denominada “declaración de procedencia”.
No obstante, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido al fuero constitucional como “un privilegio que se le otorga a determinados servidores públicos […] y que está en relación directa con el ejercicio de la acción penal ante las autoridades jurisdiccionales competentes.”
Para la doctrina jurídica, agregó, el fuero constitucional es “el derecho que tenían los llamados altos funcionarios para que antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados resolviera sobre la procedencia o no del mencionado proceso penal”.
Respecto a la declaración de procedencia, éste “constituye un decreto de la Cámara de Diputados que afecta la situación de un servidor público suspendiéndolo de su función y sometiéndolo a la autoridad del juez en materia penal que conozca del asunto.”
De acuerdo a Molina Espinoza, el fuero constitucional y la declaración de procedencia son figuras que transgreden el orden jurídico y propician la desigualdad entre los servidores públicos y los ciudadanos.
“Con justa razón la sociedad exige la eliminación de esos privilegios, porque al amparo de la inmunidad se han cometido actos de corrupción, hechos de ilegalidad y graves violaciones al estado de derecho, generando en la población rechazo generalizado y condena, porque su vigencia favorece plenamente a la impunidad”, lamentó.
De aprobarse la reforma, cada uno de los servidores públicos referidos podrá ser sujeto de proceso penal en caso de que se le impute o acredite la comisión de algún delito y sin que se requiera la declaración de procedencia.
“De manera que aquellos que cometan algún delito y sean denunciados por ello, deban comparecer sin distinción alguna ante las autoridades competentes y someterse al imperio de la Ley, como así lo hacen el resto de los ciudadanos”, destacó.
Molina Espinoza, refirió que como representantes populares, tienen el compromiso de fomentar la legalidad, la justicia y la ética en el servicio público y legislar para eliminar el fuero que otorga la legislación local a los servidores públicos y recobrar la confianza de la ciudadanía en el Poder Legislativo y las instituciones.
De ase así, se sentaría un precedente en materia de combate a la corrupción y de la impunidad, como así lo han hecho los Congresos locales de los Estados de Querétaro, Jalisco y Campeche.
