Diana MANZO/ Corresponsal
Juchitán, Oax., (página3.mx).- La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, acompañada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), presentó un amparo en los Juzgados de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, ante la posibilidad de que las autoridades federales, estatales y municipales otorguen concesiones para la instalación de tres parques eólicos en dicha localidad que pertenece al Istmo de Tehuantepec.
El amparo argumenta la falta de consulta para la instalación de cualquier proyecto por parte de las siguientes empresas eólicas: EDF y/o Eléctrica del Valle de México; GAMESA; y Eólica Unión, por lo que unos 800 habitantes de Unión Hidalgo ( sociedad civil y comuneros), decidieron interponer este recurso legal con base en documentación de hechos que han ocurrido en la localidad que son despojo y violación de sus derechos humanos.
El coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC, Juan Antonio López dio a conocer que el amparo lo que busca es que no se de ningún inicio de trabajo de instalación, deforestación o afectaciones a los caminos de parte de las tres empresas eólicas que intentan ubicarse en esta localidad.
El abogado explicó que el panorama para Oaxaca derivado de las declaraciones hechas por el alcalde de Unión Hidalgo, Wilson Sánchez Chévez y del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, es que se implementaran nuevos parques eólicos en esta región oaxaqueña, por lo que a través de esta sentencia jurídica se tiene que privilegiar el derecho a la consulta, tal y como lo estipula el convenio 169 de la OIT que dice que debe ser libre, previa e informada.
“Lo que sabemos es que quieren colocar nuevas turbinas eólicas en tres zonas de la localidad: zona agrícola de riego, zona donde existe un conflicto de limites de tierras y el tercero en la periferia de la comunidad, lo cual ha generado preocupación entre la mayoría de los habitantes, pues una gran parte rechaza el proyecto”, dijo.
Enfatizó que urge garantizar que se respete el derecho de las comunidades al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada, ya que “de no hacerlo se corre el riesgo de repetir atropellos como los que han cometido otras empresas eólicas en la región del Istmo de Tehuantepec”.
Juan Antonio López advierte que “el desarrollo de Oaxaca y de México debe respetar los derechos humanos y sobre todo, el derecho de los pueblos y las comunidades a elegir su propio desarrollo”.
También señaló que “el gobierno estatal de Oaxaca y el municipal de Unión Hidalgo deben brindar y asegurar certeza jurídica y acceso a la justicia para las comunidades y los pueblos que de manera legal y pacífica se encuentran en procesos de defensa de su tierra, territorio y bienes naturales”.
En los últimos años, el incremento de parques eólicos en la región ha representado un aumento a las violaciones de los derechos humanos de las comunidades que habitan en la zona, tales como el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. A la par, se han registrado casos de hostigamientos y amenazas en contra de las comunidades. A esto se suma la falta de cumplimiento por parte de las autoridades para garantizar la protección de la comunidad.
“La falta de consideración de la calidad de la tierra, así como los usos y costumbres de los pueblos que la habitan afecta la propiedad y posesión de la comunidad agraria de Unión Hidalgo”, dijo.
Como muestra de esta afectación constan las violaciones a derechos humanos que desde el año 2011 enfrentan las y los poseedores de las tierras de Unión Hidalgo luego de que la empresa Desarrollos Eólicos de México, S.A. de C.V. (DEMEX), filial de la española Renovalia Energy, orillara a la comunidad a firmar contratos de arrendamiento con poca información, proporcionada en español a pesar de que en la región se habla zapoteco, y sin contar con datos sobre las consecuencias negativas que implicaría el proyecto en su territorio.
Al firmar los contratos no se respetó el carácter comunal de la tierra, ya que en los documentos se asentó la calidad de las personas que firmaban como pequeños propietarios y no como comuneros. Por ese motivo las y los posesionarios de Unión Hidalgo interpusieron una demanda para solicitar la nulidad de esos contratos. Este proceso aún continúa en los tribunales.
