Jaime GUERRERO
OAXACA, (página3.mx).- La Presidenta Municipal de San Juan Bautista lo de Soto, Samantha Caballero Melo, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional, contra la negativa del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el Secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas, de ministrarle los recursos del ramo 28 y 33, los cuales ascienden a más de 2 millones de pesos, mensuales.
También, informó que el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de San Juan Bautista Lo de Soto, presentó ante la LXIII Legislatura, la solicitud de revocación del mandato del Síndico municipal, Pablo Anica Valentin, por impedir el funcionamiento del Ayuntamiento y la prestación de los Servicios necesarios como alumbrado, agua, recolección de basura, porque desde el 1 de enero, tiene retenidos vehículos oficiales en una casa particular.
Lamentó que no exista ningún apoyo por parte de la Secretaría de la Mujer, que tutela Miriam Liborio Hernández.
De acuerdo con López Sánchez han pasado 5 meses; sin embargo, Caballero Melo no ha podido desempeñar su cargo y en el proceso ha sido víctima de violencia política por parte de diversos actores locales, principalmente del Síndico Municipal, quien busca ocupar el cargo de presidente municipal.
En conferencia de prensa, acompañada de integrantes del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, recordó que desde el pasado 1 de enero, el Síndico Municipal, Pablo Anica Valentín, expresó que dejaba la primera concejalía solo por forma pero que él iba a ser la persona que iba a mandar en el municipio.
Ante los diversos hechos de violencia política, Samatha Caballero presentó un Juicio de Derechos Ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) el cual acreditó como violencia política de género las acciones contra la presidenta municipal, hechos que ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Una de las formas para obstaculizar el pleno desempeño del cargo de la presidenta municipal son los recursos económicos destinados para el municipio, los cuales no han sido enviados, a pesar de que el próximo primero de junio se cumplirá medio año de que la presidenta tomara el cargo.
De acuerdo a López Sánchez, al bloquear los recursos, la Secretaría de Finanzas del Estado revíctimiza a la presidenta municipal y coadyuva a la violencia en su contra, lo cual impacta directamente en la población pues hasta a fecha no se han realizado obras ni avances en beneficio de la comunidad.
Han pasado 5 meses, sin embargo no ha podido desempeñar su cargo y en el proceso ha sido víctima de violencia política por parte de diversos actores locales, principalmente del Síndico Municipal, Pablo Ánica Valentín, quien busca ocupar el cargo de presidente municipal.
Por ello, interpuso un Juicio para la protección de derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, quien al resolver el expediente TEEO/JDC/13/2017 determinó violencia política de género y ordenó restituir en su cargo a la Tesorera Municipal.
Esa resolución fue impugnada ante la Sala Xalapa del Poder Judicial de la Federación, quien determinó confirmar la sentencia del TEEO en el expediente SX-JE-25/2017 y acumulados SX-JE-26/2017 y SX-JE-27/2017.
En la sentencia, se vinculó al Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, para generar condiciones a fin de ejerciera sus derechos políticos electorales, en la vertiente de ejercicio del cargo.
Con las resoluciones antes señaladas, se solicitó a la Secretaría de Finanzas ministrara los recursos económicos que corresponden a mi municipio por concepto de ramo 28 y 33 provenientes de la Federación. Ante dicha petición, primero de manera verbal, le indicaron a la munícipe, que por instrucciones superiores no era posible, posteriormente mediante oficio le indican que debían presentar un acta de cabildo municipal.
Caballero Melo refirió que el día 11 de mayo de 2017, al acudir a conocer la respuesta, en la Secretaría de Finanzas, verbalmente le manifestaron que no le iban a entregar los recursos por instrucciones superiores, por lo que al no haber ningún otro recurso que hacer valer, nos vemos en la necesidad de acudir con la presente demanda de controversia constitucional.
Habitante pagan servicios y no hay atención médica
En medio de la negativa del Gobierno del Estado, refirió que la población ha realizado cooperaciones económicas para pagar los servicios e energía eléctrica que fue suspendida durante 3 días, para ello, cada familia tuvo que cooperar 360 pesos, a fin de evitar la suspensión definitiva de este servicio público.
El servicio de agua se suspendió durante 15 días, las personas de la comunidad se han visto en la necesidad de comprar pipas de agua y en muchos casos dejaron de mandar a sus hijos e hijas a la escuela porque no podían asearse y por las insalubres condiciones de los baños escolares.
Respecto, al servicio de recolección de basura, está suspendido desde hace más de tres meses, lo cual obligo a los habitantes de la comunidad a organizarse y hacer comisiones para la recolección, asimismo, con el apoyo de un vecino, quien ha facilitado su tractor agrícola, se ha podido mover al lugar correspondiente.
En tanto, indicó que los servicios de salud son muy limitados, ya que el municipio no cuenta con recursos para la compra de medicamentos y materiales necesarios para la atención de pacientes ni con el servicio de ambulancia que está suspendido porque el vehículo está retenido en una casa particular del Síndico Municipal.
De igual manera, la policía municipal no cuenta con las patrullas para el desempeño de sus funciones, la inseguridad que aqueja a la región Costa se agudiza en el municipio, dado que las patrullas que sirven para tal fin están retenidas por el Síndico en su domicilio particular.
“Toda esta situación, también me lleva a la necesidad de plantear la presente controversia constitucional, pues no existe ningún otro recurso legal que hacer valer para controvertir actos inconstitucionales como los que ha ordenado el Gobernador del Estado y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Necesitamos el recurso”, argumentó.
En tanto, López Sánchez, confió en que la SCJN, mandate a la Secretaría de Finanzas, la mnistración de recursos porque comete un acto ilegal, al retener los recursos, una vez que son transferidos por la federación. “El recurso ya entró al gobierno del estado de los ramos 28 y 33. Son los recursos necesarios para el funcionamiento del ayuntamiento y prestación de servicios básicos”, aseguró.
