Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se ha convertido en la aduana política para ejercer acción administrativa, penal a criterio y de manera discrecional, se parece más a un refugio de la impunidad y en uno de los mayores impedimentos para acción contra los funcionarios que cometan ilegalidades y malversación de recursos.
Al señalar lo anterior, el Coordinador de la Bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza Reyes, propuso una reforma al artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior de Oaxaca, para que retome su antigua redacción, eliminando toda referencia a la autorización por parte de la Junta de Coordinación Política, para ejercer acción penal contra servidores y ex servidores públicos que malversen recursos.
En tribuna, Mendoza Reyes, recordó que el 15 de Septiembre de 2016, la LXII Legislatura, reformó diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, entre ellas el artículo 38, para establecer: “para proceder penalmente en contra de los funcionarios de elección popular y de los previstos por el artículo 118 de la Constitución Política, que se encuentren en funciones o hayan dejado de fungir como tales, por delitos cometidos con motivo de su encargo, se requerirá querella del Auditor Superior del Estado, previa autorización de la Junta de Coordinación Política”.
Actualmente, ese artículo, establece un requisito de procedibilidad consistente en que antes de que el titular de la Auditoría Superior del Estado presente la querella correspondiente ante el Ministerio Público requiere forzosamente la autorización de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
La reforma al artículo 38, desde su aprobación, generó inconformidad de especialistas en materia de fiscalización, dado que se trata de un requisito que representa un obstáculo para el debido ejercicio de las acciones penales que corresponden a la Auditoría Superior del Estado.
Además de convertir a la Junta de Coordinación Política en una instancia revisora de los procedimientos de fiscalización, en demérito de la autonomía operativa de la Auditoría, pero además, colocándola sospechosamente como instancia extrajudicial y de protección a la impunidadbajo criterios de coyuntura económica o política.
Mendoza Reyes, dijo que la intervención de la Junta de Coordinación Política no puede tener cabida en el nuevo sistema estatal de combate a la corrupción. “Dicha intervención rompe con el principio de igualdad ante la ley, que fundamenta el ejercicio del poder público, y que debe regir sin excepción alguna”.
Por ello, planteó la modificación del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, a efecto de que retome su antigua redacción, eliminando toda referencia a la citada autorización por parte de la Junta de Coordinación Política.
Y es que dijo que la aduana política en la que se ha convertido al Junta de Coordinación Política para ejercer acción administrativa y penal a criterio y de manera discrecional, se parece más a un refugio de la impunidad y en uno de los mayores impedimentos para la confirmación definitiva de la cultura de la legalidad, cuyo principio básico debe ser el sometimiento consciente y voluntario a un sistema de normas generales y justas, que se aplican sin salvedades.
Mendoza Reyes, urgió a acotar el poder las élites políticas y borrar por completo cualquier resquicio de autoritarismo o privilegio político.
