En julio de 2017, el gobierno capitalino encabezado por Miguel Ángel Mancera aceptó en su totalidad la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad (CDHDF) emitió por las graves irregularidades ocurridas en la investigación del multifeminicidio de cuatro mujeres y el homicidio de un periodista en un departamento de la colonia Narvarte en 2015. Pero hasta ahora, dicha recomendación no se ha cumplido.
Así lo señala un reporte oficial de la CDHDF sobre el seguimiento de esta recomendación, el cual muestra un avance promedio de apenas 31 por ciento en el cumplimiento global de la misma, sin que uno solo de los 16 puntos dirigidos a la Procuraduría de la ciudad –dependiente del gobierno capitalino- se haya cubierto al cien por ciento. Incluso, hay algunos donde el estatus de avance es del cero por ciento.
Los abogados de las víctimas confirmaron que al día de hoy ninguna de los puntos recomendatorios se ha cumplido. Entre esos puntos está elaborar un plan de investigación que permita agotar distintas líneas abiertas y esclarecer la verdad de lo ocurrido, así como reconocer públicamente la responsabilidad en las anomalías de la investigación y pedir perdón a las víctimas.
“La recomendación está absolutamente incumplida, no hay ni un punto que podamos establecer como resuelto o como cumplido de parte del gobierno de la ciudad lo que es lamentable. Ocurre lo de otras recomendaciones: la aceptan porque si no vendría un recurso de impugnación pero en la práctica no se ha hecho casi nada. El Caso Narvarte reveló problemas estructurales y que se tienen que corregir en la procuración de justicia, pero lamentablemente no se ha hecho”, dijo Karla Michelle Salas, una de las abogadas.
Por su parte, la Procuraduría capitalina reconoció a Animal Político que no ha cumplido a cabalidad con toda la recomendación, aunque dijo que ha enviado pruebas de haber cumplido con seis puntos recomendatorio, sin que la CDHDF les haya dado respuesta. También señaló que son las víctimas las que no han aceptado hasta ahora las propuestas que se han planteado sobre indemnización y disculpa pública.
El multihomicidio en la colonia Narvarte (conocido como caso Narvarte) ocurrió el 31 de julio de 2015 en un departamento de la calle Luz Saviñón. Las víctimas (la defensora de derechos humanos Nadie Vera, la estudiante Yesenia Quiroz, la trabajadora Alejandra Negrete, la modelo Mile Virginia y el fotoperiodista Rubén Espinosa) fueron asesinadas de disparos de armas de fuego en la cabeza. Algunos además padecieron tortura antes de ser asesinados.
Se trató de un crimen que afectó, en un solo hecho, a tres grupos vulnerables: los defensores de derechos humanos, los periodistas y las mujeres. Pese a ello, la CDHDF concluyó que la Procuraduría hizo una investigación plagada de ineficiencias, que no solo no esclareció lo ocurrido (pese a haber tres detenidos) sino que su vez violó por lo menos cinco derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.
“La administración de Miguel Ángel Mancera tuvo la oportunidad de resolver con los más altos estándares este caso que afectó a tantos grupos vulnerables pero no lo hizo y queda como uno de los grandes fracasos. Pero a partir de este 5 de diciembre esa responsabilidad es ahora del gobierno de Claudia Sheinbaum que esperamos que cumpla con esto”, dijo la abogada Salas.
A continuación se mencionan algunos de los principales puntos de esta recomendación y el estatus de cumplimiento en el que se encuentran reportado por la CDHDF, así como el análisis de los abogados. También se detalla la posición oficial de la PGJDF en el caso.
Punto recomendatorio:
Preparar un plan de investigación para esclarecer el caso
Grado de avance: 67%
La CDHDF había pedido a la Procuraduría de la ciudad que en un plazo no mayor a los 90 días elaborara un “plan integral de investigación” a través del cual se subsanaran las deficiencias registradas hasta ahora, y se exploraran todas las líneas de investigación abiertas que permitieran esclarecer el motivo del multihomicidio y la verdad de lo ocurrido.
Pero hasta la fecha ya pasaron cerca de 500 días sin que dicho plan se haya terminado de diseñar y menos de implementar.
Karla Salas explicó que el grado de avance que se reporta en el cumplimiento de este punto tampoco obedece a un trabajo que haya hecho por iniciativa propia la Procuraduría, sino a un documento con diligencias que los propios abogados que representan a las víctimas solicitaron y que incluso tuvieron que ampararse para que se lleven a cabo.
“Hay un primer borrador elaborado por la procuraduría local que se reduce a un listado de diligencias pendientes por realizar y es todo (…) Con un amparo ganamos que se hicieron algunas diligencias, y parte es lo que presenta ahora como un plan de investigación es eso. Pero ese documento dista mucho de ser un plan”, dijo la abogada.
Punto recomendatorio:
Agotar todas las líneas de investigación del caso, incluidas las relacionadas con la actividad de las víctimas
Grado de avance: 17%
La Comisión pidió a la Procuraduría que realice las acciones necesarias para verificar todas las posibles líneas de investigación y móviles del homicidio, entre ellas lo relacionado con el trabajo de activismo de Nadie Vera y de periodismo de Rubén Espinosa, quienes semanas antes del homicidio abandonaron Veracruz acusando persecución del gobierno de Javier Duarte.
El avance en el cumplimiento de este punto es mínimo. No llega ni a 20 por ciento. Salas subrayó que mientras no se desahoguen las líneas de investigación pendientes en el cado, no se puede cumplir el derecho a la verdad que marca la Constitución y por ende el caso está en la impunidad.
“Hay tres personas detenidas que la Procuraduría dice que fueron los asesinos pero es todo. No sabemos quién es el autor intelectual, no hay un móvil esclarecido. Hay cabos sueltos como las armas utilizadas y si se usaron silenciadores o no, lo que a su vez podría vincular el caso con delincuencia organizada. Pero nada de eso tiene respuesta a más de tres años del caso”, dijo Salas.
Punto recomendatorio:
Investigar y sancionar a funcionarios responsables de haber filtrado datos del caso, entre otras irregularidades
Grado de avance: 17%
La Comisión pidió a la Procuraduría investigar y sancionar administrativa y/o penalmente a los funcionarios ligados a la investigación que ilegalmente filtraron datos de la misma, situación que, entre otras cosas, contribuyó a revictimizar a las personas que fueron asesinadas, afectando además el sentido de la indagatoria. Esto entre otras irregularidades,
La Comisión había solicitado que en un plazo de 30 días se tuvieran avances al respecto pero, hasta el día de hoy, se reporta un cumplimiento mínimo.
La abogada Karla Michelle Salas dijo que sobre este tema las víctimas no tienen ningún tipo de claridad ya que la Procuraduría es omisa en dar detalles de la investigación interna que lleva a cabo. Dijo que solo supieron del caso de un policía de investigación que fue detenido pero que ya quedó libre.
“Aquí más bien parece lo contrario. Parece que la negligencia e ineptitud se premia, el propio subprocurador de averiguaciones previas centrales (Edmundo Garrido) que estuvo al frente del caso lo volvieron Procurador. Y luego había un encargado, un coordinador de agentes del MP que lo cambiaron y lo volvieron jefe antisecuestros. Ningún castigo para nada” dijo la abogada.
Punto recomendatorio:
Reconocimiento público de responsabilidad y perdón a las víctimas
Grado de avance: 26%
La CDHDF le pidió a la Procuraduría capitalina que en un plazo no mayor a 60 días hiciera un acto de reconocimiento público de las responsabilidades en que incurrió al desarrollar una investigación deficiente, y admitiera la afectación que esto ocasionó a las víctimas indirectas, es decir, a los hermanos, hijos y padres de las personas asesinadas en los hechos.
Dicho plazo ya se venció hace más de un año y hasta ahora el evento no se ha realizado. La CDHDF reporta un escaso avance en el cumplimiento de este punto recomendatorio.
De acuerdo con Karla Salas, uno de los elementos que ha atorado este tema es que el procurador en la gestión de Mancera, Edmundo Garrido, se negó a encabezar este acto, pese a que él estuvo a cargo inicialmente del caso y a que era el máximo funcionario de la dependencia.
A ello se suma, explica la abogada, que la redacción que se había propuesto hacía parecer a este reconocimiento como un trámite para cumplir con la recomendación y no como una aceptación honesta de responsabilidad.
Punto recomendatorio:
Indemnizar a las víctimas por daño material e inmaterial
Grado de avance: 22%
La recomendación dio un plazo de 120 días a la Procuraduría para que indemnizara integralmente a las víctimas, y estableció diversas circunstancias que tenían que tomarse en cuenta para el cálculo de las mismas, como la situación económica de los familiares cercanos a las personas asesinadas, el grado de vulnerabilidad, etcétera.
Hasta ahora dicha indemnización no se ha otorgado y el grado de avance es apenas de 22 por ciento. Karla Salas explicó parte de la situación que ha complicado que este apoyo se otorgue:
“Se hizo una presentación de una propuesta de la procuraduría que no cumplía con ningún tipo de estándares en derechos humanos. Una indemnización no es un enriquecimiento de las familias sino un reconocimiento, pero no quieren indemnizar a todas las personas que son las victimas indirectas, solo a determinados hermanos y no a todos”, sostuvo la abogada.
Nota completa: https://www.animalpolitico.com/2018/12/narvarte-recomendacion-cdmx-gobierno-incumple
