Jaime GUERRERO

OAXACA (#pagina3.mx).- Tras la reducción de más de 1 mil 600 millones de pesos en materia de prevención del delito a nivel nacional, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, el Coordinador de los Senadores del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Bolaños Cacho Cué, propuso una iniciativa de Reforma para que los recursos confiscados a la delincuencia, a través de la Extinción de Dominio, se destinen a otorgar becas de educación básica y media superior.

De acuerdo al legislador federal, parte los recursos de los bienes confiscados, cuyo dominio haya sido declarado extinto mediante sentencia ejecutoriada después de la intervención del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes ( SAE) se deben, destinar a acciones de prevención del delito.

Lo mismo, al otorgamiento de becas en educación básica y media superior, ya que se considera que a través de la educación, se puede incidir positivamente en los índices de violencia e iniciar un proceso de reconciliación nacional.

Y debido a que no existe información pública de los recursos que se han obtenido del fideicomiso derivado de la extinción de dominio, pidió que la Fiscalía General de la República, informe trimestralmente sobre el manejo de estos recursos.

Bolaños Cacho Cué, explicó que la reducción de 1 mil 600 millones de pesos para la prevención del delito, se debió a que desapareció el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Sin embargo aseguró que existen fundamentos legales que establecen a la prevención del delito como eje de las políticas de seguridad pública, como se describe en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública respecto a la prevención del delito, se plantea que se buscará la construcción de la paz mediante la prevención y la reducción de la violencia entre grupos y personas, a través de acciones de prevención, como son facilitar el acceso de las personas a salud, educación, trabajo y vivienda, entre otros satisfactores.

“Se considera que es un gran acierto que la Estrategia Nacional contemple la prevención del delito, ya que existe suficiente evidencia empírica y experiencias internacionales que demuestran que las políticas de prevención influyen, de manera importante en la disminución de la incidencia delictiva, pero sobre todo, contribuyen a la recomposición del tejido social y al fomento de la cultura de la legalidad, elementos claves en la reingeniería que este gobierno ha emprendido en materia de seguridad pública” se argumentó en la propuesta.

Bolaños Cacho Cué, advirtió que para que la prevención del delito tenga los mejores resultados es fundamental que se destinen recursos suficientes, ya que en el PEF 2019 se asignó un monto de cerca de 172 mil 300 millones de pesos para “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivo”, además de que se estableció un porcentaje a la prevención social de la violencia y la delincuencia, aunque no es representativo.

Ante este escenario presupuestal, el senador del Partido Verde, aseguró que es imprescindible que se destinen mayores recursos en materia de prevención y, en específico, a la atención de los factores de riesgo, entendidos como aquella situación del tipo individual, familiar, escolar o social que incrementan las probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas.