Texto: Jaime Guerrero.
Imagen representativa: The New York Times.
El Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Uso y Destino de los Recursos Asignados a Trabajos de Reconstrucción de los Municipios Afectados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre del 2017, Pavel Meléndez Cruz, señaló que hubo mala aplicación de los recursos para desastres naturales en la pasada administración federal y presuntos desvíos que dejaron a cientos de miles de habitantes de la región del Istmo de Tehuantepec sin viviendas dignas, servicios básicos deficientes e infraestructura educativa sin concluir.
Los costos de los sismos del 2017 se estimaron en casi 29 mil millones de pesos para las entidades afectadas.
De acuerdo al diputado local, se ocuparon para Oaxaca 4 mil 800 millones de pesos, entre los que se consideraron recursos para viveros e infraestructura hidráulica, para acciones que ejecutó el Ejército Mexicano y la Marina, así como caminos rurales.
Asimismo, del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), se destinaron recursos considerables para la reconstrucción de caminos rurales que todavía no están totalmente reconstruidos.
Actualmente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) ha retomado la reconstrucción.
A juicio de Meléndez Cruz, es importante reestructurar las reglas de operación del Fonden.
Y es que dijo que el sismo del 23 de septiembre, con epicentro en Ciudad Ixtepec, no fue considerado un nuevo evento a pesar de que ocasionó un sin número de daños a viviendas que no se ayudaron a reconstruir en el primer sismo.
“Las viviendas que presentaron daños menores con el sismos del 19 septiembre, con el sismo del 23, se colapsaron y el Fonden no destino más recursos”, cuestionó.
Al día de hoy, se cuestionó también a las escuelas siniestradas que no están funcionando y, pese a ello, hay niños tomando la enseñanza en inmuebles sin condiciones, bajo árboles o enramadas.
El diputado de Morena aseguró que siguen visitando las iglesias, las estancias infantiles, las escuelas y viviendas, constatando la deficiencia en la construcción sin tomar en cuenta la interculturalidad de los municipios afectados.
De cara a un eventual desastre natural, urgió a colocar las alarmas sísmicas en el Valle Central, el Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz, Pinotepa y Huajuapan para amainar los desastres naturales como los sismos.
Al mismo tiempo, se analiza una ley de desastres en el Congreso del Estado.
Por lo pronto, la Comisión Especial de Seguimiento a los Recursos para la reconstrucción concluyó que los recursos destinados para la reconstrucción tras los sismos en el Estado de Oaxaca no existen; 4 mil 800 millones de pesos destinados para esta tarea no llegaron a los damnificados.
Reportó que, después de realizar una depuración de datos, descubrieron que el gobierno federal invirtió 335 mil 756 acciones a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) por daños parciales y totales por un monto de tres mil 839 millones de pesos, datos que no concuerdan con lo expuesto por la Sefin: de poco más de siete mil millones de pesos.
Serían más de 4 mil millones de pesos de los que se desconoce el destino.
Para la Comisión, aún no hay claridad sobre la aplicación de recursos asignados para la reconstrucción durante el año 2018 y tampoco hay congruencia entre la información que manejan dependencias y la realidad en los distritos afectados.
Los sismos de septiembre del 2017 que devastaron la región del Istmo de Tehuantepec dejaron 36 mil 826 viviendas con daño parcial, 26 mil 808 destruidas totalmente y, del total de establecimientos comerciales de la entidad, el 25% (1 de cada 4) tuvieron algún tipo de afectación; el proceso de reconstrucción aún continúa y los recursos no son suficientes.
De acuerdo con el diputado de Morena, los recursos deben de ejecutarse de acuerdo con el Plan Nacional de Reconstrucción propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como una partida adicional para la contratación de personal especializado para la supervisión de obra patrimonial.
Los municipios en donde se presentó el mayor número de viviendas afectadas fueron la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 14 mil 918, Santo Domingo Tehuantepec ,4 mil 324 y Ciudad Ixtepec, 4 mil 062.
En cuanto a los daños a la infraestructura educativa, también sufrió graves afectaciones, con aproximadamente 3 mil 500 escuelas, con algún tipo de daño, de las cuales 26 sufrieron pérdida total.
Además de los daños en vivienda, 134 unidades médicas y hospitales tuvieron importantes afectaciones: 97 centros de salud, 20 hospitales y 17 unidades administrativas; de ésos, sólo 21 se han concluido, 5 están en proceso de construcción y 31 por iniciar trabajos, mientras que 77 inmuebles no cuentan con fuente de financiamiento.
Respecto a los inmuebles culturales, 587 sufrieron daños que requerirán mil 500 millones para su restauración; 712 se les realizaba trabajos de reconstrucción y 856 carecían de oficio de autorización y fuente de financiamiento.
Además, hay programas sociales que han sido observados por la Auditoría Superior de la Federación en el que se señala que tras cinco auditorías a los procesos de reconstrucción y rehabilitación derivadas de los sismos y fenómenos meteorológicos de 2017, se detectaron diversas anomalías.
Meléndez Cruz detalló que a través de recorridos en diversas regiones con afectaciones, han recogido el sentir de la población.
“Estamos a dos años de los sismos del siete de septiembre de 2017, el 7-S, y los avances en la reconstrucción prácticamente es muy menor y, desafortunadamente, esta Comisión Legislativa, al recorrer las zonas afectadas, ha encontrado la tristeza y la desolación de los pueblos y comunidades”, refirió.
“No existen los cuatro mil 800 millones de pesos en el Istmo, quién sabe en dónde terminaron y en qué cuentas terminaron; sin embargo, lo único que está claro, es que se debe hacer sinergia entre las instituciones, el Congreso Local, el Gobierno del Estado y la Federación”, apeló.
