Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y Chinantecas (UZACHI) exigió a los gobiernos a asumir compromisos con las empresas forestales comunitarias del país porque “la política pública prioriza otro tipo de actividades económicas que han ocasionado severas afectaciones ambientales y sociales en los territorios forestales como la minería y la agroindustria”.
Al conmemorar su 30 aniversario hizo un llamado a las autoridades para apoyar las iniciativas productivas de manejo forestal y conservación comunitaria de los bosques y así frenar, por parte del Estado, los procesos de despojo que se viven en el medio rural con la política de concesiones del agua y los depósitos minerales que se han multiplicado exponencialmente a lo largo del territorio mexicano en los últimos 25 años.
Y es que, en promedio, las empresas forestales comunitarias en México invierten más del 60 por ciento de las utilidades obtenidas por la comercialización de la madera y otros productos forestales en la restauración del bosque y en obras sociales como escuelas, centros de salud, apoyos económicos para jóvenes y adultos mayores, mantenimiento de caminos, alumbrado público, entre otros servicios para sus propias comunidades.
Sin embargo, las empresas comunitarias deben cumplir con la misma carga fiscal que una empresa privada, aunque el lucro y las utilidades no sean el sentido único de estos emprendimientos productivos comunitarios.
Advirtieron que muchas veces esta carga fiscal, sumada a la excesiva tramitología llevan la desarticulación de los emprendimientos comunitarios y abren la puerta al clandestinaje y cambio de uso de suelo llevado a cabo por terceros.
Por tal razón, se requiere urgentemente una política pública que reconozca los derechos y esfuerzos y promueva activamente la apropiación productiva de los territorios.
Recordaron que como respuesta a la depredación de sus bosques por parte de las empresas privadas y paraestatales, a finales de los años ochenta, las comunidades organizadas de la Sierra Norte de Juárez se organizaron y lograron recuperar la soberanía de sus bosques y detener las concesiones forestales a los privados.
Esta soberanía de las comunidades indígenas de Capulálpam, La Trinidad Ixtlán, Santiago Xiacuí y Comaltepec dio origen, en 1989, a la creación de la UZACHI con el objetivo de proveer de los servicios técnicos propios necesarios para garantizar la sostenibilidad del manejo y aprovechamiento forestal, los procesos de transformación y comercialización de la producción.
Destacaron que su modelo de trabajo ha sido exitoso a tal grado que fueron las primeras comunidades en lograr la certificación internacional de manejo forestal en México y actualmente conservan este distintivo.
La UZACHI hizo un llamado a los gobiernos y legisladores a que contribuyan en la consolidación de este modelo de manejo y gestión de los bosques y selvas del país, para mejorar las condiciones de vida de las personas que los habitan y así garantizar bosques para siempre.
Hizo hincapié que las comunidades forestales zapotecas y chinantecas de la Sierra Juárez han demostrado, por más de tres décadas, que los dueños de los bosques de México, mayoritariamente ejidos y comunidades, son los mejores agentes para asegurar la conservación de los recursos forestales del país a través de su autogestión, manejo y aprovechamiento sustentable.
“En el país existen alrededor de mil empresas forestales comunitarias, que son un referente a nivel internacional de la conservación activa de los recursos forestales. Sin embargo, en el país, los gobiernos, las empresas y un amplio sector de la sociedad han ignorado y desestimado estas capacidades”, puntualizaron.
Y agregaron que por el contrario “han optado por otro tipo de políticas conservacionistas con un enfoque pasivo, sin tocar, que no han tenido buenos resultados, pues no han logrado frenar la deforestación en el país ni la ilegalidad en el comercio de productos forestales ni han permitido el desarrollo de emprendimientos productivos que les generen ingresos a las comunidades forestales”.
En contraparte, las comunidades forestales que están en pleno cumplimiento con la gran carga regulatoria y administrativa padecen trabas administrativas para la obtención de sus autorizaciones de aprovechamiento forestal, retrasos en la emisión de la papelería para el comercio y transportación de productos forestales y son mayormente supervisadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en comparación con otros grupos que no cuentan con certificaciones de manejo forestal.
