Texto: Soledad Jarquín Edgar en SemMéxico.

SemMéxico, 28 septiembre 2019.- El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa tiene en sus manos promulgar, mediante su publicación, las reformas al Código Penal aprobadas el pasado miércoles para que la despenalización del aborto hasta la 12 semana sea ley. Por lo pronto ya fueron aprobadas en el Congreso del Estado.

Las reformas colocaron a Oaxaca en el concierto internacional como una entidad que reconoce ese derecho humano de las mujeres. Y, un dato adicional, es que después de 12 años, sería apenas la segunda entidad en todo el país en no criminalizar la interrupción legal del embarazo hasta la 12 semana.

Hay quienes apuestan que el mandatario oaxaqueño podría vetar las reformas, es decir, no publicar el decreto correspondiente. Mal haría Murat Hinojosa si pretendiera cambiar la historia que ya se empezó a escribir, a pesar de la presión que recibe por parte de las iglesias y organismos que dicen defender la vida.

Los grupos antiderechos que además ejecutan a diestra y siniestra toda clase de insultos, amenazas, elucubran acciones terribles como echar ácido a las feministas y dan muestra de su “poder” mediático en contra de ellas y de manera incisiva contra las diputadas morenistas que plantaron las iniciativas y luego los dictámenes correspondientes, que fueron aprobados por 24 votos a favor y 10 en contra en el Congreso local.

La lucha por el derecho a decidir de las mujeres tiene una larga historia y una negación persistente desde los otros, los señores que detentan el mundo y todo lo que es diferente a ellos, lo que incluye a las mujeres. Un mundo que, por si no se han enterado, ya cambió y lo hizo tan rápidamente que todavía enfrenta resistencias decimonónicas, sobre todo, cuando se trata del cuerpo de las mujeres.

Por eso la respuesta festiva de las feministas, no sólo de las oaxaqueñas, sino de todas las feministas del país, frente a la determinación de la mayoría legislativa de Oaxaca: se llama reconocimiento y eso da solidez a un movimiento que se renueva y profundiza cada día frente a la multiplicidad de violencias que las mujeres, feministas o no, enfrentan en lo cotidiano.

Lo que sucedió en esta tierra de Juárez es hoy motivo de reconocimiento, incluso de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, que ponderó lo ocurrido el 25 de septiembre y eso debe ser suficiente para que Alejandro Murat, ponga sobre una balanza lo que ganaría o lo que perdería si decidiera no promulgar la reforma al Código Penal o hacer caso omiso frente a la reforma constitucional que falta.

Ningún gobernante puede fijar su postura desde sus creencias personales. Esas deben quedar fuera en estos momentos considerando las condiciones de desigualdad sustantiva que cada día enfrentan cientos de mujeres indígenas y no indígenas, precariedades que cuestan la vida a las mujeres. De ahí que se plantee como un acto de justicia social para ellas.

La mala noticia es que la pobreza, ese fenómeno que limita toda esperanza de mujeres y hombres no disminuye, sino por el contrario, crece en esta entidad, de acuerdo con datos de CONEVAL. La población en pobreza en 2008 era del 61.8 por ciento, en 2018 aumentó al 66.41 por ciento; aunque disminuyó el porcentaje de población en pobreza extrema, el fenómeno afecta aún en 2018 al 23.3 por ciento de la población; en el mismo lapso casi se duplicó la población vulnerable por ingresos, hasta 2018 el porcentaje era de 2.6 por ciento.

Es importante saber que en los indicadores de carencia social en 2018 tienen un reflejo real en la vida de las personas, en su día a día: hablamos de rezago educativo (27.1 %), acceso a los servicios de salud (16.3 %), acceso a la seguridad social (76.2 %), acceso a alimentación (27.9 %), calidad y espacios a la vivienda (25.1 %) y acceso a los servicios básicos de la vivienda (58.3 %).

De ahí que eso de que no solo de pan vive la gente, no haga gracia a varios miles de personas.

La pobreza afecta a siete de cada 10 mujeres, adolescentes y niñas (de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca). Estamos hablando de mujeres que no tienen oportunidades mínimas cuando enfrentan embarazos no deseados, consecuencia éstos de la falta de información y educación sexual, inadecuado acceso a servicios de salud reproductiva en instituciones públicas, ya no digamos atención médica al menos a anticonceptivos (para no abortar) sino también de violencia sexual. Porque ni duda hay de que la mala condición financiera aumenta o quizá multiplica el riesgo para ellas.

El dato, también oficial, de enero a agosto de 2019, los Servicios de Salud de Oaxaca reportaron tres mil 500 embarazos entre jóvenes menores de 18 años, 200 de ellos correspondieron a menores de 15 años de edad.

Nadie, en verdad, podría pensar que esos embarazos son producto del amor romántico, no. Se trata, para no generalizar, de una mayoría de actos de violencia sexual, para las que, hay que decirlo, no existe ningún tipo de justicia: ni social, ni compensación económica, ni mucho menos la justicia de ver a sus agresores en la cárcel, muchos de ellos integrantes de su propia familia (padre, abuelo, tíos, hermanos, etc.).

Un hecho delincuencial que se repite, que es parte de las prácticas o costumbres dañinas, que se han naturalizado y que muchas veces no ofende la moral de curas, pastores, médicos, autoridades municipales o maestros de las comunidades donde sucede. Donde todo es taparle el ojo al macho. Incluso, muchas de esas niñas son obligadas a dejar la escuela primaria, secundaria o preparatoria porque se convierten en malos ejemplos para el resto de sus compañeras, como constatamos en al menos dos poblaciones de la mixteca. A todas ellas, el estado les debe.

Por eso, nada tiene que ver lo que opinen los grupos antiderechos, llámense como se llamen, con la decisión que deben tomar, por un lado, el gobernador Alejandro Murat, y por el otro las y los legisladores para concretar dos asuntos pendientes: en el Congreso la reforma constitucional al artículo 12 y en el Ejecutivo la promulgación de ambas reformas. Hacer lo contrario eso sí es no tener, por lo menos ética y por lo más calidad humana.

Quienes gobiernan deben saber, como dice la ONU, que el acceso al aborto seguro y legal es fundamental para garantizar la autonomía, la igualdad y la salud física y mental de las mujeres. Y lo contrario es condenar a muchas de ellas, incluso niñas, a morir en manos de “profesionales no calificados” como también señala ese organismo internacional. De eso se trata, solo de eso.