Texto: Pedro Matías / Página 3
Foto: Antonio Mundaca
Video: Karen Rojas Kauffmann
OAXACA, OAXACA.– Estela García Ramírez quedó viuda el 24 de abril de 1997. Ese día más de 50 elementos del ejército y policía estatal allanaron Santa María Jalatengo, Oaxaca, entraron a su casa y asesinaron a su esposo Celerino Jiménez Almaraz.
A él lo acusaban de guerrillero. Desde esa noche, cuando sucedió la ejecución extrajudicial, ha recorrido una largo camino en defensa de lo que ella llama la memoria y la verdad.
Estela y Celerino dormían en casa de su mamá y papá, tenían dos años de haberse casado, cuando fuerzas de la entonces Policía Judicial del Estado de Oaxaca entraron al municipio de San Mateo Río Hondo, Miahuatlán, y con presuntas órdenes de aprehensión, se dirigieron al domicilio de los García Jiménez.
Al llegar al conocido Rancho de los Limares, comenzaron a golpear a Celerino y cuando su esposa intercedió también la agredieron. Antes de detener a Celerino, uno de los policías gritó: ¡accionen, accionen! y así recibió sus primeros balazos el cuerpo de quien hacía unos minutos dormía abrazado de su esposa.
Minutos después, a Celerino se lo llevaron y nunca lo trajeron de regreso. Este es un preludio breve del resto de la vida de Estela García, quien presentó el 16 de octubre de este año el libro La luna ilumina la choza rota: una historia de dignidad en busca de justicia, 22 años después de lo sucedido.
Sobre los hechos violentos de Loxicha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que el Estado mexicano se resiste a implementar medidas que garanticen justicia a las víctimas de ejecución extrajudicial en el país como fue el caso del indígena zapoteco.
Abogadas y abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) consideran que la presente administración del gobierno federal tiene ante sí la oportunidad de implementar cambios profundos y duraderos en las leyes y en el actuar de sus instituciones, tendiente a honrar los derechos humanos y a garantizar y proteger a las víctimas de su violación.
Insistieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador “aún tiene la oportunidad de hacerlo en el presente caso pues, de lo contrario, el caso será sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
A 22 años de que Celerino Jiménez Almaraz fue ejecutado y sus familiares torturados por policías judiciales del estado de Oaxaca, la CIDH determinó el imperativo de reparar a las víctimas de las consecuencias sufridas, de brindarles justicia y satisfacción del derecho a la verdad.
Así como brindar las garantías de no repetición de los hechos ocurridos en el contexto de las múltiples violaciones a derechos humanos en el estado de Oaxaca como resultado de las acciones de contrainsurgencia contra miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Recordaron que “esa madrugada, más de 60 policías fuertemente armados sorprendieron al señor Celerino Jiménez, a la señora Estela García y a su familia mientras se encontraban durmiendo. Después de torturarlos, dispararon en el patio de su casa al señor Celerino y se lo llevaron arrastrando sangrante por el camino, a la luz de la luna”.
“Desde ese momento la señora Estela salió corriendo tras las huellas de sangre, trozos de ropa y cuero cabelludo de su esposo para rescatarlo y hasta el día de hoy sigue clamando justicia para él, para sus familiares y para tantas víctimas de ejecución extrajudicial de nuestro país”, puntualizó.
Mencionaron que a más de un año de que fue emitido el informe de fondo por parte de la CIDH, el Estado continúa sin adoptar las medidas que se requieren para garantizar la no repetición de estos hechos, tales como: capacitación a quienes investigan actualmente hechos que podrían constituir ejecución extrajudicial en el Estado de Oaxaca; implementación en dicha entidad y en todo el país, del protocolo modelo de investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (Protocolo de Minnesota), así como la tipificación del delito de “ejecución extrajudicial”.
El 26 de marzo de 2011, el entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo firmó ante la CIDH, con sede en Washington, un reconocimiento de responsabilidad y una respuesta de reparación del daño a María Estela García Ramírez, por la privación ilegal de la libertad y homicidio de su esposo, Celerino Jiménez Almaraz, perpetrado por “guardias blancas” el 24 de abril de 1997 en San Agustín Loxicha.
