Carina García
El secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Raúl Ernesto Salcedo Rosales fue demandado penalmente por falsedad de declaraciones, abuso de autoridad, extorción y violación de derechos humanos en perjuicio del ciudadano Oscar Gabriel Navarrete Areola.
De acuerdo al representante jurídico del afectado, Juan José Meixueiro Orozco el funcionario utilizó el aparato de estado en su beneficio sin importar las garantías individuales del también empresario.
El sábado 11 de enero, Oscar Gabriel Navarrete Areola conducía su vehículo particular acompañado de su esposa, con dos meses de embarazo de alto riesgo, su hijo de seis años de edad, con destino a un restaurante del municipio de Santa María “El Tule”.
Sin embargo sobre la Avenida Ferrocarril después del puente del Rio Salado a la altura de la calle de Hornos, una motocicleta Harley-Davidson lo rebasó intempestivamente perdiendo el control por lo que volvió a impactar con el vehículo del también empresario.
Minutos después, Navarrete Arreola fue acorralado por más de cinco motociclistas vestidos de civiles armados los cuales comenzaron a golpear el cofre de su automóvil para exigirle que descendiera del auto, al suponer que se trataba de un secuestro, el hombre emprendió la huida pero kilómetros después fue detenido por elementos de la SSPO.
Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y por órdenes de su titular se convirtieron en autoridad de vialidad, ministerio público, perito de tránsito y en el mismo acto perito valuador y juez, dijo el asesor jurídico de Oscar Gabriel Navarrete Arreola.
“El domingo pasado escuchamos al secretario de Seguridad en donde daba una versión con mentiras completas y verdades a medias justificando lo injustificable. Estos hechos que estamos relatando son ya del conocimiento de la Fiscalía”.
Se violentaron los protocolos de detención, prisión preventiva además de los estatutos del nuevo sistema adversarial acusatorio, agregó Juan José Meixueiro.
Ante estos hechos expuso que han interpuesto una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), además de solicitar medidas cautelares para el afectado y su familia.
Asimismo señaló que pidieron a la Contraloría del Estado investigar al titular de la SSPO para aplicar el procedimiento administrativo y de responsabilidad y la reparación del daño moral.