Este mes, Nicaragua cumple tres años desde el estallido de la crisis que comenzó el 18 de abril de 2018, cuando el país fue sacudido por graves protestas. Las manifestaciones, inicialmente contra una reforma previsional, se expandieron y volvieron contra el régimen autoritario de Daniel Ortega, quien ocupa la presidencia desde 2007.
Las protestas de 2018 fueron severamente reprimidas por las fuerzas policiales, dejando al menos 300 muertos y 2.000 heridos. Entre 2018 y 2020, según la ONU, más de 100.000 personas tuvieron que huir de Nicaragua, incluidos al menos 90 periodistas.
Las manifestaciones son un hito en el país, porque, después de ellas, el régimen nicaragüense y simpatizantes del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, se volvieron contra la prensa y los opositores.
Según un informe de Artículo 19, Nicaragua se encuentra entre los cinco países del mundo que vieron el mayor declive en la libertad de expresión entre 2009 y 2019. En el documento, la ONG dice que el presidente Ortega “ha erosionado las estructuras democráticas desde que asumió el cargo”. Nicaragua, Cuba y Venezuela son los únicos países de las Américas clasificados como “en crisis» por Artículo 19.
En el aniversario de las manifestaciones, LatAm Journalism Review (LJR) conversó con reporteros nicaragüenses para conocer cómo es vivir y trabajar en un clima de miedo y represión, en el que los periodistas son arrestados, procesados y acosados ??por la policía en sus hogares. Al mismo tiempo, los medios críticos sufren la retención de papel periódico por parte del gobierno, son cerrados o expropiados.
La reportera freelance Ileana Lacayo, integrante del comité ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), asociación que representa a 180 periodistas en el país, dice que la violencia contra la prensa persiste desde 2018. Destacó, sin embargo, que algo ha cambiado recientemente: la represión, en sus palabras, se ha legalizado. Según Lacayo, el gobierno ha aprobado, desde fines del año pasado, un paquete de leyes represivas que ha hecho que el ambiente sea mucho más hostil para el periodismo.
Una de ellas, la “Ley del Ciberdelito”, conocida como “Ley Mordaza”, determina penas de prisión de 1 a 8 años cuando el gobierno sandinista considera que el periodista ha publicado “noticias falsas”. También el año pasado, el parlamento aprobó una enmienda constitucional que permitía la cadena perpetua por “delitos de odio”.
“El gobierno considera que un medio crítico al gobierno fomenta al odio. Entonces, si te procesan, pueden utilizar la cadena perpetua como una de las penas, posiblemente, para periodistas o medios de comunicación”, dijo Lacayo a LJR.
Finalmente, también destacó la ley de agentes extranjeros, que tuvo un impacto importante en la sociedad civil y la prensa, con el cierre o suspensión de operaciones por parte de organizaciones, incluidas algunas que apoyaban el periodismo local y la libertad de expresión, como la Fundación Violeta Chamorro.
“La ley prácticamente lo que hace es regular la entrada de plata de procedencia internacional, y aunque sea nicaragüense [y recibas dinero del exterior], eres considerado agente extranjero y tienes prohibido investigar, publicar y comentar sobre asuntos que tengan que ver con la política nacional. Es súper grave porque si yo recibo un fondo para apoyar mis investigaciones periodísticas sobre corrupción o sobre la agenda pública, no lo puedo hacer”, dijo Lacayo.
Según ella, la ley contribuyó a la asfixia económica de los medios independientes, que ya luchaban por mantenerse durante la grave crisis económica y de salud.
La reportera agregó que, además de la promulgación de estas leyes, algunos tipos de infracciones aumentaron en el primer trimestre de 2021, según el seguimiento del PCIN, que se lanzará este mes.
“Ha incrementado que agredan a periodistas, intentan quitarles celulares y cámaras, persecuciones, bloqueos de movilización de equipos de periodistas [en las calles] para que no lleguen a las coberturas. Ha habido incluso agresiones y abusos, porque han tocado las partes sexuales de periodistas. Igual el hostigamiento en las viviendas de periodistas [también hubo incremento], como es el caso de Kalua Salazar. Prácticamente tienen tres meses de ir todos los días a su casa, las patrullas y policías armadas”, dijo.
Lacayo también fue víctima de persecución. En abril de 2018 irrumpieron en su casa y saquearon ropa, documentos y objetos mientras asistía al funeral de su colega, el periodista Ángel Gahona, quien fue asesinado en Bluefields mientras cubría protestas antigubernamentales. Al llegar a casa, por la noche, Lacayo se percató de la invasión y, desde entonces, nunca ha regresado, a pesar de que sigue siendo la dueña de la propiedad.
Poco después, se exilió como parte de un programa internacional de protección de periodistas. Pasó casi dos años fuera, viviendo en Holanda y Costa Rica. Sin embargo, en diciembre de 2019, cuando terminó el programa, tuvo que regresar.
“Volver fue una decisión muy difícil y te da mucho miedo. O sea, en Nicaragua no hay condiciones todavía para regresar del exilio, pero el exilio es duro. Y en Costa Rica es aún más, porque tiene muchísimos inmigrantes de Nicaragua, hay casi un millón de nicaragüenses en Costa Rica, y hay mucha xenofobia y muy pocas oportunidades. No logré tener un trabajo o una oportunidad para poder sobrevivir y luego que terminó el programa de protección, cuando me quedé sin el apoyo, se me hizo muy difícil”, dijo.
Lacayo sabía que regresar sería riesgoso y, por eso, adoptó un plan de seguridad, que incluía pasar seis meses sin salir de casa, con un perfil bajo. “Pero apenas asomé un poco la cabeza y empecé a escribir nuevamente y a estar en espacios públicos de denuncia, empezaron el asedio y hostigamiento de la policía en mi casa. Entonces no es fácil, muchas veces he pensado nuevamente en irme, pero, bueno, hay que hacer resistencia”, expresó.
Amenaza de muerte y ataques en casa
El reportero Wilih Francisco Narváez González ha estado trabajando durante aproximadamente un mes con el medio digital Divergentes, que se lanzó en julio de 2020. Luego de realizar una serie de entrevistas con candidatos presidenciales, comenzó a sufrir una persecución más severa. Narváez explicó, por ejemplo, que el conductor de una emisora ??de radio que apoya al gobierno dijo, durante un programa, que Divergentes era un “agente extranjero” y lo mencionó específicamente.
La serie habló solo con candidatos de la oposición, porque, según Narváez , Ortega no daría una entrevista a un medio de comunicación crítico y no ha dado rueda de prensa desde que regresó al poder.
Antes de trabajar en Divergentes , Narváez ya había sido agredido físicamente mientras informaba, cuando era reportero de televisión para Canal 10. Pero las recientes amenazas y ataques lo preocuparon más, porque una persona fue a su casa, donde vive con su familia.
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