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A un año de la masacre de 15 indígenas ikoots no hay justicia, solo desprecio y discriminación

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  • * Para la familia de los Lebaron sí hay justicia porque eran personas blancas y extranjeras. | *Y para lasa y los ikoots, abandono y sin justicia.
Pedro MATÍAS

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- A un año de la masacre de 15 indígenas ikoots –dos mujeres y 13 hombres-, no hay ninguna persona detenida a pesar que hay señalamientos directos.

No hay ninguna recomendación, hay dilación en las investigaciones y omisión de los gobiernos federal y estatal, por lo que las personas sobrevivientes se instalaron en plantón frente al Palacio de Gobierno.

Por el contrario, el Comité de Víctimas y Sobrevivientes de la Masacre del 21 de junio en Huazantlán del Río acusó a las autoridades de “desprecio, desdén y discriminación”.

Porque a un año de esos crímenes de lesa humanidad se encuentran “abandonados, desplazados y sin justicia”.

El asesor jurídico del Comité, Juan Carlos Pascual Diego, denunció que el gobierno tanto del gobernador Alejandro Murat Hinojosa como el del presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido omisos como lo fue la Guardia Nacional el día de la masacre.

Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solo se ha reunido en dos ocasiones con las personas desplazadas que instalaron, desde diciembre, un campamento frente al Palacio de Gobierno y donde viven hacinadas 17 familias -40 personas, entre ellos 15 huérfanos-.

“La CNDH solo dos veces los visitó (a las y los desplazados) y no hay absolutamente nada, a nosotros se nos asemeja que tratan de proteger a los agresores por los vínculos que tienen con las organizaciones no gubernamentales. 

“La CNDH tiene mucha relación con los agresores, y principalmente hemos señalado al que actualmente es agente de Huazantlán del Río como uno de los incitadores o autor intelectual.

“Y eso provoca que haya más atención del lado que fue el agresor y no de las víctimas”, añadió el abogado.

Las víctimas sobrevivientes de aquel 21 de junio de 2020 exigieron una audiencia con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que no queden impunes los crímenes de:

  • Okass Marissa R. O.,  
  • Argelia H. V., 
  • Martín Alfredo R. G.,  
  • Aquino R. O., 
  • Uriel I. C., 
  • Rubén A. M., 
  • Ileno G. V., 
  • Roberto Z., 
  • Alejandro H., 
  • Nehemías B., 
  • Hipólito L. E., 
  • Alejandro H. S., 
  • Eleno G. V., y 
  • Roberto Z. G., 

Cabe recordar que aquel 21 de junio, alrededor de las 7:40 de la tarde, una turba identificada con José Luis Chávez, masacró a palos, pedradas, y pedazos de blocks a 15 indígenas ikoots y les remataron quemándolos vivos.

Mientras que los “asesinos” están plenamente identificados, como el agente municipal José Luis Chávez Salinas, quien es un militar retirado y encabeza toda la agresión.

Y continúan libres también:

  • Laura Fiallo Sandoval, 
  • Iván Mateo López, 
  • Máximo Leyva Piamonte, 
  • Agustín Oviedo, 
  • Camerino Dávalos Larrinzar, 
  • Teófila Ochoa, 
  • Emanuel Villaseñor Bustillos, 
  • Israel Oviedo Aldama y 
  • Ramiro Escudo Comonfort.

El abogado confesó que “a nosotros nos ha costado mucho entender el hecho del por qué el Estado, el gobierno, no le ha puesto atención a la masacre de Huazantlán del Río.

“Y no le ha puesto atención a las familias que se quedaron sin sus padres, sin sus hijos, sin sus hermanos”.

Califica que hay discriminación o un desprecio para los pueblos originarios al comparar la reacción del gobierno.

Porque cuando fue la masacre de 9 integrantes de la familia LeBaron -en el norte del país-, se le puso toda la atención, hay detenidos, hay una investigación seria, expedita y en este caso no lo ha habido, son 15 personas masacradas.

Acaso porque los “Lebaron eran blancos y extranjeros y los ikoots son nacionales e indígenas por eso no se ha hecho justicia”, cuestionó.

Insistió en que esta discriminación confirma la “indiferencia histórica que ha tenido el gobierno con las comunidades indígenas.

“En el discurso todos defienden a las comunidades indígenas, pero en los hechos vemos el claro ejemplo de Huazantlán, donde los indígenas si no le representas un tema electoral, económico, político, realmente no le ponen atención. 

“Son vidas humanas, más que ser un comunidad indígena, por humanismo yo creo que debería haber justicia. Todos tenemos el derecho a la vida”, puntualizó.

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