Ante el llamado realizado por las autoridades federales a la reapertura de centros educativos con el inicio del ciclo escolar 2021-2022, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), se pronuncia por la armonización del derecho a la educación y a la salud de las niñas, niños y adolescentes (NNA), bajo criterios técnicos y con base científica.
El organismo autónomo considera importante la reanudación de clases presenciales, con la implementación de acciones y condiciones que permitan minimizar el riesgo a la salud de las y los estudiantes y sus profesores, bajo una lógica de respeto irrestricto al interés superior de la niñez y adolescencia.
Para la institución, garantizar el derecho a la educación de las NNA no implica la correlativa eliminación del derecho a la salud, sino que se debe encontrar un equilibrio entre ambos derechos en cuestión.
Y es que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todos los países deben encontrar un equilibrio entre la ?protección de la salud, la prevención de los trastornos sociales y ?económicos, y el respeto de los derechos humanos frente a la pandemia por Covid-19”, apuntó.
Por tanto, la Defensoría considera que, si bien existe una disposición general para regresar a clases próximamente, ese retorno debe ser voluntario y valorado de manera específica por cada escuela, municipio y entidad federativa, además de que debe estar basado en las condiciones de salud pública que presente cada estado y acompañado de los protocolos sanitarios y de movilidad correspondientes.
El regreso a clases debe ser consensuado con toda la comunidad escolar, es decir, con la participación de las propias autoridades educativas, padres y madres de familia, alumnado y magisterio, de esta forma, además de garantizar la participación de todos los sectores, se legitima la decisión tomada, apunta la institución.
Por tanto, se vuelve primordial la información técnica y científica que las autoridades educativas y sanitarias puedan suministrar en relación al estado actual de la pandemia, así como en los protocolos que se tienen contemplados para la reapertura de los espacios educativos, las medidas de prevención en la entrada, permanencia y salida de los y las alumnas, así como las adaptaciones del espacio físico y la cantidad de estudiantes en cada aula o centro, conforme a las indicaciones de las autoridades de salud.
La DDHPO resalta que, se requiere la generación y difusión de protocolos de capacitación que garanticen a toda la comunidad estudiantil condiciones de higiene y desinfección, así como el suministro permanente de agua potable en las instalaciones educativas.
La Defensoría señala que, el regreso a clases presenciales, implica también prever y adecuar las condiciones del sistema de transporte público, para que éste garantice condiciones sanitarias y de movilidad para las niñas, niños y adolescentes a los centros educativos y contar con el personal docente y servicios de apoyo educativo necesario para garantizar la adecuada atención del alumnado dentro de las instalaciones educativas.
Y refiere que la educación a distancia implementada en el ciclo escolar pasado, a raíz del cierre de escuelas, requirió de la disponibilidad de tecnologías digitales, que muchas comunidades de la entidad no cuentan, lo que acentuó la desigualdad de oportunidades, tanto en el ámbito urbano y más aún, en las zonas rurales en su mayoría habitadas históricamente por pueblos indígenas.
A estas carencias tecnológicas, asegura el organismo autónomo, se sumó la complejidad de realización de trabajos escolares cuando existía más de un o una estudiante en casa, así como el reto de la disponibilidad de tiempo de las personas adultas para asistirlos en estas actividades, sobre todo, aquellas madres y padres que tuvieron la posibilidad de trabajar de manera remota.
Por otra parte, la DDHPO advierte que, la inmensa mayoría de madres y padres han tenido que seguir trabajando fuera de sus casas durante toda la pandemia, lo que ha provocado reacomodar sus rutinas para poder atender a sus hijos e hijas estudiantes que se han quedado en casa, algunos otros, pudieron recurrir a familiares o personas que les han ayudado a atender y acompañar a las niñas y las niños, pero en muchos casos no ha sido posible disponer de los recursos necesarios para pagar por este tipo de actividades.
Ante lo cual, reitera que el derecho a la educación es un derecho llave, que cuando se hace efectivo favorece el disfrute de todos los demás derechos, mientras que cuando se niega, dificulta el acceso a los mismos.
“En el desarrollo de la vida de las personas, muchos derechos son inaccesibles para quienes fueron privados de educación, en especial, aquellos relacionados al trabajo, salario justo, salud y seguridad social, o bien, problemas vinculados con la malnutrición, violencia y el embarazo adolescente son resultados de deficientes procesos formativos”, sostiene.
En este sentido, refiere que, según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la irrupción de la pandemia por Covid-19, en el mundo alrededor de 123 países determinaron el cierre de los centros educativos, como una de las medidas de contención del contagio, trasladando el proceso de aprendizaje a formatos en línea y a distancia.
Añade que la propia OEA resalta que, a nivel global, cerca de mil 50 millones de estudiantes de todas las edades y niveles han sido afectados por el cierre de escuelas, incluyendo 258 millones de NNA a quienes se ha limitado o modificado sus oportunidades educativas durante el confinamiento.
En el caso de México, indica, el sitio de análisis de datos “Statista Research Department” calcula que un total de 33.2 millones de niños y adolescentes fueron afectados por el cierre de escuelas en México a raíz de la pandemia por Covid-19: más de 28 millones de esos estudiantes estaban inscritos en escuelas de nivel primaria y secundaria, mientras que alrededor de cinco millones eran alumnos de preescolar.
Mientras que, agrega, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) considera que la experiencia a nivel internacional demuestra que un cierre prolongado de escuelas puede afectar negativamente a toda una generación en el corto, mediano y largo plazo, provocando pérdida de conocimientos y habilidades que, en el caso de México, se suma a una crisis de aprendizajes ya existente antes de la pandemia.
Según la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años no se reinscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionados con la pandemia, cita.
Para la DDHPO, es importante lograr un balance que garantice la salud pública y el derecho a la educación es una obligación básica para los diferentes niveles de gobierno, pero no solo de ellos, emergencias sanitarias como la que actualmente vivimos nos implica un esfuerzo colectivo de responsabilidad para atender las diferentes directrices que las autoridades sanitarias han señalado a lo largo de la pandemia.
Por ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca llama a no politizar el regreso a clases, pues esto provocaría que se perdiera de vista el elemento principal a garantizar en esta situación: los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El momento histórico actual por el que atraviesa la humanidad es crucial, y nos ha obligado a replantearnos las maneras en cómo nos relacionamos, no sólo en el plano individual sino también en el colectivo, una ocasión para buscar respuestas a retos dolorosos e inimaginables, pero también, una oportunidad para construir una sociedad más justa, inclusiva y democrática, en el que el respeto y garantía de los derechos humanos sea la brújula que guíe nuestras decisiones, después de todo, las decisiones que como sociedad realicemos ahora para afrontar la pandemia determinarán cómo será el mundo en el futuro inmediato.
