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Durante la pandemia la tortura y la impunidad se vuelen más graves para los grupos vulnerables

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Zonadocs.mx / Por Ximena Torres / Imagen de portada: Informe México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia

El informe “México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia” muestran que la suspensión de procesos legales por la COVID-19, las medidas restrictivas para evitar contagios y las condiciones precarias de vida han vuelto más vulnerables a prácticas de tortura a algunos grupos de la población.

A eso le agregan problemas estructurales como la implementación lenta de la Ley General de Tortura, la falta de coordinación entre instituciones públicas y la militarización.

Las prácticas de tortura en México y la impunidad que las acompaña se han agravado con la pandemia de la COVID-19. Los efectos de la crisis los padecen, sobre todo, las personas y colectivos en situación vulnerable, como las personas privadas de su libertad, personas migrantes, pueblos indígenas, mujeres y la niñez.

Actualmente existen mil 259 casos abiertos por tortura en la Fiscalía General de la República (FGR). En la escala estatal el número asciende a 4 mil investigaciones solo durante 2018. A eso se suman los otros casos en los que no se denuncia la grave violación a los derechos humanos por miedo a represalias y otras causas.

Todo lo anterior lo explica el informe “México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia”, realizado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). Los resultados se obtuvieron después de una serie de reuniones virtuales con autoridades, organizaciones de la sociedad civil, sobrevivientes de tortura y sus familiares entre el 4 y el 11 de febrero de 2021.

A través de los testimonios y declaraciones se concluyó que sí hay pasos significativos para atender y erradicar la situación de tortura en México en el plano legal e institucional. Sin embargo, esas acciones no representan avances en la prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las mismas prácticas

Eso se debe a los problemas estructurales que existen desde tiempo atrás en las instituciones públicas, pero también a decisiones tomadas durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador que complican el acceso a la protección y la justicia de las personas sobrevivientes. Por ejemplo, la falta de coordinación entre instituciones, la militarización y la reducción de presupuesto destinado a mecanismos que ayudan a entender la realidad violenta.

Los problemas en las instituciones públicas

La OMCT y la Red TDT reconocen los avances promovidos por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IDFP). Entre ellos, la creación de una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, que cuenta con un equipo de 9 personas especializadas en la defensa legal de las víctimas de tortura.

De igual manera, aplaudieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está actualizando el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura”. “Es una herramienta más integral aplicable en la práctica cotidiana” mencionan.

No obstante, para las organizaciones es imposible dejar pasar que a más de tres años de la publicación de la Ley General en Materia de Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (LGT), su implementación ha sido deficiente.

Entre los pendientes más urgentes están el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y el Registro Nacional de Víctimas de Tortura.

El primero se elaboró con la participación de organizaciones de la sociedad civil y fue terminado a mediados de 2019. Desde entonces se encuentra detenido en manos de la Secretaría de Hacienda Pública (SHCP), donde se han hecho una serie de modificaciones no consultadas con las organizaciones colaboradoras. Por ejemplo, se agregó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), a pesar de ser las instituciones con más señalamientos por tortura.

Con respecto al Registro Nacional, la FGR, institución encargada de crear el mecanismo, ha informado que no lo hará. Argumenta que una vez que se apruebe la reforma de ley presentada en el Senado, que busca anular la Ley Orgánica de la FGR, su rol se modificará con respecto a la Ley General de Tortura.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) era otro instrumento que ha generado información realista respecto a la incidencia de la tortura. Sin embargo, debido a las “medidas de austeridad” del Gobierno Federal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ha quedado sin recursos para aplicar la encuesta.

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