- El proyecto “Derechos en el Territorio”, desarrollado por Amazon Conservation Team y la Corte Constitucional de Colombia, ha traducido y adaptado cinco sentencias a 26 idiomas indígenas.
- En sus 30 años, la Corte Constitucional ha dictado más de 19 000 sentencias cuyo lenguaje técnico puede ser difícil de comprender, incluso para hablantes de español. Los desafíos claves en el proceso de traducción incluyen adaptaciones contextualizadas que tengan en cuenta que los idiomas indígenas tienen, sobre todo, una traducción oral y no escrita.
Por: Nicolás Bustamante Hernández | Foto de portada: Rhett A. Butler / Mongabay | Mongabay Latinoamérica
BOGOTÁ — El año 2021 marca 30 años desde que Colombia adoptó su Constitución actual. Se considera la Carta Magna de la nación y la estableció la Asamblea Nacional en 1991 para sustituir la Constitución de 1886, que se había quedado obsoleta.
Esos fueron los años del auge del tráfico de drogas, en el cual los cárteles permearon todos los niveles de la sociedad colombiana, incluso los cargos políticos más altos. En este contexto, la Constitución de 1991 se abrió paso como una reforma progresiva que, entre otras cosas, proclamó a Colombia como estado secular.
Otro avance de la Constitución fue uno de sus artículos, el número 7, que dictaba que Colombia es un Estado que “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana”. De este modo, el Estado protegió el legado tradicional de los 1.5 millones de indígenas que se calcula que viven en el territorio.
La Constitución de 1991 también estableció el mecanismo legal de la acción de tutela, con el que cualquier ciudadano colombiano puede pedir que se cumpla con sus derechos fundamentales. El organismo más alto a cargo de la protección y la defensa de la Constitución es la Corte Constitucional, que garantiza que se cumplan los artículos de la Constitución y anuncia resoluciones sobre esas acciones de tutela.
No obstante, incluso tres décadas después de que se diera ese esencial paso político y social en Colombia, aún queda trabajo que hacer para asegurar que las resoluciones sobre los indígenas les lleguen de forma rápida y efectiva. Por esta razón, la Corte Constitucional y Amazon Conservation Team (ACT) han trabajado desde 2020 en el proyecto Derechos en el Territorio.
Según Carolina Gil, directora regional de ACT para el noroeste de la Amazonía, el objetivo de esta iniciativa es acercar las resoluciones de la Corte a los indígenas, no solo traduciéndolas a sus idiomas, sino también adaptándolas de forma que puedan ser entendidas y contextualizadas. El resultado del trabajo se encuentra en español en la web derechosenelterritorio.com.
“En Colombia, por múltiples motivos, como la agreste geografía y el conflicto armado, muchas decisiones de la Corte permanecieron fuera de los grupos sobre los que se pronunciaban, sobre todo las comunidades indígenas aisladas. También, en la mayoría de los casos, estas sentencias se escriben en español legal, que es muy complejo, incluso para aquellos que viven en las ciudades”, dijo Gil a Mongabay en una entrevista telefónica.
Con eso en mente, dijo, decidieron diseminar entre las comunidades indígenas las sentencias que les incumben, no con una traducción literal, sino haciendo adaptaciones culturales y lingüísticas.
De las más de 19 000 sentencias publicadas hasta 2020, ACT y la Corte han seleccionado cinco relevantes para los pueblos indígenas relacionadas con la diversidad étnica, la autogobernanza y autonomía indígena, los territorios, el ambiente saludable y los derechos bioculturales, y las consultas previas. Estas cinco sentencias se tradujeron a 26 idiomas indígenas de comunidades de todo el país.
Protección de los territorios indígenas
Una de las sentencias traducidas, la SU-383 de 2003, trata la autogobernanza y la autonomía indígenas. En ese fallo, de interés para los pueblos de la Amazonía, la Corte Constitucional respondió a la acción de tutela presentada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Interior y de Justicia, el Ministerio de Ambiente, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Director de la Policía Nacional, entre otros.
En su acción de tutela, la OPIAC pidió la suspensión de la fumigación aérea de los cultivos de coca, específicamente en los territorios indígenas de la Amazonía, ya que el ambiente se vería afectado sin que se consultara antes a las comunidades indígenas.
Según la web de Derechos en el Territorio, la iniciativa Plan Colombia, firmada con los Estados Unidos, incluía la erradicación de cultivos de coca en áreas rurales del país a través de la fumigación aérea con glifosato. Pero los aviones que rocían el herbicida también lo vierten sobre los bosques nativos y cultivos alimentarios, además de los campos de coca cultivada para uso tradicional.
“Aunque para la época no existía un consenso sobre los riesgos de este producto químico para la salud humana, los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana argumentaron que era peligroso usarlo sin conocer sus efectos”, dice la web. “Además, como medida de prevención, se debía evitar su uso para no contaminar a las personas, los animales, los suelos y las fuentes de agua”.
Las fumigaciones, entre diciembre de 2000 y enero de 2001 en la región amazónica, donde viven 86 grupos indígenas, afectó a las comunidades en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare y Putumayo. Al no suspenderlas, los que las llevaban a cabo exponían a estos habitantes a los impactos del herbicida, impactos que aún se sienten en la actualidad.
Durante ese tiempo, las autoridades municipales recibieron 1443 quejas de personas indígenas que dijeron que sufrían de alergias, fiebre, dolores de cabeza, gripe, diarrea, vómitos, dolor abdominal, mareos, angustia, tos, dolor corporal y conjuntivitis entre otros síntomas.
En su procedimiento legal, OPIAC sostuvo que el gobierno nacional no había llevado a cabo consultas previas con las comunidades indígenas según es su obligación como signatario del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo. El convenio, conocido como C169, consagra la consulta y la participación como derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
La decisión de la Corte Constitucional en este caso reflejaba ese punto y reiteraba los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa. La Corte también decidió que la invocación de la acción de tutela, normalmente por parte de individuos para reivindicar derechos individuales, era aplicable, en este caso, a un grupo de solicitantes para tratar el derecho a la diversidad y la integridad cultural. La comunidad indígena se considera “sujeto” de derechos fundamentales, se concluyó, y por ese motivo, las organizaciones que las agrupan tienen derecho a acciones para proteger sus derechos.
Sobre la fumigación de las haciendas de coca, la Corte dijo que, para las comunidades, la coca es una planta sagrada que debería continuar viéndose como tal, dada su importancia en las prácticas curativas y rituales. El ente judicial añadió que la planta de coca y sus usos permitidos no deberían equipararse con el cultivo de coca como materia prima para la producción de cocaína.
Una experiencia enriquecedora
Para hacer las adaptaciones a los 26 idiomas indígenas, ACT y la Corte Constitucional trabajaron con la misma cantidad de traductores de cada grupo étnico. Una de ellas fue Jazmín Romero Epiayú del grupo étnico wayuu en la parte sur de La Guajira, el departamento más al norte de Colombia.
Romero Epiayú, de 40 años, quien se define a sí misma como activista, feminista y escritora, tradujo las resoluciones en su pueblo y se aseguró de que fuera un proceso enriquecedor, que sirviera para enviar un mensaje de que los idiomas indígenas deberían reconocerse.
“Esto es importante para la comunidad y para todo el país”, dijo a Mongabay en una entrevista. “Los idiomas indígenas son una herencia cultural que la gente debe conocer porque los idiomas indígenas son oficiales dentro de sus comunidades. Y este ejercicio tiene un alcance político importante para los pueblos indígenas colombianos”.
Añadió que el proyecto representaba un desafío ya que el idioma de su grupo étnico, como la mayoría de idiomas indígenas en Colombia, se basa en una tradición oral y no escrita.
“Lo que hicimos fue entender e interpretar las resoluciones. Esto es una apuesta para decir que hay un compromiso que se ha exigido a la Constitución del 91. Parte del trabajo en el futuro será llegar a las comunidades en persona para transmitir esta información de forma oral, mediante medios de difusión o asambleas generales y otros espacios en los que pueda ocurrir ese diálogo”, dijo Jazmín Romero Epiayú.
Abel Antonio Santos Angarita, miembro del grupo étnico ticuna en el departamento de Amazonas, dijo que es esencial expandir estos ejercicios, que contribuyen al reconocimiento, incluso internacional, de otras ideas y lenguas que se hablan en Colombia.
“Este es un trabajo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Era una deuda pendiente. Fue maravilloso transformar el lenguaje técnico y oficial de las resoluciones con los términos de nuestra cosmogonía”, dijo Santos Angarita, que estudió Idiomas en el campus de Leticia de la Universidad Nacional de Colombia.
ACT y la Corte Constitucional ya están trabajando en la segunda parte del proyecto que consistirá en adaptar nuevas resoluciones a idiomas indígenas y otras comunidades étnicas, como los pueblos afro y raizal (afrocaribeños). Además, planean desarrollar una versión de la Constitución colombiana dirigida a los niños.
Ver original: https://es.mongabay.com/2021/09/colombia-resoluciones-traducidas-a-idiomas-indigenas/
