Escrito por: Dalia Souza | Zona Docs
El informe Violencia de género con armas de fuego en México hace visible el impacto que ha tenido la violencia armada en la vida de las mujeres, así como, en la comunidad LGBTTTIQ+ en México.
El documento fue elaborado por EQUIS Justicia para las Mujeres, A.C.; Intersecta Organización para la Igualdad, A.C.; Data Cívica, A.C.; y el Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. quienes desde una “mirada violeta” observaron la violencia armada y la militarización, así como las implicaciones que éstas han tenido en la vida y en la muerte de las mujeres en el país.
El informe combina la revisión de estadísticas y registros oficiales con bases de datos de las organizaciones de la sociedad civil, pero aun más importante recupera los testimonios de mujeres sobrevivientes de la violencia armada, sus familiares y defensoras y activistas que siguen la lucha por la justicia y la erradicación de estas formas de violencia.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
“Un arma en casa, un arma en el barrio es una herramienta para mantener sometidas, aisladas y alejadas a las mujeres de una comunidad” afirmó Claudia González comunicóloga y defensora de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños en situación de movilidad humana.
Como integrante de la organización Voces de Mujeres en Acción participó con su testimonio en la construcción del informe Violencia de Género con armas de fuego en México.
Desde su experiencia en campo ha identificado que las armas de fuego dentro de cualquier espacio, particularmente en los ambientes familiares y comunitarios, han generado el aumento de la mortalidad y la letalidad de los conflictos que acontecen en estos entornos, principalmente, afectando a las mujeres: “existen 10 feminicidios al día y la mitad va a ser por arma de fuego, porque están ahí, están a la mano” sentenció.
El trabajo con familias de sobrevivientes de estas violencias y víctimas de feminicidio también le ha permitido reconocer cuál es el camino que recorre un arma antes de llegar a estos espacios familiares y comunitarios. Contrario a lo que antes se creía era producto de un mercado ilegal, ahora, explica Claudia, está vinculado a un “mercado de la corrupción” que, según señala, tiene que ver con armas que originalmente se encontraban en el sector de seguridad y que de alguna manera han sido sustraídas y puestas a disposición de estos sectores de la población a bajo costo.
“No sólo es un mercado ilegal referente al crimen organizado, sino que es un desvío de armas legales que se venden y se ofertan en un contexto de impunidad” manifiesta.
Sin embargo, expresa Claudia González, no puede obviarse el impacto que sufren las mujeres cuyas parejas se encuentran inmersos en las redes del crimen organizado y tienen acceso a armas de fuego, pues además de la violencia que tentativamente pueden sufrir, ellas tienen mucho menor acceso a la vida pública, a la toma de decisiones, a los distintos servicios públicos y al ejercicio de sus derechos.
Por lo tanto, expresa que “la violencia armada es un multiplicador de la violencia de género” que guarda una amplia relación con la masculinidad hegemónica, cuyo sistema determina la relación de poder y superioridad del más fuerte contra el más débil; de aquí que afecte de manera diferenciada a las mujeres, reflexiona la defensora.
“Entre más homicidios, más feminicidios, entre más violencia, entre más crimen organizado, hay más violencia doméstica porque se está legitimando este sistema donde impera una masculinidad hegemónica, totalmente machista, violenta, de abuso de poder. Por lo tanto, entre más militarización hay más violencia de género” afirma.
De esta manera, asegura que las armas son herramientas que multiplican las posibilidades de violencia que laceran la vida de mujeres, niñas y niños. Incluso, advirtió que, por cada mujer que ha sido asesinada por un arma de fuego “hay muchísimas más que están siendo amenazadas”, ya que, estas también son instrumentos para la intimidación.
En ese sentido, Montserrat Martínez consultora en temas de violencia armada e integrante del Grupo de trabajo sobre transparencia del flujo y control de armas del Cuarto Plan de acción para la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) en México, precisó que este informe tiene otros grandes aportes, además de ofrecer datos básicos sobre las agresiones, homicidios y feminicidios perpetrados con armas de fuego en contra de mujeres y comunidad LGBTTTIQ+ en el país.
Gracias al trabajo de recuperación de testimonios, la publicación facilita la identificación de otras formas de violencia de género que se ejercen con el uso de armas en contra de las mujeres, por ejemplo, la violencia sexual y/u otras formas de violencia doméstica. En estos casos, señala la consultora, existen otras víctimas que quedan invisibilizadas como las infancias, adolescencias y personas adultas mayores que también conviven en estos espacios familiares.
“Vemos que no sólo es una problemática de “cuando se activan las armas de fuego y se disparan” sino que también estas conductas que terminan ejerciendo violencia hacia las personas, pero en donde no hubo una activación de la misma” expone.
De esta manera, recuerda la importancia de tejer redes de colaboración con los gobiernos federal y estatales para recabar datos que “permitan observar estas dinámicas sobre la recurrencia y la presencia de las armas de fuego en otros espacios que no están asociados con conductas de delincuencia común”, tal es el caso de los asaltos, secuestros, extorsiones, “donde frecuentemente sabemos que hay uso de armas de fuego o de situaciones de crimen organizado” precisa.
Al respecto, afirma que una de las principales limitantes en esta materia es la ausencia de denuncias por la desconfianza que existe hacia los aparatos de justicia “cómo vamos a detectar estos espacios si no hay una denuncia formal de que esto está ocurriendo con armas de fuego” cuestiona Martínez.
En esta misma línea, destaca la consultora, resulta fundamental reconocer estas dinámicas sobre la “tenencia de armas de fuego en los hogares”; de tal forma que pudiesen trazarse caminos hacia el control de las mismas. Montserrat Martínez explica que, en los hogares mexicanos, como ha sucedido en los estadounidenses prevalece una lógica que asegura que “a más armas de fuego, más protección”.
Por otro lado, la violencia doméstica y la presencia de armas de fuego deja en evidencia aquellos casos de feminicidio donde recurrentemente las entidades de justicia obvian u olvidan a las otras personas que resultan también afectadas por estos crímenes, como los hijos e hijas infantes, quienes terminan en la orfandad, pero también las madres de las víctimas que quedan a cargo de las unidades familiares. En estos casos, las medidas de reparación, dijo la consultora, no prevén las consecuencias que tren consigo estas muertes:
“Vemos que la carga de cuidados previo a la ocurrencia de los incidentes es hacia las madres y posteriormente quien toma cargo de estas circunstancias son las abuelas y las familias sin que se tome en cuenta una reparación integral”.
Afirmar lo anterior implica reconocer todos aquellos componentes de violencia de género que se concatenan tras la activación de un arma de fuego, previos y posteriores.
El informe Violencia de Género con armas de fuego en México fue financiado por la IM Suecia, organización sueca de cooperación en Centroamérica, a través de su proyecto Humanium Metal una iniciativa que busca “transformar armas de destrucción en productos para la paz”. También hace parte de la campaña “Paz sin Armas” de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) junto con otras organizaciones.
Montserrat Deu Pons, activista feminista y antirracista de IM Swedish Development Partner, reconoció que desde la IM han observado cómo la violencia con armas de fuego ha socavado el acceso a los derechos humanos de muchas comunidades alrededor del mundo, sin embargo, las dimensiones de la violencia de género en la violencia armada aún no han sido documentadas y, por ende, sus efectos han sido ignorados.
En ello coincide Wanda Berenice Muñoz, consultora y miembra de la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe (SEHLAC), quien asegura que, si bien en la región, específicamente en países como Argentina, Costa Rica y Uruguay se han generado estudios sobre estos temas, todas coinciden en una cosa “la precariedad en la información sobre la violencia de género con armas de fuego es una de las causas de la ausencia de políticas públicas efectivas en la materia”.
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