Oaxaca: El bosque que devora a sus guardianes. 4 años sin Irma Galindo y el triunfo de la tala ilegal.
El 27 de octubre de 2021, Irma Galindo Barrios tenía 41 años. Desapareció en Ciudad de México en un contexto de conflicto comunitario en las localidades del municipio de San Esteban Atatlahuca, en el estado de Oaxaca, lugar en donde vivía y realizaba su labor de defensa de los bosques, que ha dejado un saldo de más de 100 casas quemadas y 300 habitantes desplazados, sin que tengan fecha de retorno.
Irma Galindo Barrios es una defensora comunitaria del bosque Ñuu Savi. Ella junto con pueblos que hoy viven desplazados buscaban un mejor futuro ambiental para su comunidad, luchando por su bosque y conservando sus tradiciones. Lleva más de cuatro años desaparecida.
La impunidad tiene métricas
La tala no solo no cesó; se expandió bajo el amparo de la simulación institucional.
Ese día, la guardabosques Ñuu Savi -mujer mixteca- fue vista por última vez en la Ciudad de México. La poca información existente es porque envió mensajes a sus amigas. Les contó que iba a una junta con el Mecanismo de Protección del Gobierno de México, organismo que ya le había otorgado protección y resguardo por las amenazas, criminalización y violencia que vivía.
La lucha de Irma por San Esteban Atatlahuca y la de tres pueblos más – Ndonoyugi, Mier y Terán y Guerrero Grande- pertenecientes al municipio de San Esteban Atatlauca, en la mixteca alta de Oaxaca era porque sus propias autoridades talaban árboles de maderas preciosas, para venderlas en el municipio mixteco de Tlaxiaco y otras zona de Oaxaca.
Los Ñuu Savi o mixtecos -uno de los 68 pueblos originarios que tiene México- se autodenominan como “pueblo de la lluvia” porque tienen una vinculación directa con sus montañas. Junto a su lengua, el territorio es su recurso más importante para seguir preservando su cultura.
La guarda forestal caminaba por los lechos del bosque y encontraba alivio a sus aflicciones. Escuchaba las aves cantar, veía los venados cola blanca cruzarse entre los senderos y apreciaba los frondosos pinos rojos de ocote y abetos blancos de la montaña “Yuku” que ahí crecían, eso le bastaba para sentirse libre y segura.
Estos pueblos que Irma, mujer de cabello negro y estatura media, recorrió en muchas ocasiones para evitar la tala ilegal y que después fueron su hogar, siguen luchando con sus vidas para que sus colinas verdes, que forman el cerro del Ratón y el llano de Oyameles, sigan siendo el pulmón de esa región de Oaxaca.
“A Irma nada ni nadie la detenía, así era ella, mujer aguerrida. Su esperanza era que algún día los aserraderos dejaran de cortar madera y venderla. Para ella, talar era un acto suicida: ‘Al talar se nos va la vida’.”
Dedicaba rituales para pedir que todo regresara a su estado anterior. “La tierra está dolida, pero resiste de todo lo que le hacen, oro por el bosque y por esta tierra”, contó Irma.
Cansada de que las autoridades locales la ignoraran, en 2018 presentó denuncias por el saqueo de madera ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Oaxaca y ante la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. La Profepa convocó a reuniones, pero nada ocurrió. Al preguntar a la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal (DGIVF), informó que desconoce las denuncias que existen ante los Ministerios Públicos.
Tras denunciar comenzaron a hostigarla y amenazarla. Autoridades y presuntos responsables la llamaban loca y bruja por defender su bosque. El 10 de noviembre de 2019 fue incendiada su casa y todo lo que había al interior. En la misma fecha fueron incendiadas alrededor de 10 casas más de su comunidad. Los comuneros responsabilizaron al presidente municipal y a las autoridades comunitarias.
Tras ese hecho violento y quedarse sin casa, Irma desapareció. Fue la primera vez que abandonó su territorio, pero al no conocer su paradero, se le consideró como desaparecida. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que el 10 de noviembre de 2019 se inició una investigación de oficio y solicitó a la Fiscalía General del Estado que iniciara una carpeta de investigación para su localización.
Nueve días después, el 19 de noviembre del 2019, apareció y aclaró que su ausencia fue por autoexilio. Posteriormente vivió desplazada en la montaña por dos años. Defendió su bosque con mujeres y hombres de tres comunidades -Ndonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Teran-, a quienes les enseñó a resistir labrando la tierra, cuidando los árboles y recuperando sus textiles.
“Defender nuestro bosque no debería ser motivo para vivir desplazada”
“Defender nuestro bosque de la tala ilegal y masiva no debería ser motivo para vivir desplazada”, cuenta con tristeza Sebastiana Paz Bautista, originaria de Ndonoyugi, Oaxaca, una de las tres comunidades que viven desplazamiento forzado desde el 2021.
Dichas comunidades, habitadas por indígenas Ñuu Savi, pertenecen al municipio de San Esteban Atatlahuca, localizado a más de 3000 metros de altura, resguarda 2,500 hectáreas de bosque rico en abeto blanco, que es ambiciado por los talamontes.
Sentada sobre una silla de plástico en el albergue del INPI en Tlaxiaco, Oaxaca, donde vive refugiada desde hace cuatro años junto con otras 65 personas, recuerda cuando personas afines al Mult llegaron a su pueblo y les arrebataron la paz y su patrimonio.
“Fue algo muy brutal lo que nos ocurrió aquel 23 de octubre del 2021, cuando un grupo de personas armadas quemó 132 viviendas, 92 en Guerrero Grande y 40 casas en Induyunujia, y desde entonces no hay retorno seguro. Las autoridades prometen, pero no hay garantía de que estaremos a salvo”, expresa con pesar la mujer.
Agrega que, a pesar de las recomendaciones emitidas al Estado mexicano y al Gobierno de Oaxaca por la Comisión Interamericana para el Desarrollo, así como la Acción Urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada, nada ha ocurrido, siguen viviendo en situaciones no deseadas.
“Las mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad son los más vulnerables al ataque, ya lo hemos denunciado y exigimos protección, porque nos han amenazado”, señala. Las mujeres desplazadas exigen que la educación se cumpla y se respete como un derecho humano.
Además, señala, conocen muy bien a los protagonistas de la violencia. “Sabemos con nombres y apellidos; las autoridades también saben quiénes son los involucrados de toda esta violencia que vivimos, pero no hacen nada. Nuestra petición es volver a nuestras casas a seguir cosechando nuestra milpa y hacer vida allá donde nacimos, donde todo era bueno y puro”.
Sin otra opción, niñas y niños acuden a la escuela de Tlaxiaco. Han expuesto en papeles y dibujos su sentir: “Me corrieron a balazos, destruyeron mi comunidad, salí lejos de mi pueblo y me quemaron todas mis cosas y las de mi familia, nos quedamos sin nada”, expresa la carta de un niño mixteco.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que se iniciaron carpetas de investigación por la desaparición de cuatro personas, derivado de la violencia que hay en las tres comunidades. El 25 de octubre de 2021 elementos de la AEI localizaron el cuerpo sin vida de una persona en el paraje Shinitoo.
Bordar para no olvidar
En una pared del refugio se aprecia un cartel grande con la inscripción: “Desplazados por la defensa de los bosques”. Está rodeado de proclamas y una manta que bordaron como señal de resistencia y para no olvidar lo que vivieron, lo que viven y lo que añoran.
Ilse Riaño Paz tiene 30 años y 2 hijos. Dice que para ella bordar es una forma de resistir. Dividieron sus bordados en tres momentos: las casas quemadas, la actualidad del albergue y el retorno soñado a su comunidad.
Cielo, amiga de Irma Galindo, considera que tejer significa “no olvidar”. Asegura que fue gracias a la guardabosques que retomaron estos textiles como una forma de nombrar lo que otros quieren que olviden. El arte textil de Atatlahuca es distinguido por grecas de colores vivos: rojo, verde y fucsia.
El bosque es vida
El municipio de Atatlahuaca está dividido por 9 agencias municipales, de las cuales Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji se opusieron a la tala clandestina, actividad que aseguran encabezó el presidente municipal Rogelio Bautista Barrios y el comisariado ejidal Eulogio Alvarado.
Magdiel Hernández Caballero, activista de la DDHPO, asevera que lo que viven las tres comunidades de Atatlahuca es una situación que se dio por la defensa del bosque, posteriormente por un tema agrario y por la exigencia de recursos federales.
Ley de Desplazamiento Oaxaca
Documento Oficial / Congreso Local
En septiembre del 2025 (sic), Oaxaca avaló la “Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”. Pedro Hernández Bautista, representante de los refugiados de Ndonoyuji, explica que pareciera que solo es “de papel”, pues no hay avances de tener un retorno seguro.
Maurilio Santiago, activista de la CEDHAPI, afirma que son cientos de personas indígenas mixtecas afectadas: “Eso que ocurrió parece un sitio de guerra: casas quemadas, cuatro personas desaparecidas y varios desplazados”.
A principios de este 2026, Jesús Romero López, secretario de Gobierno, informó que 27 comunidades en la entidad viven desplazamiento forzado interno. En el albergue de Tlaxiaco, las familias cumplirán cinco años de vivir desplazadas, de no poder sembrar sus tierras y de no ver el bosque.
Suman más de 1,500 días sin la guardabosques Irma Galindo. Su lucha vive en los hilos de las mujeres que bordan orquídeas, Ita Saa, Xinu, Ita tyanuni e Yoko itu. Flores con nombre en mixteco para no olvidar su bosque y su vida.
📌 EXPEDIENTE ATATLAHUCA
- Rogelio Bautista Barrios: Presidente Municipal señalado por la tala ilegal.
- Eulogio Alvarado: Comisariado ejidal con responsabilidad directa.
- La cifra: Irma denunció 7 aserraderos; hoy hay más de una docena activos.
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💡 Cómo auditar el bosque desde tu celular
Los comunicados oficiales no son hechos. Tú puedes verificar la pérdida forestal real:
- Entra a Global Forest Watch.
- Habilita las alertas de deforestación en tiempo real.
- Busca «San Esteban Atatlahuca, Oaxaca».
- Contrasta las fechas de mayor tala con las fechas de los ataques armados.
RECUERDA: Los datos satelitales y los testimonios en territorio son la prueba de la simulación institucional.
