El Gobierno federal descartó proceder a la detención provisional del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, al concluir que la solicitud estadounidense carece de los elementos jurídicos necesarios para activar ese mecanismo.

La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, informó en conferencia de prensa en Palacio Nacional que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió opinión en ese sentido ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). «La parte requirente no aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada», señaló.

La funcionaria explicó que el Artículo 11 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos permite solicitudes de detención provisional únicamente en casos de urgencia comprobada, cuando exista riesgo de sustracción u obstaculización del proceso. Equiparó esos criterios con los del sistema penal mexicano, donde se requiere acreditar la existencia del hecho delictivo, la probable responsabilidad y la necesidad de cautela.

«Para solicitar una orden de aprehensión se requiere aportar datos de prueba ante un juez para acreditar el hecho que la ley señale como delito, la probable responsabilidad y la necesidad de cautela», expuso Alcalde.

El titular de la FGR en la materia, Raúl Armando Jiménez Vázquez, de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, precisó que «no hay referencia ni evidencia que justifique la urgencia de la detención». Ante esa conclusión, Alcalde indicó que la FGR solicitó al tribunal estadounidense que proporcione la información necesaria para continuar con el procedimiento conforme al marco legal.

La funcionaria advirtió que el proceso debió mantenerse bajo confidencialidad, conforme lo establece el tratado bilateral, a fin de proteger el debido proceso y la presunción de inocencia. «Los procesos de extradición deben ser entregados de manera confidencial para preservar el debido proceso y la presunción de inocencia», afirmó.

El caso se origina en la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El 29 de abril de 2026, esa fiscalía presentó cargos formales contra Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázares, el entonces alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y otros siete funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por su presunta participación en el narcotráfico en beneficio del grupo criminal conocido como «Los Chapitos».

La acusación también señala que el crimen organizado intervino en la elección estatal de 2021 para favorecer la victoria de Rocha Moya. La SRE confirmó que las solicitudes de detención provisional fueron recibidas el 28 de abril a las 18 horas, y que tras una revisión jurídica inicial se concluyó que los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos carecen de elementos probatorios suficientes.

Dos días después de conocerse la acusación, Rocha Moya pidió licencia al cargo la noche del 1 de mayo, declarando que las imputaciones son «falsas y dolosas» y que cuenta con «la conciencia tranquila». El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la separación temporal, designando a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. El alcalde de Culiacán también solicitó licencia; Miriam Ramos Villarreal quedó como sustituta.

Esta es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos solicita la detención de funcionarios mexicanos en activo con fuero. Cuando solicitó la entrega de los exgobernadores Mario Villanueva, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, estos ya habían concluido sus mandatos y carecían de protección constitucional.

A partir de la resolución sobre la solicitud de detención provisional, Estados Unidos tiene un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición con pruebas suficientes, lo que daría inicio a una revisión judicial para determinar si el proceso es viable.