La calle que el gobierno busca vender a Fibra Danhos: el trasfondo de la privatización en la colonia Reforma
Una vecina confrontó a Ray Chagoya por la operación de 24 millones de pesos. El Congreso aún debe decidir si autoriza la desincorporación de la calle Las Rosas, vinculada al proyecto privado Parque Oaxaca.
Maritriny, vecina y vocera del Colectivo Vecinal de la colonia Reforma, confrontó al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, por la propuesta de desincorporar y vender la calle Las Rosas para integrarla al proyecto privado Parque Oaxaca.
En un video difundido por el colectivo, la vecina pidió explicaciones al edil sobre la operación. Chagoya respondió que el Congreso del Estado tendría la última palabra, pues el acuerdo de Cabildo todavía debe ser revisado por el Poder Legislativo.
Durante el intercambio, Maritriny le reclamó al alcalde la falta de información y de diálogo con quienes viven en la zona. La vecina sostuvo que ni el ayuntamiento ni los promotores del proyecto han presentado a la comunidad el desarrollo completo, sus impactos urbanos o el Manifiesto de Impacto Ambiental.
Según el relato vecinal, personal que acompañaba al edil intentó alejarla físicamente durante la confrontación. Esa versión debe ser contrastada con el video completo y con la postura del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.
“Usted y todos los de su Cabildo mienten”, le dijo la vecina al presidente municipal, en un momento de la confrontación. El reclamo resume la desconfianza de los residentes ante una operación que, de aprobarse, transformaría una vialidad pública en parte de un desarrollo privado.
La condición empresarial: comprar alrededor para pedir la calle
En entrevistas colectivas, el empresario Jorge Gamboa de Buen explicó que el gobierno estatal y el municipal les dieron condiciones para convertirse en propietarios de los predios que rodean la calle.
“Entonces, compramos todas esas propiedades, ya las compramos, ya están escrituradas a nombre de un fideicomiso y sólo entonces solicitamos que nos vendieran la calle”.Jorge Gamboa de Buen, declaración citada por los vecinos
La declaración sugiere que la venta de la vialidad no sería una operación aislada, sino una pieza prevista para completar el perímetro del proyecto. Banca Mifel aparece en el expediente municipal como fiduciaria del fideicomiso vinculado a Parque Oaxaca, mientras que Fibra Danhos es señalada como la empresa asociada al desarrollo.
La autoridad debe explicar qué condiciones ofreció, quién las autorizó, qué bienes fueron adquiridos por el fideicomiso y por qué la calle pública resulta indispensable para el estacionamiento o la operación del complejo.
Una calle pública dentro de un proyecto privado
El Cabildo aprobó por unanimidad el dictamen CU/COPDUYZM/CH/DIC/001/2026, que plantea desincorporar del dominio público 2 mil 440 metros cuadrados de la calle Las Rosas, en un tramo de 122 metros lineales por 20 metros de ancho.
El precio propuesto es de 24 millones de pesos, más de tres veces el avalúo de 7 millones 486 mil pesos fijado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. La diferencia no elimina la discusión patrimonial: muestra que la superficie tiene un valor estratégico para el desarrollo inmobiliario.
El expediente establece que la superficie conservaría funciones peatonales y de conexión, pero bajo condiciones y horarios que determinaría la adquirente. Ese punto requiere una explicación pública: una conexión urbana no equivale a una calle de acceso libre si el propietario privado puede regular sus horarios.
Vecinos denuncian obras, árboles derribados y falta de información
Las y los vecinos afirmaron que la construcción de Parque Oaxaca comenzó hace aproximadamente siete meses y alteró la vida cotidiana de la colonia. También denunciaron que la excavación alcanzó más de 20 metros de profundidad para integrar la calle al estacionamiento subterráneo del complejo.
El colectivo sostuvo que decenas de árboles con más de 50 años fueron derribados para la obra y calificó la intervención como un ecocidio. Esa acusación debe contrastarse con las autorizaciones ambientales, el inventario de arbolado, las medidas de mitigación y el expediente del proyecto.
“No sabemos nada del proyecto. Tras siete meses nos estamos enterando de todo esto; nunca nos presentaron el proyecto ni el Manifiesto de Impacto Ambiental”, denunciaron los vecinos.
El MIA, cuando corresponde por la naturaleza de la obra, es un documento sujeto a reglas de acceso y consulta pública. Que la comunidad no lo conozca no demuestra por sí solo la nulidad del procedimiento, pero sí obliga a revisar si fue presentado, autorizado, publicado y puesto a disposición de las personas afectadas.
El Congreso tiene la decisión pendiente
La propuesta fue remitida al Congreso del Estado después de que el Cabildo autorizó el trámite. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Tania Caballero Navarro, ha dicho que el expediente se encuentra en revisión en comisiones y que no debe convertirse en un tema politizado.
Sin embargo, la discusión legislativa debe responder preguntas de interés público: qué función urbana cumple la calle, qué alternativas de movilidad existen, qué beneficios obtendrá la ciudad, cómo se garantizará el paso peatonal y quién asumirá las obligaciones de mantenimiento, seguridad y accesibilidad.
Hasta que el Congreso autorice la desincorporación, la calle conserva su condición de bien del dominio público. Si el acuerdo se aprueba y se formaliza la venta, la superficie quedará habilitada para pasar al patrimonio privado conforme a las condiciones del expediente.
Qué falta transparentar de Parque Oaxaca
La inversión anunciada no convierte automáticamente el proyecto en obra pública. Parque Oaxaca debe definirse con precisión: si es un desarrollo privado, el interés colectivo no puede reducirse a la promesa de empleos o al monto de inversión.
Desafectación de bienes de dominio público: ¿cómo saber si una calle es de todos?
Una calle, parque o banqueta puede formar parte del dominio público municipal aunque esté rodeada por predios privados. La desafectación o desincorporación es el procedimiento que permite retirar formalmente ese bien del uso público para convertirlo en un activo que puede venderse o transmitirse.
- Consulta el Cabildo: busca el acta, el dictamen, el plano y la votación que autorizaron iniciar el trámite.
- Revisa el Congreso: verifica si existe autorización legislativa y en qué comisión se encuentra el expediente.
- Busca el uso de suelo: consulta el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y las licencias publicadas en transparencia.
- Solicita el expediente: pide avalúos, estudios de movilidad, contratos, MIA, permisos y condiciones de acceso.
- Contrasta el mapa: compara catastros, planos oficiales y Registro Público de la Propiedad; una escritura colindante no convierte por sí sola una calle en propiedad privada.
La palabra “inversión” no responde quién pierde el espacio. Para valorar la operación hay que saber si la vialidad era realmente prescindible, qué alternativas quedan y si el beneficio privado supera el costo urbano para la comunidad.
Vecinos: documenten la calle antes y después
Página3.mx abre este espacio para que habitantes de la colonia Reforma compartan fotografías históricas, planos, recibos, documentos de catastro y testimonios sobre el uso público de la calle Las Rosas.
Evita publicar domicilios, teléfonos, documentos con datos personales o información que ponga en riesgo a residentes. La evidencia puede enviarse al medio por canales seguros para su verificación.
¿Puede suspenderse la obra mientras se revisa la venta?
La siguiente investigación debe revisar si existen actos de autoridad, licencias, permisos ambientales o afectaciones urbanas que puedan impugnarse ante tribunales administrativos o mediante amparo. La procedencia de una medida cautelar depende del acto concreto, la autoridad responsable, la prueba del daño y los requisitos de la vía legal elegida.
La Ley General de Asentamientos Humanos, los ordenamientos locales y el Reglamento de Construcción deben analizarse junto con el expediente municipal. La exigencia vecinal no debe quedarse en el reclamo político: debe identificar qué permiso se impugna, qué derecho urbano se afecta y qué autoridad debe responder.
