Habiendo profesores, el IPN no amplía la matrícula estudiantil, pero castiga a los docentes por no cubrir carga máxima.
Exigimos que los procesos de basificación en todo el IPN dejen de ser a partir de criterios de control político.
No obstante que el gobierno michoacano pone a disposición de los ciudadanos diversos medios de comunicación electrónicos y analógicos, no funcionan.
Hacia los estudiantes se les entrega un documento de haber aprobado, es decir, el mismo IPN excluye a la juventud que educa.
El cumplimiento del proceso de forma imparcial y transparente por parte del juzgado de primera instancia de Tizayuca demostraría la intención de las autoridades por impulsar la justicia.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/30/opinion/002a2cor
