Con el paso de los años esa suma habría debido incrementarse en forma significativa por las aportaciones de la empresa y de los trabajadores, así como por la generación de réditos.
La consecuencia del desvío o el robo de ese dinero es que la empresa carezca de solvencia para hacer frente al pago de jubilaciones a mediano y a largo plazos.
Cabe recordar, asimismo, que la petrolera tuvo una pérdida acumulada de más de 521 mil millones de pesos el año pasado, incremento de casi el ciento por ciento con respecto de las pérdidas del periodo previo, y resulta ineludible la relación entre los desfalcos mencionados y las pérdidas anunciadas.
Casi en forma simultánea a los señalamientos referidos, el actual director de Pemex, José Antonio González Anaya, anunció que la empresa reducirá su producción en cien mil barriles diarios (casi un 5 por ciento) debido al recorte de cien mil millones de pesos a su presupuesto decidido por el gobierno federal.
En su demanda, la Untypp señala que “no hay ningún motivo para que el pasivo laboral de Pemex se convierta en deuda pública –como pretende ahora el gobierno federal– que el pueblo tendría que pagar”, y exige que los responsables de los malos manejos sean imputados penalmente.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/01/opinion/002a1edi
