A mayor abundamiento, el organismo fiscalizador pone en relieve que esa omisión de las autoridades educativas impidió hacer visibles, al corto y mediano plazos, las mejoras en la calidad de la enseñanza pública.
Cabe recordar que a decir de los promotores de dicha reforma, la evaluación docente representaría la piedra de toque y la brújula a partir de la cual se definirían las acciones de política pública que contribuirían a elevar la calidad de la enseñanza.
Sin embargo, a juzgar por los hallazgos de la ASF, puede concluirse que la conducción educativa del país se ha llevado a cabo, durante los últimos dos años, con los instrumentos de navegación alterados.
Se trata, en suma, del más reciente revés a un modelo de evaluación que no sólo se ha revelado por su carácter punitivo y por introducir de contrabando criterios administrativos y laborales en una pretendida política educativa; ahora también se evidencia que las autoridades encargadas de implementarlo –y defenderlo públicamente– no se han valido del mismo para definir acciones concretas.
En su reporte sobre el análisis de la cuenta pública del ejercicio 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) cumplieron con el objetivo de utilizar los resultados de las evaluaciones de la calidad de la educación básica –que involucró a alumnos, docentes y escuelas– para la toma de decisiones, la definición de directrices y programas del sector.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/02/28/opinion/002a1edi
